Sotanas en el infierno: la guerra del narco no diferencia a nadie

“Los narcos mexicanos no tienen bandera, sólo matan y matan y matan y no saben para dónde van”. Las palabras de ‘Popeye’, el famoso sicario del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, son perfectamente atribuibles al aterrador caso de los crímenes de Cerocahuí: el asesinato a sangre fría de dos sacerdotes jesuitas octogenarios en el norte de México, en 2022. La historia comienza así…

Cuando enfureció hasta rabiar, tras la derrota del equipo de béisbol que patrocinaba, José Noriel Portillo Gil (alias ‘El Chueco’) olvidó una de las máximas de los hampones de más alto rango: la discreción te salvará la vida. Y es que él no era más que el dirigente regional de Gente Nueva, una célula criminal del Cartel de Sinaloa (la organización del Chapo Guzmán). Sólo se trataba de un lumpen mafioso de 30 años que terminó pagando con la propia vida el error de haber puesto su nombre en la voz del presidente del país gracias a los ímpetus sanguinarios que lo invadieron aquella noche: primero, asesinó a un jugador de su equipo, le incendió la casa, y secuestró al hermano de éste (también jugador). Dspués persiguió a Pedro Palma, un afamado guía de turistas de la zona que intentó esconderse en el interior de la parroquia de San Francisco Javier, en la localidad de Cerocahuí (en Chihuahua) y lo acribilló al pie del altar. Finalmente, luego de que dos clérigos jesuitas (Javier Campos Morales, de 79 años, y Joaquín Mora Salazar, de 80 años) intentaran ayudar a Palma e interceder por él, el narcotraficante, ya embravecido y sin escuchar razones, los acribilló allí mismo también.

Los cuerpos del jugador de béisbol, de los curas y del guía fueron encontrados dos días después. Nueve meses más tarde, ‘El Chueco’ fue encontrado en Sinaloa (el territorio natural del Chapo) con un tiro en la cabeza, nadie sabe quién dio la orden y parece que nadie lo quiere saber. Por último, la Compañía de Jesús y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos no consideraron que ese (otro) asesinato fuera, en absoluto, un ‘triunfo’ o un acto de justicia.

Por la brutalidad de los asesinatos y la impunidad que rodea al caso, se trata de uno de los episodios de crímenes contra el personal de la Iglesia católica en México que más impacto mediático. Pero, por supuesto, no es el único. Un mes antes, el cura José Guadalupe Rivas, que dirigía una casa de apoyo para migrantes en el estado fronterizo de Baja California también fue asesinado. En 2021, el padre José Guadalupe Popoca Soto fue encontrado con varios disparos en la cabeza dentro de la parroquia de San Nicolás de Bari en el estado central de Morelos y ese mismo año un cura franciscano murió al quedar atrapado en un fuego cruzado entre dos cárteles en la zona fronteriza de Durango y Zacatecas (una de las más violentas del país).

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¿Un fenómeno aislado o la violencia generalizada?

Las tensiones entre la Iglesia católica y el estado mexicano (que desde mediados del siglo XIX es laico) no son un tema novedoso. Lo que sí es un fenómeno creciente es la violencia con la que los cárteles del narcotráfico han arremetido contra los sacerdotes durante las últimas dos décadas.

Todo el territorio está controlado por el hampa. Estados como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas o Chihuahua son tradicionalmente epicentros del crimen organizado, pero ahora las mafias se han expandido y hacia otras zonas de acción como Guanajuato, Veracruz, y, especialmente, Guerrero. Sobre este último, el padre Filiberto Vázquez, reconocido párroco que recorre todas las localidades de esa entidad haciendo labores pastorales, declaró recientemente en una entrevista televisiva una incómoda verdad: es prácticamente ineludible el contacto de la Iglesia católica con los intereses de los cárteles, pues toda la región está controlada por los Ardillos, la Familia Michoacana, los Tlacos, La Bandera, Los Rusos, Los Viagras, el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Rojos, Los Tequileros (se estima que hay, por lo menos, dieciséis grupos delictivos operando en ese estado).

Guerrero es una zona en la que reinan la violencia, la extorsión, el trasiego de drogas por los puertos, el secuestro y tráfico de mujeres para ser prostituidas, además de la plantación de marihuana y amapola, entre otras actividades delictivas. Muchos jóvenes son captados por los cárteles y rápidamente crecen en la carrera del hampa, y eso ha desgarrado el tejido social desde hace años. Es por eso que muchos párrocos, al margen de las actividades de culto, intentan que las parroquias se conviertan en centros de convivencia pacífica y de reorganización social para las comunidades. Desafortunadamente, eso contraviene los intereses de los criminales y es por eso que quienes han alzado la voz contra la delincuencia lo han pagado con la vida.

