La llegada de los doce de Albania o cómo Meloni se prepara para dar la batalla por su plan migratorio

Un plan anunciado, pospuesto y observado por muchos en el seno de la Unión Europea. Existía expectación sobre cómo iba a resistir el primer envite legal el plan del Gobierno de Giorgia Meloni para externalizar la acogida de inmigrantes a terceros países (Albania). Y el primer asalto ha resultado en derrota para la líder italiana que, no obstante, busca como parchear una medida de sus medidas estrella en una materia tan sensible para los suyos como la inmigración. Mientras, los 12 refugiados que todavía permanecían en el campo de internamiento de Gjadër, procedentes de Egipto y Bangladesh, ya están en el puerto de Bari, tras regresar a Italia aa bordo de una embarcación de la guardia costera.

Lo hacen tras la decisión del tribunal romano de este viernes, en el que la sección de Inmigración del juzgado de primera instancia de la capital ha sido clara: los migrantes procedían de países declarados como no seguros por una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, esta sentencia declara que 15 de los 22 países que el Ejecutivo italiano consideraba como seguros para poder realizar el desvío de inmigrantes a Italia no lo son. En esta lista formaban parte territorios como Libia o Túnez, es decir, las principales rutas de llegada por mar a Italia.

El resultado de este primer choque estaba anticipado, pero es solo la primera instancia del plan de Meloni, que ahora deberá pulir para sortear a una judicatura a la que miembros de su Consejo de Ministros acusan de actuar "ideológicamente". Fue el caso del propio ministro de Interior, Matteo Piantedosi, que también anunció una reunión del Ejecutivo para abordar los agujeros legales del plan migratorio. La propia Meloni incidió en que no cree "que sea competencia del poder judicial establecer qué países son seguros y cuáles no, esta es una competencia del Gobierno".

El Gobierno de coalición de Meloni inicia así un nuevo choque institucional en un país acostumbrado a los garrotazos entre las máximas instancias del Estado, al que también se ha sumado el ministro de Justicia, Carlo Nordio, este mismo sábado desde Palermo. "No compartimos la sentencia y la consideramos anormal", ha señalado. Ha matizado, eso sí, que no se trata de un rechazo al poder judicial en su conjunto, solo al fallo del juzgado de Roma.

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"Si el Poder Judicial se excede en competencias atribuyéndose prerrogativas que no puede tener, como definir qué es un Estado seguro, debe intervenir una política que exprese la voluntad popular", ha añadido el titular de Justicia, pese a que la decisión viene marcada por una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de aplicación obligada en el conjunto de la UE. En ella, se señala que los Estados miembros no pueden declarar un país como seguro si esta etiqueta no aplica para la totalidad del territorio de procedencia, así como para todos sus ciudadanos.

Así pues, el señalamiento del Ejecutivo italiano traspasa los Alpes y va directo al corazón de Bruselas, donde el discurso migratorio está a la orden del día y en el que el experimento italiano está siendo estudiado por varios países. Meloni se sabe con fuerza en Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acudió el pasado jueves a la cumbre migratoria que la italiana encabeza y se abrió a explorar la vía abierta desde el Palacio de Chigi para el conjunto de los Veintisiete.

Mientras, al puerto de Bari han llegado esos 12 inmigrantes varones procedentes de Bangladesh y Egipto. Algunos de ellos, víctimas de torturas, han completado un periplo que los llevo de Italia a Albania y, sentencia mediante, de vuelta a suelo italiano apenas 3 días después de estrenar el centro de detención en suelo albanés.