Un cántico de guerra y un papel rasgado: la 'haka' que expuso el peor lastre de Nueva Zelanda

La joven diputada del Partido Maorí, Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, sabía lo que hacía. Sabía que en el momento que se levantaba de su escaño en el Parlamento, entonaba su cántico de guerra, tomaba unos papeles donde figuraba un nuevo proyecto de ley que afecta al estatus de sus gentes, los rompía en varios pedazos, y comenzaba a bailar una haka (danza tradicional maorí) —junto a algunos compañeros diputados—, conseguiría que la aldea global fijara sus ojos en un problema que compromete la unidad social de su país.

El presidente del Parlamento, Gerry Brownlee, solo tuvo tiempo, cuando observó que ella empezaba a levantar la voz, a decir "por favor, no haga eso…". Pero ya era tarde, y los maoríes danzaban como lo hicieron 200 años antes sus antepasados contra esas pálidas personas que llegaron de muy lejos con sus barcos para gobernar el país.

La parlamentaria de 22 años denunciaba que, hasta en la que todo el mundo cree que es la moderna e inclusiva, hay problemas para adaptar el pasado y el futuro de los descendientes de los pueblos originarios y de los sucesores de los pueblos conquistadores. ¿Deben los neozelandeses tener leyes distintas para un grupo étnico respecto al resto de población? ¿Hacerlo es aplicar justicia histórica o mantener abierta una herida que divide a gentes del mismo país? ¿Cómo arreglar un abuso histórico apoyado en ocasiones en leyes racistas sin revertirlas y compensar sus décadas de efectos?

Todo ese debate forma parte del controvertido proyecto de ley del partido conservador Association of Consumers and Taxpayers (ACT), integrante de la nueva coalición gubernamental, que dice que es hora de pasar página y acabar con esas diferencias legales que inciden, según su visión, en leyes racistas. "Mi proyecto Tratado de Principios dice que yo, como cualquier otra persona, ya sea que sus ancestros llegaron aquí hace 1.000 años, como lo hicieron algunos de los míos, o apenas se bajaron del avión en el Aeropuerto Internacional de Auckland esta mañana para empezar su travesía como neozelandeses, tienen los mismos derechos y dignidad básicos", ha explicado David Seymour, líder del ACT y ministro de Regulación.

Además, recordaba que tiene sangre aborigen en sus venas, en una entrevista con BBC. "Tu punto de partida es tomar un ser humano y preguntar, ¿cuál es tu ascendencia? ¿Qué tipo de humano eres? Eso solía llamarse prejuicio. Solía llamarse intolerancia. Solía llamarse discriminación racial. Ahora estás tratando de volverlo una virtud. Creo que eso es un grave error", mantenía el miembro del actual Ejecutivo.

"¿Cómo es que yo tengo zapatos y ellos no?"

Una visión distinta que tiene no solo Hana-Rawithi, sino más de 40.000 maoríes y no maoríes que se manifestaron el martes 19 de noviembre por las calles de la capital, Wellington, en contra de un cambio legislativo que afecta a sus derechos como pueblo originario en, por ejemplo, derechos y recuperación de tierras o tener voz y voto en asuntos medioambientales. El actual Ejecutivo, que pretende rebajar el gasto público, ya eliminó el pasado febrero la Agencia de Salud Maorí, incluyéndola en el Sistema de Salud Nacional, lo que ya provocó protestas sociales. "La nación maorí ha nacido hoy. Espero que cada uno de ustedes que se unió a esta marcha hoy se dé cuenta de a qué se han comprometido con un futuro en el que volvamos a la realidad de nuestros rangatira (jefes)", anunció a los manifestantes. Eru Kapa-Kingi, uno de los líderes maoríes más activos en las protestas.

Según este joven activista, sigue habiendo una clara discriminación social sobre la gente de su pueblo. "Recuerdo haberme preguntado por qué estos niños vienen a la escuela sin zapatos. ¿Cómo es que tengo zapatos y ellos no? ¿Cómo es que almuerzo todos los días? ¿Por qué no tienen las mismas cosas que yo tengo en mi vida?", explicaba recientemente Eru, un niño que creció en una familia maorí de clase media que habitaba en una barriada indígena donde la mayoría de las personas vivían con fuertes carencias.

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¿Sigue habiendo una brecha entre la población blanca neozelandesa y los maoríes? Según las estadísticas de IGWA (International Work Group for Indigenous Affairs), "la brecha entre maoríes y no maoríes es generalizada: la esperanza de vida de los maoríes es de 7 a 7,4 años menor que la de los no maoríes; su ingreso medio es el 71% del de los pakehā (europeos de Nueva Zelanda); El 25,5% de los maoríes abandonan la escuela secundaria superior sin calificaciones y más del 50% de la población carcelaria es maorí", señala un informe.