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Ante ese panorama, un grupo de académicos de la Universidad Iberoamericana, la Prepa Ibero, y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, han realizado una investigación sobre los asesinatos del personal de la Iglesia católica en México en los últimos 30 años. El investigador Yves Solís Nicot, coautor y codirector del proyecto, facilita a El Confidencial el trabajo cuyo título es: ‘Sacerdotes asesinados en México: 1991-2023 ¿un fenómeno único o el reflejo de la violencia endémica?’.

Ante esta interrogante, los académicos concluyen que la escalada de violencia es, en efecto, un reflejo de la descomposición social que sucede desde hace décadas, además de una consecuencia de la guerra que el expresidente Felipe Calderón declaró al narcotráfico en 2006. Ese hecho, según la investigación, rompió el estatus quo y el equilibrio de poder entre el gobierno y los líderes de los principales cárteles. Todo derivó en una lucha entre las distintas fuerzas por el control del tráfico de drogas que tuvo como resultado la conversión de México en una completa zona de conflicto y guerra entre criminales.

De acuerdo con el análisis cuantitativo de este trabajo, a pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador terminó como el más violento y sangriento de la historia de México, durante su mandato sólo fueron asesinados 15 sacerdotes. El ranking de la vergüenza lo lidera el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) con 32 homicidios a personal católico. Después está el de Felipe Calderón (2006-2012) con 25. Le siguen Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari con seis, cuatro y tres asesinatos a sacerdotes católicos respectivamente.

El total de homicidios de este tipo, entre 1991 y 2023, es de 87. Ahora bien, de acuerdo con la investigación, sólo 26 de ellos son atribuibles cien por cien al crimen organizado. Otros cinco asesinatos fueron calificados como ‘crímenes de Estado’. 18 más están registrados como crímenes perpetrados por delincuentes comunes (o que no se ha definido si pertenecen o no a bandas criminales). Otros tres casos, por lo menos, son sospechosos de delitos de odio y homofobia. Y otro caso es atribuido a un aspirante a sacerdote. Por último, quedan otros 30 en los que la autoría del crimen sigue siendo desconocida.

Las causas, más allá de los números rojos

Al margen de las cifras de sangre, la investigación antes mencionada, así como el documental ‘Tragedia y crisol del sacerdocio en México’ (2021), del Centro Católico Multimedial, hacen hincapié en un evento clave en el que el Estado, el crimen organizado y la Iglesia se entrelazan: el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993, un polémico magnicidio en el que aún quedan muchos cabos sueltos, que fue marcado por la opacidad del proceso judicial, y la manipulación informativa (desde el gobierno hasta los medios de comunicación).

El 24 de mayo de aquel año, en el parking del aeropuerto de Guadalajara (Jalisco), Posadas Ocampo recibió 14 disparos en el pecho a quemarropa. La primera versión fue que murió en un fuego cruzado entre sicarios del cártel de los Arellano Félix y del Chapo Guzmán, mientras los primeros intentaban asesinar al líder del cártel de Sinaloa, pero tiempo después, gracias a las investigaciones, peritajes, y declaraciones de los acusados, se cayeron las teorías que sostenían que se trataba de un crimen accidental. Más tarde, en 2011, Benjamín Arellano Félix (primer líder del cártel del mismo nombre, preso desde 2002), declaró que el entonces jefe de la Policía Judicial Federal, León Aragón, era el responsable del magnicidio porque, supuestamente, el cardenal “ayudaba a conseguir armas a la guerrilla”, según una investigación de la revista Proceso.

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Esa misma versión la confirma la prestigiosa periodista mexicana, Anabel Hernández, en su libro ‘Los señores del narco’ (2010). Y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez (el sustituto de Posadas Ocampo al frente del Arzobispado de Guadalajara) también tildó a ese hecho como un ‘crimen de Estado’, porque, según él, el prelado tenía información que comprometía a los altos mandos del gobierno con narcotraficantes. Por último, en el documental antes mencionado, el ex diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez, cuenta que un amigo de la infancia de Posadas Ocampo estuvo con él 14 días antes de su asesinato y le contó que recién había estado en Los Pinos (la residencia presidencial) externando su molestia por la protección que el gobierno daba a los cárteles del narcotráfico, reunión de la que, según cuenta, “fue expulsado violentamente”. A partir de entonces, la Iglesia quedó aún más expuesta por las supuestas denuncias que hizo por el contubernio criminal existente entre las altas esferas del poder y los líderes de las mafias.

