No todo es Rusia y China: cómo la UE se dejó seducir por los 'señores de la nube'
La UE debe revisar su premisa de que quienes amenazan las democracias europeas son solo sus rivales geopolíticos, mientras que las plataformas digitales son simples aliadas en la lucha contra la desinformación
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El pasado lunes, el presidente Macron hacía una reflexión que evoca la aceleración de la historia, al sorprenderse de que Elon Musk, “el hombre más rico del mundo”, estuviese interfiriendo en las elecciones de diferentes países europeos, incluida Francia, apoyando “una nueva internacional reaccionaria”. “Quién lo hubiera imaginado hace 10 años”, sentenció.
Nadie tiene el don de leer el futuro, pero desde hace al menos 5 años, numerosos actores políticos, reguladores y analistas promueven una regulación más exigente de las plataformas y grandes tecnológicas a escala europea. De hecho, el antiguo comisario europeo francés Thierry Breton fue excluido de la nueva Comisión Europea por las presiones de Von der Leyen a Macron. La presidenta de la Comisión entendía que, entre otras cosas, el comisario francés se estaba extralimitando en la aplicación de las normas de regulación de redes sociales tras una serie de intercambios epistolares con el propio Elon Musk en relación con una entrevista a Donald Trump en su canal de X. Estrategia que Musk repitió el pasado jueves entrevistando a la líder de AfD y candidata de la extrema derecha en las elecciones alemanas. Ante este hecho, la Comisión Europea manifestó su inquietud por el impacto que dicha entrevista, posiblemente amplificada por la manipulación del algoritmo, podría tener al otorgar una ventaja injusta a la candidata.
La reflexión de Macron y la victoria simbólica póstuma de Breton, en caso de que la Comisión adopte una línea más dura con X – lo que, según Le Monde, no está nada claro –, suponen un abrupto giro de timón en el relato de la Unión Europea sobre el origen de la desinformación y la manipulación electoral y las estrategias y aliados para combatirla.
Desde 2018, la UE tiene una estrategia ambiciosa y múltiples herramientas para proteger la democracia en el espacio informativo y desde 2020, ha desarrollado normativas que están en vigor o lo harán pronto. Sin embargo, dicha estrategia se basa en la premisa de que los actores que buscan manipular las democracias europeas son rivales sistémicos —principalmente Rusia y China— frente a los cuales es necesario actuar con firmeza, controlando la difusión de sus narrativas y, si fuera necesario, interviniendo en sus medios, como Sputnik o RT. Por otro lado, las formas de manipulación informativa provenientes de partidos, pseudomedios u otros actores internos deben abordarse a través de la legislación nacional, cuando esta exista, y como un riesgo sistémico, tal como establece el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA). En dicho reglamento, las plataformas no solamente no son un actor sospechoso a controlar, sino que se conciben como correguladoras del espacio digital, comprometiéndose a con un código de buenas prácticas contra la desinformación.
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La ofensiva de Musk, a la que se ha sumado en cierto modo Mark Zuckerberg, reabre el debate sobre la adecuación de las normas y políticas de la UE para afrontar la realidad de que procesos clave del debate público y del proceso político se desarrollan ahora en espacios digitales de naturaleza privada administrados por empresas con sede en el extranjero. Las posiciones optimistas señalan que el DSA ya permite sancionar a empresas que ignoren los riesgos sistémicos o no eliminen los contenidos ilegales en sus plataformas (hasta 10 Estados miembros tienen diferentes sanciones legales aplicables a la desinformación, lo que significa que, por ejemplo, Hungría puede usar el DSA para solicitar la eliminación de contenidos de desinformación, según la legislación nacional). Al mismo tiempo, el reglamento de publicidad política, que entra en vigor este año, obligará a identificar claramente los contenidos elaborados para influenciar en elecciones. El DSA y el reglamento sobre la libertad de los medios, además, obligan a las plataformas a ser más transparentes sobre las lógicas algorítmicas de recomendación de contenidos y permiten que los ciudadanos configuremos mejor lo que queremos ver.
