En la plaza de Mellieha, un pueblo del norte de Malta, una pequeña tienda pasa desapercibida ante los ojos de un grupo de turistas. El letrero reza “Fieldsports, pesca y aventura” y su escaparate muestra cañas de pescar y productos de caza.
Una investigación de
Diseño
Desarrollo
Los cuadros del texto representan la cara oculta, la cara B de la historia
Tras la apariencia irrelevante de este negocio, se esconde la tercera empresa que más dinero recibe de España para equipar a regímenes africanos con vehículos blindados, drones y demás tecnología punta destinada a reprimir los flujos migratorios.
A 1.600 kilómetros de Malta, en un edificio imponente del distrito de Moncloa de Madrid, está la sede de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Lo primero que pregunta la recepcionista al entrar es “¿de qué empresa vienen ustedes?”. Esta es la agencia que usa el gobierno de España para contratar a empresas como Fieldsports. La FIIAPP depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y en su web se presenta como un organismo de “cooperación internacional”.
En realidad, esta agencia es la encargada de transferir tecnología, equipamiento y entrenamiento a los regímenes de África subcontratados por España y la Unión Europea para contener la inmigración irregular. Actualmente, gestiona un centenar de proyectos, valorados en casi 500 millones de euros.
Principales contratistas de la FIIAPP
El dinero que la UE y España gastan en control migratorio representa un nuevo nicho de mercado en el que compañías como Fieldsports facturan grandes sumas y se benefician de contratos públicos opacos, a menudo adjudicados sin concurso. Tras analizar más de un millar de estos contratos, acceder a documentos confidenciales y realizar medio centenar de entrevistas en ocho países, una investigación de El Confidencial y la Fundación porCausa revela la cara oculta detrás de la externalización del control de fronteras y el rol destacado de España en estas políticas.
Un proyecto fallido
En marzo de este año, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, visitó Mauritania junto a la comisaria europea de Interior para reunirse con el presidente del país africano y firmar nuevos acuerdos sobre migración. En este viaje, Marlaska destacó uno de los proyectos estrella de España en África desde 2016: GARSI Sahel, un programa inspirado en los Grupos de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, que nacieron con el objetivo de contrarrestar a ETA. Ahora, esta experiencia antiterrorista se aplica a la lucha contra los flujos migratorios y la inseguridad en zonas fronterizas. Este proyecto ha creado, entrenado y equipado a unidades de élite de Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Chad y Níger. Recientemente, FIIAPP anunció una tercera fase para GARSI con 10,8 millones de euros de presupuesto que sopesa extender el proyecto a los países del Golfo de Guinea, como Ghana, Costa de Marfil, Togo o Benín.
'Despliegue del proyecto GARSI en África'
La Comisión Europea encargó un informe interno para evaluar este proyecto, por el que desembolsó 74 millones de euros hasta 2023. El documento, al que tuvo acceso esta investigación, dibuja un panorama alejado de los éxitos de los que presume Grande-Marlaska. Describe en detalle el caos, la opacidad, el despilfarro y la falta de control que desde el primer momento convirtieron a GARSI en un proyecto fallido.
Entre otros asuntos, el informe interno afirma que la FIIAPP destinó "al menos 12 millones de euros" a “gastos poco meditados e injustificados” sobre los que esta agencia se niega a aportar información. Los evaluadores critican que tuvieron vetado el acceso a contratos públicos y otros documentos. También señalan serias limitaciones a la hora de trabajar sobre el terreno e impedimentos para hablar con la población local sobre el impacto de estas unidades de élite en su vida cotidiana. El mismo documento alerta de los "insuficientes resultados" del proyecto y destaca la necesidad de "reforzar los derechos humanos". Agrega asimismo, de forma explícita, que la experiencia contra una banda terrorista como ETA no funciona en África porque “el entorno geográfico, climático y sociocultural-religioso es radicalmente distinto al de España o Europa”. Los 74 millones de euros de este presupuesto sirvieron para detener a un total de 1.213 migrantes entre 2017 y 2021, una cifra “insuficiente” para justificar el coste. "Con demasiada frecuencia" los países africanos que participan en GARSI ven este proyecto meramente como "una oportunidad de beneficiarse de estas contribuciones de la UE", reza el informe.
