Del 11-M al Jubileo 2025, así ha evolucionado el control de viajeros en Europa

"Los abrigos deben pasar por el escáner", canturrea un vigilante de la estación Atocha de Madrid, a los viajeros que acceden a una de las salas de trenes de alta velocidad, una mañana de finales de diciembre. Han pasado dos décadas desde los atentados del 11-M, en trenes de cercanías de Madrid, que dejaron 193 muertos y más de 2.000 heridos el 11 de marzo de 2004 y que cambiaron radicalmente las políticas de seguridad en las estaciones de tren españolas.

Tras el 11-M, se instalaron controles de equipaje con rayos X en las principales estaciones de España y se incrementó la vigilancia. Sin embargo, los escáneres solo están disponibles para los viajeros de trenes de alta velocidad, no de cercanías ni de metro, y el control de seguridad no cuenta con arcos detectores de metales, por lo que solo se controla el equipaje pero no al pasajero. En otras capitales europeas, varios atentados también fueron sucedidos por medidas de control. Las normas difieren entre países y servicios.

¿Burbuja de seguridad?

Un año y medio después del 11-M de Madrid, el 7 de julio de 2005, a las 8:50 de la mañana, hubo varias explosiones coordinadas en tres trenes del metro de Londres. Poco después, una cuarta bomba detonó en un autobús de dos pisos. Los atentados del llamado 7/7 fueron los más letales en Londres desde la Segunda Guerra Mundial. Dejaron 52 muertos y más de 770 heridos. Como consecuencia, se introdujeron sistemas de videovigilancia más avanzados en el transporte público londinense; se revisaron los protocolos de emergencia y evacuación y aumentó el escrutinio en los alquileres de vehículos que podrían ser usados como armas. “Muchas cosas han cambiado desde el 7/7, tanto en la forma en que vigilamos las amenazas como en la forma en que respondemos cuando son evidentes”, expone en su web, la Policía de Transporte Británica (BTP, por sus siglas en inglés).

¿Y en Francia? Tras los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, en varias terrazas, el Estadio de Saint-Denis, y en la sala Bataclan, con 130 muertos y cientos de heridos, el Gobierno francés estableció el estado de emergencia por un período de dos años, que se revocó en octubre de 2017 a favor de una nueva legislación contra el terrorismo.

La ley antiterrorista francesa de 2017 amplió los poderes de la policía para realizar registros y controles sin autorización judicial, así como para vigilar a personas sospechosas de terrorismo. También permitió el cierre de lugares de culto y el despliegue de fuerzas de seguridad en lugares públicos, integrando muchas de las medidas del estado de emergencia anterior. Estos poderes fueron calificados por organizaciones como Human Right Watch como “un ataque a los derechos a la libertad, la seguridad, la libertad de movimiento, la privacidad y las libertades de asociación y expresión”.

En Bruselas, los ataques al aeropuerto y a una estación de metro del 22 de marzo de 2016, que dejaron 32 muertos, también expusieron fallos en seguridad de infraestructura y tras ellos, se colocaron barreras de acceso y zonas restringidas en estaciones de metro y tren. Y los atentados de las Ramblas del 17 de agosto de 2017 también tuvieron consecuencias internacionales en materia de seguridad. El gobierno británico revisó las condiciones para alquilar un coche en Reino Unido. Además, la Comisión Europea ha realizado varias recomendaciones para reducir la vulnerabilidad en los espacios públicos.

Adrián Serrano, profesor ayudante doctor de la Universidad San Jorge (Zaragoza) y autor del artículo académico ‘Normalizar la excepción en la respuesta antiterrorista: el caso de Francia’, cuya tesis doctoral aborda la seguridad ante los atentados terroristas de Francia, Reino Unido y España, explica a El Confidencial las diferencias de las medidas implementadas en estos tres países.

Con ETA y el IRA, la respuesta fue "más progresiva"

Para Serrano, Francia, tras los atentados de 2015 o 2016 tuvo una respuesta “mucho más excepcional y más reactiva que con otros atentados en suelo europeo”. Mientras que, en el caso de España con ETA y en el de Reino Unido con la experiencia de IRA, la respuesta fue “algo más progresiva, dentro de lo que cabe cuando hablamos de estos temas”. “Me interesó especialmente el caso de Francia porque se implantaron medidas muy potentes que ponían un poco en duda si era realmente una situación excepcional o se había modificado realmente la normalidad”, detalla Serrano a este diario.

¿Es una burbuja o aumenta la seguridad con estas medidas? Para el profesor de la Universidad San Jorge, cuantos más datos se recopilan podemos tener la sensación de que hay una mayor seguridad. “En cuanto a la efectividad real de las medidas esto tendría que contestar una persona que trabajara en este ámbito”, precisa. “Sí es verdad que desde que se implantaron las medidas los atentados que ha habido han tenido una tipología menos espectacular que los de 2015 y 2016”, agrega.