Porcentajes que contrastan con la diversidad étnica del país. La población maorí en Nueva Zelanda es de 978.246 personas, según el censo de 2023, lo que supone un 19,6% del total. Un aumento en todo caso respecto a 2018, en que había 869.850 maoríes, 18,5%. El grupo étnico mayoritario es el llamado "europeo", con un 67,8% del total. Tiene especial relevancia también el "asiático" con un 17,3% del total de la población.

En esa multicultural y multiétnica realidad es en la que se ha encendido la mecha racial ante un proyecto de ley que se terminará de discutir en el Parlamento dentro de seis meses y que apenas tiene opciones de salir adelante en la segunda vuelta, ya que el propio primer ministro, Christopher Luxon, del liberal Partido Nacional de Nueva Zelanda, ha manifestado su no apoyo a una medida propuesta por sus socios de gobierno. "Nuestra postura como Partido Nacional es inalterable. No apoyaremos el proyecto de ley más allá de su segunda lectura, así que no se volverá ley. No pensamos que de un solo plumazo se puedan reescribir 184 años de debate y discusión", ha manifestado al periódico New Zealand Herald.

Un tratado y dos versiones

Hay que irse muy atrás en el tiempo para encuadrar la actual discusión que ha puesto a la tranquila isla patas arriba. El Tratado de Waitangi, que se firmó el 6 de febrero de 1840, es considerado el acta funcional de la actual Nueva Zelanda. En él, funcionarios británicos, representantes de la Reina Victoria, y jefes maoríes, firmaban un acuerdo por el que la isla pasaba a ser una colonia británica. El problema es que hay dos diversas traducciones de lo acordado. Los británicos, según su traducción, señalan que los maoríes se sometieron a la Corona a cambio de su protección, mientras que los maoríes señalan que lo acordado es que aceptaban la presencia de los británicos, pero no el sometimiento a sus leyes, y mantenían su propia autonomía y derecho de autodeterminación sobre sus bosques y aguas.

En realidad, la semántica de aquel acuerdo en todo caso no se cumplió en la práctica. La población indígena, pese a no ser segregada legalmente como sí ocurrió en otras colonias del Imperio británico, perdió en las siguientes décadas el control de más del 90% del territorio en manos de los foráneos. Durante estos 180 años, se normalizó el llamado sentimiento antimaorí. La imagen que se dio de los indígenas en medios de comunicación, escuelas y ciertos organismos públicos era la de ser unos holgazanes, sucios, gordos, delincuentes y poco desarrollados. En 2020, la histórica empresa neozelandesa de medios de comunicación Stuff lanzó un comunicado en el que pedía "disculpas" por su largo historial de artículos racistas y discriminatorios sobre los maoríes. Encontraron textos publicados por sus periódicos en el siglo XIX donde los calificaban de "raza menor".

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Además, se les quitó a los aborígenes en la práctica el derecho a participar en el sufragio universal. La ley decía que el voto solo podían ejercerlo los varones mayores de 21 años que tuvieran tierras por valor de 25 libras, lo que era imposible para un pueblo cuyas tierras eran comunales. Para compensarlo, se les otorgó en 1867 el derecho a tener cuatro escaños, pese a que por porcentaje de población les correspondía tener entre 14 y 16, algo que se mantuvo hasta 1975.

Se han denunciado también miles de casos de abusos físicos y sexuales que han sufrido niños y adultos indígenas, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Se crearon entonces tribunales y comisiones para intentar arreglar esas injusticias que han provocado el rezago de este pueblo. Las constantes demandas por el incumplimiento del Tratado de Waitangi generaron que en 1975 se estableciera un tribunal específico que desde entonces ha tratado las quejas de los aborígenes. Millones de dólares neozelandeses se han pagado como compensaciones tras las más de 2500 demandas presentadas sobre un marco legal de 180 años lleno de claroscuros e interpretaciones.

El ACT con su propuesta de ley pretende enterrar esa dualidad, bajo el pretexto de tener un mismo sistema jurídico para todos los neozelandeses. Los maoríes, por su parte, creen que se camufla bajo la bandera del “no racismo” un nuevo acto racista contra su pueblo, al que durante caso dos siglos se ha relegado y se le han quitado derechos y tierras.

Muchos creen que gane o no gane, que parece que no lo hará la propuesta del ministro Seymour, el responsable del nuevo departamento creado por este Gobierno, justamente para readaptar la normativa del país, el daño ya se ha hecho. Las hakas vuelven a retumbar en Nueva Zelanda y ahora no es por la selección de rugby, es por recordar que pese a convivir en un mismo país, unos y otros nunca han sido —ni son lo mismo— hasta ahora.