La UE barre la "cláusula humanitaria" ante la oposición frontal de España

La Unión Europea está inmersa en la negociación de una revisión de la directiva europea de 2002 “destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares” en territorio comunitario. Los ministros de Justicia de la UE han votado este viernes la posición que el Consejo de la Unión defenderá en las negociaciones interinstitucionales con el Parlamento Europeo, pero la posición ha quedado aprobada con la oposición notable de un Estado miembro: España. La idea de la norma europea es clara: armonizar las legislaciones nacionales para castigar el tráfico de personas. En otras palabras, las mafias que cobran miles de euros a inmigrantes a cambio de subirlos en una lancha para cruzar el Mediterráneo o la peligrosísima ruta del Atlántico hacia las Islas Canarias. Pero la delegación española teme que la revisión pueda acorralar y criminalizar a las ONG que también participan en tareas de rescate y asistencia humanitaria.

¿La razón? Que el texto que propuso la Comisión Europea elimina la conocida como “cláusula humanitaria” que permitía que los Estados miembros que así quisieran no persiguieran a organizaciones o personas cuando hubieran ayudado a ingresar, permanecer o transitar a través de la Unión a un inmigrante irregular por causas humanitarias, dejando dicha idea únicamente en el preámbulo, lo que no convencía a España según han explicado fuentes diplomáticas. Antes de que se apruebe esta reforma deberá ser negociada con el Parlamento Europeo, donde los eurodiputados también están defendiendo posturas mucho más duras en materia migratoria, por lo que España no tiene demasiadas esperanzas en que en la negociación interinstitucional se vaya a revertir este cambio.

El artículo 1 de la actual legislación señala que los países deben aplicar las sanciones que consideren adecuadas “contra cualquier persona que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro a entrar en el territorio de un Estado miembro o a transitar a través de este, vulnerando la legislación del Estado de que se trate sobre entrada o tránsito de extranjeros”, así como a las personas que “con ánimo de lucro” ayuden intencionadamente a alguien a “permanecer en el territorio de un Estado miembro”.

El artículo 2 de la legislación que ahora se quiere revisar establecía la conocida como “cláusula humanitaria” al señalar que los Estados miembros podían no sancionar el primero de los casos, es decir, la ayuda a que una persona no nacional de un Estado miembro entre en el territorio del país europeo “en los casos en que el objetivo de esta conducta sea prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”. El lenguaje era vago, pero servía a todos: hay Estados miembros que quisieran perseguir por tráfico de personas también a aquellas ONG que ayudaran por motivos humanitarios a inmigrantes irregulares podrían hacerlo igualmente, pero si un país no quería hacerlo podía acogerse al artículo 2 de la directiva.

TE PUEDE INTERESAR

El primer 'umbral de Europa' no puede permitirse una crisis de refugiados del Líbano

Alba Sanz. Nicosia

Para entender cuál es el problema hay que hacer un pequeño recorrido por la lógica de este tipo de legislaciones. Cuando se trata de armonizar delitos, la idea es que la directiva europea establece un “suelo”. Puedes ser más duro de lo que se establece en el texto europeo, pero no más blando. Por ejemplo, recientemente la Unión aprobó una directiva para armonizar determinados delitos por corrupción, estableciendo unas penas máximas mínimas, es decir, que como la pena máxima por delito de malversación no podía ser inferior a los cinco años, mientras que el Gobierno había reforzado pocos meses antes el Código Penal para beneficiar a los líderes del ‘procés’ establecía penas máximas más bajas. Para cumplir con la legislación europea, a priori, el Gobierno tendrá que volver a subirlas en algún momento.

La legislación para el castigo por ayudar a ingresar en la Unión a inmigrantes irregulares funciona de la misma manera: puedes ser más duro de lo que ahí está escrito, pero no menos. Al salir del articulado la cláusula humanitaria y ser incluida en los conocidos como “considerandos”, entonces el nuevo “suelo” legal es lo que establece el articulado, y ahí hay poco margen para que un Gobierno que no quiera que se pueda perseguir en los tribunales por ejemplo a una ONG que rescata a inmigrantes en el Mediterráneo.

La Comisión Europea considera que su propuesta no arrincona a las ONG, porque limita las peticiones de sanciones a cuando haya “ánimo de lucro”. Los servicios de la Comisión consideraban que eso hacía ya innecesaria la cláusula humanitaria, una opinión que no comparte España y algún otro Estado miembro, que al final han sido “minorizados”, pasados por encima por la mayoría del resto de países. ¿Por qué no comparten esa opinión? Porque hay grises. Una fuente diplomática pone como ejemplo el que una ONG pague a un barco, que no forma parte de la organización, para que le asista en el rescate a inmigrantes en el Mediterráneo. Ahí podría considerarse que hay partes de la operación que se están lucrando al cobrar un sueldo o un alquiler, aunque el fin último sea humanitario, explican.

TE PUEDE INTERESAR

La Europa de los muros | ¿Quién se beneficia del cerco a la UE?

José Bautista

Hay dos preocupaciones fundamentales para España. La primera es legal. El Código Penal español ya incluye una "cláusula humanitaria" que, a priori, hace que cuando se produzca una asistencia por motivos humanitarios no vaya a ser perseguida la persona u organización que lo ha hecho. Pero el problema es que las directivas establecen “suelos”. Alguien podría llevar una denuncia a los tribunales y considerar que la ley española recoge ahora una "cláusula" que ya no existiría en la directiva revisada, que lo que exige es que no haya lucro. Podría darse el hipotético caso de que alguien quisiera forzar a que España tuviera que modificar su legislación nacional para eliminarla o modificarla para ajustarse a que no debe haber nunca un lucro, y como apuntaba la citada fuente diplomática, ese es un terreno gris.

La Comisión Europea ha transmitido a España que al incluirse en los considerandos, el prefacio de la directiva europea, Madrid debería estar tranquilo: seguirá habiendo cobertura legal para la “cláusula humanitaria” española. Pero el Ejecutivo comunitario no es el intérprete último del derecho europeo, y la revisión de la directiva abre una estrecha rendija para que se intente forzar a que se modifique la legislación española. En caso de haber un pulso legal, sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y no la Comisión el que tendría la última palabra sobre si vale con que esté en el prefacio o no.

La segunda preocupación española es política. La UE está endureciendo a una enorme velocidad su postura en el debate migratorio y España y Portugal están empezando a quedarse solos en las posiciones más moderadas. El Gobierno considera que la modificación acorrala todavía más a las ONG en un momento en el que muchos Estados miembros ya lo hacen y criminaliza todavía más la ayuda humanitaria. Al establecer unos mínimos, la nueva directiva permitiría, por ejemplo, que haya “Estados miembros que no exijan ánimo de lucro”, explica la fuente diplomática. “Si no exiges ánimo de lucro, en teoría cualquier ayuda podría ser delito”, se lamenta.