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Serrano recuerda el caso de los atentados de Barcelona de agosto de 2017 donde se utilizaron armas a las que puede acceder cualquier persona, como un simple coche. “No es como lo que pasó en Francia, con armas automáticas”. Bajo su criterio, resulta difícil mantener el equilibrio entre lo adecuado para mantener la seguridad y detectar “cuando se están cruzando determinados límites [de libertad], donde a veces es muy difícil volver hacia atrás”.

¿Cuáles serían esos límites? Cuando un país, organismo o cuerpo de seguridad recopila información o implanta determinadas medidas, resulta “muy difícil volver hacia atrás precisamente por ese miedo”. “¿Qué ocurre si se retira esto que se ha estado haciendo hasta ahora? ¿Esto va a hacer que aumenten de nuevo los atentados? De ahí que está esa indeterminación de qué hacemos si hasta ahora ha ido bien o no han pasado cosas tan graves y de si ahora retiramos esas medidas de seguridad quizá vuelven a pasar las cosas que desgraciadamente hemos experimentado”.

En Italia ya no está permitido el 'auto check-in'

En Italia, que ocupa el tercer lugar de la Unión Europea en número de pernoctaciones turísticas, solo por detrás de España y Francia, también hay novedades en el registro de viajeros. Según una decisión adoptada por el Ministerio del Interior el 18 de noviembre de 2024, que no se hizo pública hasta principios de diciembre, el ‘auto check-in’ ya no está permitido en este país. Las nuevas normas italianas exigen que los anfitriones comprueben personalmente la identidad de los huéspedes, en vez de solicitar una copia de su DNI por WhatsApp, como se hacía hasta ahora, y lo comunique a la policía en un plazo de 24 horas.

2025, un año delicado a nivel internacional

Las nuevas normas italianas fueron introducidas por el Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y se justificaron por motivos de seguridad. El texto menciona “numerosos acontecimientos políticos, culturales y religiosos próximos”, entre ellos, el Jubileo de 2025 de la Iglesia católica, que se celebra cada 25 años, y por ser “un momento histórico delicado a nivel internacional, caracterizado por acontecimientos que imponen, de diversas maneras, un alto nivel de alerta”. Esto hace necesario, relata el Ejecutivo italiano, “aplicar medidas estrictas destinadas a prevenir los riesgos para el orden y la seguridad públicos en relación con el posible alojamiento de personas peligrosas y/o vinculadas a organizaciones delictivas o terroristas”.

El Gobierno italiano también está impulsando medidas para controlar no solo los hoteles, sino las viviendas de uso turístico, con la exigencia de un código de identificación único para cada unidad destinada al alquiler turístico a partir de 2025. Esta medida pretende combatir las prácticas ilegales e irregulares en el sector.

El registro de viajeros es una práctica habitual en Europa, aunque sus requisitos y procedimientos pueden diferir según el país. En el caso de Austria, por ejemplo, es necesario cumplimentar un formulario de registro de huéspedes a la llegada al establecimiento, que debe ser firmado por el huésped de conformidad con la Ley de registro y en muchos casos, sigue siendo en papel. Bulgaria también dispone de un Sistema Unificado de Información Turística y los viajeros deben abonar una tasa turística.

“Justos por pecadores”

En España, la reciente normativa del registro de viajeros implantada por el Ministerio del Interior de España, que entró en vigor el 2 de diciembre, ha vuelto a encender el debate entre libertad y seguridad. Francisco Moro, director del hotel MS Maestranza de Málaga, señala que desde que entró en vigor el registro de viajeros el ‘check-in’ es “muy lento”. “En estos momentos es llevable, pero cuando llegue la temporada alta se van a montar colas”, apunta Moro.

Para Ana María García, presidenta de la Asociación Empresarial de Vehículos de Alquiler de Andalucía (Aseval), la situación se ha vuelto “muy caótica”. “Será tremendo en verano", avanza. Íñigo Fernández, director de Viajes Alas (Oviedo) y presidente de la Asociación de Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (Otava) también se queja de que “tan solo una reserva te puede llevar 10 minutos”. Y Mónica Blanco, directora de Viajes La Villa (Avilés), dice que la página del Ministerio “se queda colgada” y alerta de las sanciones que tendría que pagar si no cumple con la norma del Registro de Viajeros: 30.000 euros. Otra pregunta que se hacen en el sector es: ¿Qué pasará con los apartamentos turísticos y Airbnb?

“Al final pagan justos por pecadores. Porque estas medidas tienen un objetivo: prevenir delitos graves o de terrorismo, pero nos acaban afectando a todos”, admite Serrano. Dice que dentro de unos meses estará más claro el alcance del registro. Si los inconvenientes que advierten los profesionales del turismo se materializan en quejas de los clientes.