Paz y cohesión social en un estado fracturado

Al teléfono está Guillermo Gazanini, jefe de información del Centro Católico Multimedial. Se trata de una de las voces más autorizadas para hablar del tema por el largo recorrido que ha tenido recolectando documentos, realizando entrevistas y siendo autor de documentales que abordan este fenómeno.

Él comparte a este diario una dura carta escrita por Miguel Patiño, obispo emérito de la Diócesis de Apatzingán (una localidad conocida por su alto nivel de criminalidad), en la que denunció con crudeza en 2013 (un año antes de su fallecimiento) cómo la vertiginosa escalada del narcotráfico causó la descomposición social tanto en la región como en el país.

“¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina, sin que vengas a salvarme?”. Con esa frase, propia de un pasaje bíblico, abre la carta. “El Estado de Michoacán tiene todas las características de un Estado Fallido. Los grupos criminales: Familia Michoacana, Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios, principalmente, se lo disputan como si fuera un botín. La Costa: para la entrada de la droga y los insumos para la producción de las drogas sintéticas; la Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera: para el cultivo de marihuana y amapola, el establecimiento de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y refugio de los grupos criminales. Las ciudades más importantes y todo el Estado: para el trasiego y comercio de la droga, “venta de seguridad” (cuotas), secuestros, robos y toda clase de extorsión”, dice.

Después acusa al gobierno (en todas sus estructuras) de estar sometido o coludido con el crimen organizado. Como consecuencia de ello, menciona, varios municipios se han visto en la necesidad de autodefenderse. También menciona que la presencia policial y del ejército en las calles nunca fue garantía de seguridad sino todo lo contrario.

"Los criminales encuentran muy incómoda la actividad pastoral"

Finalmente, el antiguo obispo de Apatzingán, contaba en ese escrito que los miembros de la Iglesia católica (obispo, sacerdotes, monjas) y civiles, tanto católicos como laicos, firmaron un compromiso por la paz, para el desarrollo de la paz en los pueblos, la educación y las actividades sanas para los niños, así como el acompañamiento espiritual para las víctimas de la violencia criminal. Y también invita al gobierno a ofrecer más opciones para los jóvenes para que así no caigan en las garras del narcotráfico.

- ¿Es por esa cuestión que el narcotráfico ha puesto en la diana a la Iglesia católica?

- “Sí, porque los criminales encuentran muy incómoda la actividad pastoral, que pretende la reintegración social de las comunidades. Para ellos, la labor comunitaria de los sacerdotes, como la ayuda a los migrantes o la rehabilitación de jóvenes que ya cayeron en las garras de las drogas, no beneficia a sus actividades. Un mes después de los asesinatos de Cerocahuí, un sacerdote de una localidad cercana denunció que un comando criminal rafagueó la fachada de su templo. Además de denunciar la agresión al centro de culto, también alzó la voz por la agresión al centro de convivencia comunitaria que representa su parroquia”.

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Para Guillermo Gazanini, la labor del actual obispo de Apatzingán es mucho más que relevante. Sobre él cuenta cómo es que ha intentado dialogar con los criminales directamente, llegando a pedirles personalmente “jóvenes, depongan las armas, pongamos esto en paz”, pero a día de hoy no ha disminuido la violencia allí: prueba de ello es que, hoy, en 2024, a sólo seis días de que Claudia Sheinbaum asumiera la presidencia del país, el alcalde de Chilpancingo (la capital del estado de Guerrero), que también asumió el cargo el 1 de octubre del presente año, fue acribillado y decapitado.Un par de días antes había declarado que lucharía contra la violencia y el narcotráfico. El mensaje fue muy claro: en Guerrero, la ley no es la que impone el gobierno.

Finalmente, mientras se escribía este reportaje, el cura Marcelo Pérez, de origen tsotsil (una de las etnias indígenas de Chiapas), murió acribillado de cinco tiros mientras terminaba de oficiar su misa en San Cristóbal de las Casas, el pasado domingo 20 de octubre. Debido a su activismo para la pacificación de los pueblos, en una zona donde el crimen crece a pasos agigantados, ya había recibido amenazas de muerte. En la información preliminar sobre el asesinato, se cree que la autoría es de Los Motonetos, el brazo armado del cartel local Sentimientos de la Nación. La historia no difiere mucho de las otras: un cura que intenta ofrecer una vía pacífica a los conflictos locales y que promueve la integración social, sicariatos, impunidad, y silencio. Este es el primer homicidio de un sacerdote católico en la nueva administración del partido Morena: una que no lleva ni un solo mes de haber comenzado.