La "bomba social" de la vivienda contada desde tres oasis (imperfectos) de Europa

La historia de Yann, un bibliotecario francés de 32 años, es la de millones de graduados franceses que se costearon una vivienda gracias a la CAF (‘Cajas de subsidios familiares’). En 2010, dejó su pueblo en el Este de Francia para estudiar Literatura en Estrasburgo. Allí, alquiló una habitación en un piso compartido por 380 euros. Mientras estudiaba, trabajaba unas horas como bibliotecario, por 600 euros.

Al principio, los padres de Yann ayudaban con el alquiler. En tercero, solicitó la Ayuda personalizada para la vivienda (APL) de la CAF. Obtuvo 150 euros y el alojamiento se redujo a 130 euros. También obtuvo 180 euros de la ‘Prime d’activité’ por bajos ingresos. Así, Yann pudo continuar sus estudios en la Escuela del Louvre de París, hasta que empezó a trabajar, primero por 1.293 euros netos, después por 1.556. Tras cuatro años de renovación de contrato, se ha quedado en paro y depende otra vez de la CAF para pagar una habitación, un poco más lejos de París, en Aubervilliers, donde “es mucho más barato”.

El sueño francés sobre la universidad se esfuma

En Francia, cualquier estudiante, si no supera ciertos ingresos, puede solicitar ayudas a la vivienda, por lo que la asistencia es “relativamente amplia”, explica a El Confidencial Sarah Coupechoux, responsable de incidencia europea de la Fundación Abbé Pierre. Sin embargo, ante el aumento de los precios y la escasez de oferta, los jóvenes tienen difícil encontrar alojamiento “o viven en condiciones cada vez más precarias”, afirma Coupechoux, quién asegura que “urge producir una oferta asequible” y que, al menos, la ayuda para pagar la calefacción se amplíe. Desde la fundación, advierten de una “bomba social”.

Tras la marcha del sindicato de inquilinas, en España, el pasado 13 de octubre, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció 200 millones de euros para bonos de alquiler para jóvenes. En Francia, funcionan desde hace décadas. Para algunas asociaciones, no son suficientes. “El coste de vida de los estudiantes no hace más que aumentar y, con él, los sueños de una educación superior accesible a todos”, afirman desde el sindicato de estudiantes francés Fage, donde ya no habla de precariedad, sino de “pobreza estudiantil”.

Francia cuenta con un amplio abanico de ayudas a la vivienda, entre ellas, un 17% de vivienda social; residencias universitarias públicas (CROUS) y varios subsidios de la CAF, como la APL, para personas de bajos ingresos; la ALF, para inquilinos con alguien dependiente a su cargo y la ALS, para los que no cumplen con los otros dos criterios. Sin embargo, la demanda supera con creces la oferta. Hay 173.430 plazas en residencias públicas para 2,93 millones de estudiantes, según la Fage; uno de cada cinco estudiantes de residencias públicas no come en la cafetería debido a su coste y hay 2,6 millones de personas en espera de una vivienda social, según la Fundación Abbé Pierre.

La excesiva burocracia también repele a los más necesitados. “Es inaccesible para aquellos que tienen problemas con el idioma y los procesos administrativos”, afirma Yann, que dice que es “un constante ir y venir de preguntas a lentas solicitudes”.

En Viena, la vivienda social “o se demoniza o se romantiza”

Waltraud A.*, una austriaca de 27 años, se describe como “una auténtica chica de la vivienda pública”. Creció en un edificio municipal de Viena y se emancipó en un apartamento municipal. Dice que la búsqueda de vivienda “fue extremadamente rápida”. “Me mudé en cuestión de semanas”.

Junto a Beethoven y Mozart, puede que uno de los frutos más elogiados de Viena sea su vivienda social. The New York Times la califica como “utopía para inquilinos” y The Guardian como “la ciudad más habitable del mundo”. Esto se debe a que una cuarta parte de la población –medio millón de vieneses— viven en una, a la que se suman las más de 200.000 viviendas cooperativas. Como resultado, más de la mitad de la población de Viena vive en algún tipo de vivienda subsidiada; entre ellos, jóvenes y clase media.