La lista de problemas en torno a estas unidades entrenadas y equipadas por España no termina ahí. El documento interno también denuncia que “el uso que se ha hecho de [las unidades GARSI] no corresponde al mandato ni a las misiones” asignadas inicialmente y da cuenta de que estas unidades han sido desviadas “para llevar a cabo otras misiones”. Dos fuentes involucradas en la elaboración de este documento interno afirman haber recibido presiones para rebajar el tono crítico de su contenido. El informe corrió a cargo de Altair, la consultora en la que antes trabajó Tobías Jung, actual secretario general de la FIIAPP. La fundación declina responder acerca a las acusaciones sobre esas presiones y argumenta que la contratación de Altair fue decidida por la Comisión Europea y la consultora afirma que el informe fue elaborado con “absoluta profesionalidad”.
La FIIAPP en el punto de mira
La Justicia española sospecha que GARSI y otros proyectos de la FIIAPP habrían servido de fachada para desviar fondos públicos y facilitar el pago de sobornos. Las autoridades europeas también ha tomado cartas en el asunto. En marzo de 2023, los funcionarios de la Oficina Antifraude de la UE registraron las oficinas de esta agencia en Madrid en busca de pruebas por posible malversación de fondos.
El Juzgado de Instrucción nº4 de Tenerife y la Fiscalía Anticorrupción investigan el esquema de sobornos y desvío de fondos públicos que salpica a la FIIAPP y su gestión del proyecto GARSI. La trama involucra a varios empresarios y figuras como el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, más conocido como "Tito Berni", y a Francisco Espinosa, general de división de la Guardia Civil. Uno de los elementos clave de la trama está en la adjudicación de varios contratos para suministrar drones a países africanos, según el sumario al que tuvo acceso esta investigación.
Fuentes cercanas a la investigación destacan que la indagatoria no está siendo nada fácil. En abril de ese mismo año la Justicia pidió a la FIIAPP varios contratos sospechosos y la agencia se negó a entregar los documentos, argumentando que había sido víctima de un ciberataque. Un mando de la Guardia Civil y un funcionario de la oficina antiblanqueo (Sepblac) conocedores de este asunto, y que acceden a hablar en condición de anonimato, afirman que no se trató de un ciberataque, sino de un borrado intencionado para ocultar y destruir pruebas incriminatorias. Tras ser consultada por los autores de este reportaje, la FIIAPP negó haber destruido cualquier prueba y afirmó que "coopera diligentemente con todas las entidades judiciales y fiscalizadoras que lo han solicitado". El CNI señaló que no podía hacer comentarios al respecto.
Senegal: represión ‘made in Spain’
En marzo 2021, cientos de protestas en defensa de la democracia estallaron en Senegal a raíz de la detención de Ousmane Sonko, líder de la oposición. La tensión social alcanzó niveles insólitos a mediados de 2023, cuando la Justicia senegalesa condenó a Sonko, una figura muy popular entre los jóvenes. A ojos de muchos, esta decisión judicial estuvo influida por el presidente Macky Sall, quien llevaba en el poder desde 2012 y había pospuesto de forma indefinida la celebración de elecciones. El gobierno respondió movilizando a sus fuerzas policiales para reprimir con dureza las protestas y perseguir a las voces más críticas. Miles de jóvenes senegaleses huyeron del país. La ruta migratoria hacia Canarias se reactivó y alcanzó récords históricos. Tan solo en 2023, el ministro Grande-Marlaska viajó a Dakar tres veces para firmar nuevos acuerdos de cooperación antimigratoria. Senegal cuenta con un despliegue permanente de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que educan, entrenan y luchan contra la inmigración irregular junto con las fuerzas senegalesas.
En febrero, una investigación de porCausa desveló que el gobierno de Senegal usó vehículos blindados entregados por España para reprimir a los manifestantes. En estas operaciones represivas, participaron unidades de la gendarmería senegalesa entrenadas por la Guardia Civil. La investigación reveló que el gobierno senegalés estaba usando los “regalos antimigratorios” de España contra sus ciudadanos, generando justamente el efecto contrario al empujar a muchos de ellos a abandonar el país y poner rumbo al archipiélago canario. Las unidades senegalesas que participaron en estas operaciones violentas habían sido equipadas y entrenadas por España en el marco del proyecto GARSI. La Comisión Europea inició, a instancias del Parlamento Europeo, una investigación al respecto, pero la cerró poco después, señalando que la represión fue legal en el contexto jurídico de Senegal. La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados también prepara un informe sobre las acciones del Ejecutivo senegalés. La FIIAPP alega que "el uso de estos suministros es responsabilidad de las administraciones beneficiarias en el marco de su actuación soberana".