En este sentido, la Comisión tiene en curso investigaciones relativas al DSA contra Meta y X, y las decisiones de ambos magnates, tanto la más reciente de Zuckerberg como el desafío casi permanente de Musk, hacen pensar que la Comisión propondrá una sanción importante. Será, eso sí, el Tribunal de Justicia de la UE quien determine finalmente si la actuación de ambas plataformas se ajusta a la "mejor información disponible y los mejores conocimientos científicos" sobre la reducción de riesgos. La comunicación de Zuckerberg sobre el abandono del fact-checking y la verificación por la comunidad como alternativa que funciona mejor anticipan una posible línea de defensa de la empresa.
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Pero las posiciones más pesimistas señalan tanto los vacíos en las normas europeas –por ejemplo, sin perjuicio de la legislación nacional, nada en el DSA obliga a las plataformas a ser políticamente neutrales– como la posición estructural de estas empresas en la estrategia europea para regular internet. Esta estrategia regulatoria asume que las plataformas tienen interés en colaborar con el legislador y que no se puede regular el espacio digital sin ellas ni contra ellas. Aunque indiscutiblemente la UE está mejor equipada que EEUU contra los fenómenos de la manipulación informativa, seguramente las herramientas se han diseñado más para evitar la censura de expresiones dañinas y polémicas, pero no necesariamente ilegales, que para permitir una reacción rápida frente a campañas de desinformación alimentadas por las propias redes.
En este sentido, la llamada bienintecionada de la Comisión a Musk de que X sea neutral puede leerse como una necesidad de cambiar la forma de pensar en las redes. El DSA continúa una tradición de regulación de internet que exonera a las plataformas de responsabilidad por el contenido creado por sus usuarios siempre que no tuvieran constancia de su naturaleza ilegal, o ahora, dañina. Este modelo, que es respaldado por la mayor parte de defensores de la libertad de expresión y de los derechos digitales, es el que ha permitido crecer a las plataformas.
Sin embargo, exigirles ahora neutralidad política implica asumir que las plataformas tienen la responsabilidad de administrar, organizar, priorizar y equilibrar contenidos. De alguna manera, el algoritmo es su línea editorial y, por lo tanto, cabría someterlas a las mismas normas de regulación de contenidos que otros actores del espacio público, como medios escritos o audiovisuales, o a controles sobre el equilibrio entre diferentes fuerzas en período electoral. Esta es una de las ideas que se descartó durante la tramitación del DSA en 2021. Otras alternativas regulatorias pasan por promover un papel más activo del sector público en la comunicación digital, una supervisión democrática y participativa de su actividad o una mayor interoperabilidad entre plataformas.
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Muchas de estas ideas están lejos hoy del consenso regulatorio y adoptarlas implica un conflicto potencial no solo con poderosos lobbies, sino con una administración estadounidense que parece respaldar, por el momento, a los señores de la nube. Seguramente muchas o todas no sean las idóneas y sea necesario encontrar mejores soluciones. Pero cualquiera de ellas es mejor que la alternativa de dejar que el zorro de la plataforma siga guardando las gallinas de la democracia. O, como algunas campañas empiezan a plantear, prohibir X y las empresas de Meta en Europa. No olvidemos que ya existen gobiernos con tendencias no democráticas en la UE que estarían entusiasmados de emplear enfoques más restrictivos de la expresión online contra sus oponentes. El oso y el dragón siguen siendo los rivales de la UE, pero el enorme desafío es cómo limitar el poder de los señores de la nube sin renunciar al potencial de sus geniales cacharros digitales para el debate político.
* Luis Bouza García es profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Forma parte de la Jean Monnet Partnership-Spain, una red académica dedicada a la transferencia de conocimiento sobre la integración europea y que colabora con El Confidencial.
El pasado lunes, el presidente Macron hacía una reflexión que evoca la aceleración de la historia, al sorprenderse de que Elon Musk, “el hombre más rico del mundo”, estuviese interfiriendo en las elecciones de diferentes países europeos, incluida Francia, apoyando “una nueva internacional reaccionaria”. “Quién lo hubiera imaginado hace 10 años”, sentenció.