Sin embargo, la vivienda austriaca también ha sido descubierta por inversores tras la crisis financiera; los precios han subido; el acceso se ha reducido y algunos edificios urgen reformas. “Tengo la sensación de que la vivienda municipal o se demoniza o se romantiza”, afirma Waltraud, quien cree que ambas afirmaciones “son un poco ciertas”. Por un lado, “las paredes son delgadas y, al ser espacios pequeños con mucha gente, son ruidosos”. Pero, “yo nunca he tenido problemas”, añade. “Pago 300 euros al mes por mi piso de 30 metros y 10 metros de balcón y el contrato de alquiler es indefinido”, detalla. Algo que, en la zona, costaría más del doble, dice. Además, se ha unido a una asociación de jardines del edificio comunitario y se siente afortunada: “En verano, cultivo mis tomateras con vistas a Viena”.

El impuesto al champán para construir casas

El Ayuntamiento de Viena es el mayor propietario de viviendas de Europa. Lleva un siglo construyendo su propia vivienda. El programa fue lanzado por la “Viena Roja” en la década de 1920 y financiado por un impuesto progresivo para la vivienda –el Wohnbausteuer— y varios impuestos sobre el lujo, como el champán y las carreras de caballos. En total, Viena construyó unos 65.000 apartamentos municipales entre 1920 y 1933, la mayoría de ellos en grandes complejos habitacionales, como el célebre Karl-Marx-Hof, que ocupa más de 15 hectáreas. Salvo una breve interrupción entre 2004 y 2019, la ciudad ha seguido ampliando su cartera a unas 220.000 viviendas en más de 2.300 edificios.

Para Raymond Torres, del think tank FUNCAS, “hoy, prácticamente ningún país cuenta con una situación satisfactoria del mercado inmobiliario”, pero hay algunas experiencias que han ayudado a los jóvenes, como el desarrollo de un parque de vivienda asequible. También menciona la fórmula danesa, que ha impuesto restricciones para comprar a los no residentes.

El requisito de residencia

Con una población de menos de seis millones de personas, uno de los PIB más altos de Europa y un robusto sistema de bienestar, es imposible hablar de vivienda y no mencionar a Dinamarca. Durante años, el modelo danés se ha descrito como “universal”. No solo se ofrece a las personas desfavorecidas, “sino a todo el que se apunte a una lista”, explica a El Confidencial, Rikke Skovgaard Nielsen, socióloga de la Universidad de Copenhague y autora de una investigación sobre los desafíos del modelo de vivienda social danés.

Así, Skovgaard explica que la vivienda no lucrativa de Dinamarca “es de un tamaño considerable (alrededor del 20%); es accesible, con viviendas de calidad a precios razonables y un sistema en el que los ingresos se reinvierten en el sector y se utilizan para iniciativas sociales en los barrios. Además, todas las viviendas privadas que se pusieron en uso antes de 1992 están sujetas a un control de alquileres, “lo que mantiene el alquiler muy por debajo del mercado”, explica.

Otra de las medidas “con un impacto crucial”, continúa Skovgaard, es el requisito de residencia, lo que significa que una persona no puede –aparte de las residencias de verano— poseer dos viviendas en un lugar y dejar una de ellas vacía; “tiene que alquilarla”. Lo que evita subidas drásticas, “porque los locales no tienen que competir con extranjeros ricos y porque los daneses ricos no pueden poseer varias viviendas y dejarlas vacías”. Además, en el distrito rural, el requisito de residencia evita la despoblación.

La otra cara de la vivienda social llega a juicio

Pero no es oro todo lo que reluce. Ni en Escandinavia. El gobierno de Dinamarca ha tenido que responder ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el polémico plan del ‘guetto’. El motivo es que, a algunos de estos barrios de viviendas asequibles se trasladaron obreros y familias migrantes que el gobierno danés quiere dispersar a la fuerza, para evitar lo que ha calificado como “sociedades paralelas” de personas “no occidentales”.

En 2018, el gobierno danés aprobó un plan que incluye desalojos forzosos y demoliciones de viviendas y varios residentes del barrio de Mjølnerparken demandaron al gobierno por discriminación étnica. Mientras, les han ofrecido reubicarlos y regresar, tras una renovación, “con un alquiler mucho más alto”, puntualiza a El Confidencial, Michala Bendixen, directora de la organización Refugees Welcome en Dinamarca.

Uno de cada cinco (20%) adultos de entre 30 y 34 años en la Unión Europea aún no ha abandonado el nido, según Eurofound. Las diferencias son abismales entre los países nórdicos –Suecia, Dinamarca y Finlandia— donde antes se van de casa, y el sur de Europa, donde cada vez lo hacen más tarde. Una de las causas principales es la vivienda.