España va a la zaga con los fondos europeos: ¿otra oportunidad desperdiciada?

La Comisión Europea ha presentado recientemente un informe que detalla el alcance y la magnitud de la implementación de los Fondos Next Generation EU (NGEU) entre los Estados miembros de la UE. Estos fondos, destinados a financiar reformas e inversiones domésticas entre 2021 y 2026, representan un volumen de recursos sin precedentes en la historia del proceso de integración europeo, complementado además por el Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

España tiene asignados al menos 163.000 millones de euros, equivalentes aproximadamente al 12% de su PIB. Este capital tiene, al menos en teoría, el potencial de acelerar el proceso de convergencia de España con otros países de la UE y de transformar radicalmente las bases de su economía. Sin embargo, lograrlo depende de combinar de manera efectiva reformas estructurales e inversiones estratégicas.

De acuerdo con el informe, España solo ha ejecutado el 29,4% de los fondos disponibles, un porcentaje significativamente menor al de países como Italia (59%) o Francia (76%). Estos datos resultan preocupantes, especialmente teniendo en cuenta que las últimas crisis económicas han golpeado con dureza a España. Por ejemplo, durante la crisis del covid-19, el PIB español cayó un 10%, una cifra que podría haber llegado al 25% sin el respaldo de los Fondos NGEU.

Las crisis suelen generar ciclos viciosos, aumentando el gasto público y exponiendo al país a la desconfianza de los mercados, con el consiguiente riesgo de nuevas crisis. Los Fondos NGEU representan una oportunidad única para romper este ciclo y modernizar las estructuras económicas que generan desequilibrios, como el desempleo estructural, los bajos niveles de productividad (que no superan el 90% de la media de la UE en la última década), la limitada capacidad exportadora y la excesiva dependencia del sector turístico.

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Sin embargo, el informe de la Comisión advierte que España no está aprovechando esta ventana de oportunidad de manera eficiente. Hasta ahora, el Gobierno ha enfocado el gasto en cuatro pilares: transición ecológica, transición digital, igualdad de género y cohesión social. De estos, las dos primeras categorías han concentrado el 66% del gasto. No obstante, España ha avanzado poco en la digitalización empresarial, un objetivo clave para la Comisión y en el que otros Estados han progresado mucho más. La Comisión ha advertido que, si España no prioriza este aspecto, los futuros pagos de los Fondos podrían estar en riesgo.

Más allá de esta advertencia, el limitado porcentaje de recursos ejecutados y las dudas sobre la capacidad estructural del Gobierno para gestionar eficazmente los fondos ponen en cuestión la posibilidad de lograr el tan necesario cambio de modelo productivo o de construir una economía más resiliente frente a futuras crisis.

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Entre las razones de esta incapacidad destacan varios problemas estructurales que urgen ser abordados. En primer lugar, la falta de una estructura administrativa eficiente para gestionar grandes volúmenes de gasto europeo limita la rapidez y eficacia en la ejecución de los fondos. Aunque las partidas no ejecutadas pueden trasladarse a años posteriores, esto aumenta el riesgo de saturación administrativa y de ineficiencia en la gestión. Además, representantes del sector económico han señalado que las convocatorias para presentar proyectos suelen lanzarse con plazos extremadamente cortos, lo que reduce tanto la cantidad como la calidad de los proyectos. La fragmentación administrativa entre distintos niveles de gobierno también complica aún más el proceso, haciéndolo menos eficiente.

En segundo lugar, la polarización política en España añade un obstáculo significativo. Las tensiones ideológicas y estratégicas entre los partidos que apoyan al gobierno dificultan alcanzar los consensos necesarios para una gestión eficiente. Por otro lado, la oposición, en lugar de colaborar, tiende a politizar las dificultades en la implementación de los fondos. Esta falta de unidad política está perjudicando gravemente la capacidad de España para aprovechar los recursos y lograr resultados transformadores.

En resumen, la incapacidad de España para ejecutar eficazmente los Fondos NGEU pone en riesgo no solo los pagos futuros, sino también la oportunidad de realizar las reformas necesarias para construir una economía más sólida, resiliente y preparada para afrontar los desafíos del futuro.

*Javier Arregui es investigador del Barcelona Center for European Studies en la Universitat Pompeu Fabra. Forma parte de la Jean Monnet Partnership-Spain, una red académica dedicada a la transferencia de conocimiento sobre la integración europea y que colabora con El Confidencial.