'Regalos antimigratorios' de la FIIAPP por producto y país de destino (2018-2024)
'Regalos antimigratorios' de la FIIAPP por categoría y país de destino (2018-2024)
'Regalos antimigratorios' de la FIIAPP por valor (€) y país de destino (2018-2024)
(en millones de euros)
El desorden de las operaciones antimigratorias de España en África tiene consecuencias más allá de las violaciones de derechos humanos. Varias fuentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil con experiencia en el Sahel afirman que este descontrol estaría alimentando los arsenales de organizaciones yihadistas y paramilitares, como los mercenarios rusos de Wagner que operan en la región, a menudo en connivencia con los gobiernos a los que España entrena y equipa.
Una nota de inteligencia a la que tuvo acceso esta investigación detalla varios episodios en los que la organización yihadista Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), con presencia en el Sahel, se hizo con dos vehículos suministrados por la FIIAPP tras un ataque en Dinangourou (Mali) el pasado 20 de diciembre. El mismo grupo terrorista se apropió de otros tres vehículos blindados regalados por España a Mali a raíz de un choque cerca de la ciudad de Farabougou el pasado 12 de diciembre. Un diplomático español relata la tensión vivida durante varias reuniones secretas con representantes de los gobiernos de Mali y Níger, en presencia de embajadores europeos y un mando de la Guardia Civil. Según esta fuente, se trataron episodios de corrupción que facilitarían que vehículos y materiales donados por España terminen en manos de grupos yihadistas y mercenarios de Wagner. La Comisión Europea dice no estar al tanto de esta información y señala que suspendió sus actividades en Mali, Burkina Faso y Níger debido a "la situación política actual". La FIIAPP declina responder al respecto.
En diversas entrevistas a puerta cerrada, dos directivos de la FIIAPP reconocen que no cuentan con ningún protocolo o mecanismo para hacer un seguimiento de los vehículos y tecnología que entregan a estos gobiernos. En sus respuestas oficiales, esta agencia española cambia de parecer y asegura que sus proyectos respetan los derechos humanos.
Destierros patrocinados por España y la UE
En febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitaron Mauritania. Ambos mandatarios despacharon con el presidente del país y le ofrecieron 210 millones de euros para reforzar la lucha contra la inmigración irregular. En el palacio presidencial de Nouakchott, Sánchez definió a este país como "la única democracia de la región". La última visita de Sánchez a este país africano tuvo lugar a finales de agosto y tuvo como objetivo la firma de nuevos acuerdos antimigratorios.
A un kilómetro del lugar donde Sánchez y Von der Leyen se encontraron con el líder mauritano se encuentra la cárcel de migrantes en la que cada año las autoridades del país encierran a miles de hombres, mujeres y niños para después abandonarlos en el desierto. Mauritania entrega a la policía española listas con el nombre y nacionalidad de los migrantes desterrados en zonas remotas. Varios informes internos de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones también dan cuenta de estas prácticas.
En mayo, 15 países de la Unión Europea pidieron construir centros de detención de migrantes en países extracomunitarios. La idea se inspira en un proyecto del gobierno de Georgia Meloni (Italia) para recluir a migrantes y refugiados en Albania. España se posicionó públicamente en contra de esta medida, pero la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez choca con la realidad en terreno. Esta investigación accedió a varios contratos que revelan que el Gobierno español está construyendo dos centros de detención de migrantes en Mauritania, uno en Nouadhibou, al norte del país, y otro en la capital, Nouakchott. Las obras corren a cargo de la FIIAPP y son supervisadas por un subinspector de la Policía Nacional española a sueldo de esta agencia.
Abandonos ‘made in Spain’
Varios de los vehículos que las autoridades mauritanas usan para detener y abandonar a migrantes en zonas remotas son de la misma marca, modelo y año de fabricación que los 32 suministrados por FIIAPP a este país entre enero de 2018 y mayo de 2024. Un alto cargo de la cárcel de migrantes de Nouakchott afirma que los autobuses utilizados en estos traslados forzosos a zonas remotas son suministrados y financiados por España, según un audio al que tuvo acceso esta investigación. Una fuente diplomática europea, un militar mauritano y un agente de la Guardia Civil con amplia experiencia en Mauritania corroboran esta información. Diversos mandos mauritanos involucrados en estos abandonos en el desierto realizan viajes a Canarias con todos los gastos pagados para participar en eventos organizados por la FIIAPP. El último de estos viajes tuvo lugar en febrero de este año. Esta situación se reproduce en Marruecos, país al que la FIIAPP transfirió al menos 350 todoterrenos y otros 94 vehículos en el mismo periodo.
