¿Por qué los ciudadanos de Puerto Rico no podrán votar en las elecciones de EEUU? El motivo tras el veto

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Este martes, 5 de noviembre, millones de personas acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de Estados Unidos. Sin embargo, los más de tres millones de ciudadanos que viven en Puerto Rico no tendrán la oportunidad de participar en estas elecciones. A pesar de tener la ciudadanía estadounidense, los puertorriqueños no podrán emitir su voto en las elecciones presidenciales. Un derecho que, por el contrario, sí pueden ejercer si se trasladan a uno de los 50 estados del país o a Washington D.C.

Para comprender el porqué de esta limitación, hay que hablar del sistema electoral de Estados Unidos y de la historia particular de los territorios que, como Puerto Rico, se encuentran bajo la jurisdicción de Washington, pero no están formalmente integrados como estados. La Constitución estadounidense, redactada en 1787, establece que el presidente será elegido a través del Colegio Electoral, un sistema basado en los representantes de cada estado. Pero como Puerto Rico no es oficialmente un estado de la Unión, sus ciudadanos no tienen representación en el Colegio Electoral. Y, como consecuencia de ello, no pueden participar en las elecciones presidenciales.

Puerto Rico se convirtió en territorio estadounidense en 1898, tras la derrota de España en la guerra hispano-estadounidense. La isla pasó a estar bajo la soberanía de Estados Unidos mediante el Tratado de París, un cambio que implicó una reestructuración profunda de su sistema político, aunque no le concedió de inmediato a sus ciudadanos la ciudadanía estadounidense. Fue en 1917, con la Ley Jones, cuando los puertorriqueños adquirieron la ciudadanía estadounidense, y en 1952 se les permitió organizarse bajo un modelo de “Estado Libre Asociado” (ELA), lo que les brindó un grado limitado de autogobierno.

Este estatus especial ha sido motivo de controversia y está en el foco del debate sobre el acceso de los puertorriqueños a ciertos derechos fundamentales. Aunque Puerto Rico tiene su propio gobernador y legislatura, la autoridad en temas clave como defensa, fronteras y política exterior recae en el Congreso de Estados Unidos, donde el territorio solo tiene un delegado sin derecho a voto. Esto también explica por qué, en la elección del presidente, los puertorriqueños no tienen representación.

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La situación de Puerto Rico también está influida por una serie de decisiones conocidas como los Casos Insulares, resueltos por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1901. En estas decisiones, el tribunal determinó que los territorios estadounidenses no incorporados, como Puerto Rico, estarían sujetos a una serie de limitaciones constitucionales hasta que el Congreso decidiera integrarlos formalmente como estados.

Estas resoluciones han sido objeto de críticas, ya que muchos expertos consideran que presentan una visión discriminatoria y limitante para los habitantes de Puerto Rico, a quienes en ese momento se describió con un lenguaje colonial y peyorativo.

Aunque la ciudadanía estadounidense fue finalmente extendida a todos los puertorriqueños en 1940, la Corte Suprema nunca ha revocado la doctrina establecida en los Casos Insulares. Así, Puerto Rico permanece en una especie de “limbo” jurídico que impide a sus ciudadanos acceder a todos los derechos que gozan los estadounidenses que viven en los estados.

Un debate sin resolver

La situación política de Puerto Rico y su relación con Estados Unidos sigue siendo un tema de debate en la isla y en el Congreso. En varias ocasiones, Puerto Rico ha llevado a cabo referendums no vinculantes para decidir su estatus, y en el último, celebrado en 2020, una mayoría votó a favor de convertirse en el estado 51 de Estados Unidos. Sin embargo, la baja participación y el carácter no oficial de estas consultas han generado dudas sobre su representatividad.

Convertir a Puerto Rico en un estado significaría una redistribución del poder político en Washington, otorgando a la isla dos senadores y una representación proporcional en la Cámara de Representantes. Esta posibilidad no ha tenido suficiente respaldo en el Congreso, donde muchos consideran que el cambio alteraría el equilibrio político.

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Además, el tema del estatus divide profundamente a la sociedad puertorriqueña, donde existen tres corrientes principales: quienes abogan por la estadidad, quienes desean mantener el estatus de Estado Libre Asociado y quienes defienden la independencia.

A día de hoy, la exclusión de Puerto Rico en las elecciones presidenciales sigue siendo una cuestión sin resolver. Los defensores de la estadidad argumentan que esta sería la única manera de asegurar la igualdad de derechos para los puertorriqueños. Otros, en cambio, ven el estatus actual como una forma de conservar la identidad y autonomía de la isla.