La Corte Penal Internacional ordena el arresto de Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, al declararles como máximos responsables de ejecutar "crímenes de guerra y lesa humanidad" en la Franja de Gaza desde, al menos, el 8 de octubre del 2023. Estas órdenes de arresto representan una de las condenas internacionales más contundentes a los crímenes cometidos en la actual guerra en Gaza.

Además de Netanyahu y Gallant, los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamás considerado jefe de su ala militar, que Israel ya lo declaró como muerto en uno de los ataques lanzados el pasado junio contra la Franja. Este fallecimiento, sin embargo, nunca fue confirmado por el grupo islamista, ni tampoco le ha sido posible hacerlo a la fiscalía del tribunal. "El 15 de noviembre de 2024, la Fiscalía, basándose en información de las autoridades israelíes y palestinas, informó a la Sala de que no puede determinar si Deif ha fallecido o sigue vivo. Por lo tanto, la Sala emite la presente orden de arresto”, han señalado los jueces.

Esta también es la primera vez que la Corte Penal Internacional aprueba una orden de arresto contra un líder internacional aliado de los países occidentales. En sus más de dos décadas de historia, hasta el momento, el tribunal solo había solicitado detenciones contra líderes africanos u opositores de Occidente, como fue el caso de las disposiciones contra el presidente ruso, Vladímir Putin, o el expresidente de Serbia, Slobodan Milošević.

La resolución llega seis meses después de que el fiscal general de la Corte, Karim Khan, solicitara la emisión de órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant al ser “responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”. Además, el fiscal pidió el arresto de los líderes de Hamás, Yahya Sinwar, Ismail Haniye y Mohammed Deif, los dos primeros muertos en ataques israelíes contra la Franja de Gaza.

“No es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la Corte"

Con esto, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que además de no ser estado parte de la Corte, niega la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general y sobre los ciudadanos israelíes en particular. El Gobierno israelí también había exigido a los jueces que detuvieran “cualquier procedimiento relacionado con la situación, incluyendo la consideración de las solicitudes de órdenes de arresto”, otra petición rechazada por los magistrados.

“No es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la Corte, ya que esta puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina, como se determinó anteriormente”, advirtió la Sala.

Los Estados “no pueden impugnar la jurisdicción de la Corte antes de la emisión de una orden de arresto, por lo que la de Israel es prematura”

Consideró además que los Estados “no pueden impugnar la jurisdicción de la Corte antes de la emisión de una orden de arresto, por lo que la impugnación de Israel es prematura”, dijo.

Las últimas cifras indican que ya son más de 44.000 personas — la mayoría de ellos mujeres y niños — las que han muerto en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques israelíes iniciados después del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre, en el que murieron 1.200 personas y más de 200 fueron secuestradas. En la actualidad se estima que solamente 50 de ellos siguen vivos.

Además, también se les considera responsables como “superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil” en la Franja de Gaza. “La Sala concluyó que ambos privaron intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Este bloqueo tuvo graves consecuencias, incluida la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación”, añadió la CPI.

Reacciones internacionales

Por su parte, tras conocerse las órdenes, Netanyahu ha vuelto a tildar a la CPI como un organismo "antisemita", una acusación que ha sido respaldada por su principal aliado, Estados Unidos. En este sentido, la Administración de Biden ha expresado su oposición a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto, según confirmó un portavoz de la Casa Blanca. Asimismo, señaló que Washington está trabajando en coordinación con sus aliados, incluido Israel, para determinar los "próximos pasos" a seguir. "Estados Unidos rechaza categóricamente la decisión de la Corte de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes", afirmó.

El portavoz también manifestó la "profunda preocupación" de Estados Unidos por lo que considera una "precipitación" por parte de la Fiscalía de la CPI, además de señalar "errores procesales graves" en el proceso que llevó a esta decisión. Subrayó, además, que el país mantiene su postura de que la Corte Penal Internacional "no tiene jurisdicción sobre este asunto".

Desde la Unión Europea han defendido que la decisión debe "ser respetada" y tiene que hacerse "cumplir". Todos los miembros de la Unión, además de Reino Unido, son firmantes del Estatuto de Roma — que constituye como crímenes los actos lesa humanidad, genocidio y de guerra —. Al ser firmantes y puesto que el Tribunal no cuenta con un cuerpo policial propio, los estados parte deben colaborar en el arresto de los acusados en el momento en el que estos pisen cualquier país que integre el Estatuto. De hecho, ha sido el propio Tribunal el que ha pedido a los Veintisiete "cumplir su compromiso" con la Corte y detener a los condenados. "El derecho internacional debe respetarse en todas las circunstancias" ha recordado Khan.

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Alba Sanz

En la misma línea que el fiscal general, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha defendido que la decisión de la Corte Penal Internacional "no es política" y debe ser "respetada e implementada".

Francia, por su parte, ha sido uno de los primeros países de la Unión en manifestarse al respecto. El Ministerio de Exteriores francés ha indicado que está analizando las implicaciones legales de la orden, pero aseguró que su respuesta estará alineada con los principios y el estatuto del tribunal internacional. Mientras tanto, el Gobierno de los Países Bajos anunció su disposición a actuar en cumplimiento de la decisión de la CPI, prometiendo minimizar su contacto con Netanyahu y detenerlo si ingresa al país.

En la región, en Jordania, el ministro de Exteriores jordano ha instado a que la decisión del tribunal sea "respetada" y "cumplida", argumentando que "los palestinos merecen justicia".