“Desde 2018, la FIIAPP (Ministerio de Asuntos Exteriores) ha enviado a países africanos regidos por gobiernos autoritarios al menos 531 vehículos todoterreno, 24 blindados, 38 buggies y quads, 50 camiones, 122 motocicletas, 8 embarcaciones y 36 drones.”
Sady es un joven maliense de 26 años. La presencia de grupos yihadistas en su región le empujó a migrar y decidió instalarse en Nouakchott, capital de Mauritania, donde empezó a ganarse la vida trabajando como albañil. Su plan era quedarse allí y mandar dinero a su familia hasta que la situación de su país le permitiera volver.
En 2019, cuando llevaba cuatro meses viviendo en la capital mauritana, las autoridades del país le detuvieron mientras esperaba en una rotonda a que alguien le ofreciera un trabajo. Los agentes prometieron liberarle si pagaba 10.000 uguiyas, equivalentes a unos 230 euros. Sady no tenía ese dinero ni podía pedir ayuda a familiares. Los agentes le quitaron todas sus pertenencias y lo mantuvieron encerrado dos días sin agua ni comida.
En esa cárcel, dos policías españoles lo fotografiaron. Esta investigación pudo identificar a uno de esos individuos, R.O.C., miembro de JUSAPOL, una asociación policial vinculada a la extrema derecha. Acto seguido, los agentes mauritanos maniataron a Sady y lo subieron a un autobús junto a una treintena de migrantes. Tras 15 horas de viaje, los abandonaron a 1.000 kilómetros de distancia, cerca de Gogui, en la frontera entre Mauritania y Mali. Precisamente, el puesto fronterizo de esa localidad está equipado por la FIIAPP. Sady no fue torturado, pero otros detenidos de su misma celda sí recibieron golpes de la policía mauritana. Esta investigación pudo acreditar que al menos 21 niños –algunos aún en edad lactante– estuvieron encerrados en esa misma cárcel entre marzo y abril de este año.
Sady sobrevivió. Tras 10 días deambulando, logró volver a Nouakchott. Este joven nunca tuvo en mente la opción de irse a España, pero tras ser abandonado en el desierto sus planes cambiaron. “Mi plan era vivir aquí hasta que pudiera regresar a Mali, pero esto es una mierda, me voy a Europa”, afirmó. La primera vez que subió a un cayuco rumbo a Canarias fue interceptado por los Guardacostas mauritanos y la Guardia Civil. A la segunda fue la vencida. El pasado 18 de enero, Sady llegó a la isla de El Hierro. Desde entonces, se pasa el día tratando de conseguir una cita en alguna oficina de Extranjería para pedir asilo, sin éxito.
El Ministerio del Interior de España y los gobiernos de Mauritania, Senegal, Mali y Níger no respondieron a ninguna de las preguntas formuladas por El Confidencial y la Fundación porCausa. La Oficina Antifraude de la Unión Europea declina responder, alegando razones de confidencialidad.
Metodología
Para elaborar este especial, los periodistas de la Fundación porCausa y El Confidencial combinaron herramientas tradicionales del periodismo de investigación, el reporterismo en terreno, el periodismo de datos y el uso de técnicas OSINT, con una amplia apuesta por la innovación en visualización.
La base de datos de contratos públicos adjudicados por la FIIAPP incluye más de 600 licitaciones relacionadas con la política de externalización del control fronterizo del Gobierno de España, obtenidas a través de técnicas informáticas avanzadas. Puede solicitar acceso a esa base de datos enviando un email a jose.bautista@porcausa.org.
Como parte de este trabajo, desde mayo de 2023 el equipo de periodistas de esta investigación tramitó medio centenar de solicitudes de información pública a la FIIAPP (Ministerio de Asuntos Exteriores), que declinó facilitar los datos solicitados a pesar de las resoluciones favorables del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
En total, esta investigación entrevistó a una treintena de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fuentes diplomáticas, personas migrantes, altos cargos políticos y funcionarios públicos en España, Bélgica, Francia, Malta, Marruecos, Mauritania, Senegal y Túnez.
Han colaborado: