La Justicia europea da indirectamente un varapalo a Pedro Sánchez al anular los acuerdos con Marruecos
Rabat exige a la UE que "respete sus compromisos internacionales" aunque estos hayan sido declarados ilegales por el Tribunal de Justicia y anuncia que no firmará ningún acuerdo que excluya al Sáhara Occidental
Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anulan los acuerdos de pesca y de asociación con Marruecos son un varapalo para el presidente Pedro Sánchez y para todos aquellos que en los últimos años se alinearon con la solución que propugna Rabat para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Esta consiste en otorgar a la antigua colonia una autonomía limitada, sorteando el referéndum de autodeterminación pactado en 1991 entre Rabat y el Frente Polisario bajo los auspicios de Naciones Unidas.
Las sentencias, que son inapelables, corren el riesgo de desatar tensiones entre la UE y el vecino marroquí, según vaticinan fuentes comunitarias. España, eslabón débil de esa relación, ya padeció en otras ocasiones las consecuencias de los enfados de Rabat con la Comisión Europea.
Sánchez hizo su gran concesión sobre el Sáhara Occidental en la carta que envió, el 14 de marzo de 2022, al rey Mohamed VI. Algunos otros gobiernos europeos (Alemania, Países Bajos, Bélgica, etcétera) hicieron después otro tanto, pero con menos rotundidad. Solo el presidente francés, Emmanuel Macron, le superó en la felicitación que envió al monarca, el 30 de julio, con motivo de la Fiesta del Trono. Reino Unido e Italia han rehusado dar ese paso.
El Tribunal de Justicia de la UE pronunció este viernes tres sentencias en las que antepone el principio de autodeterminación de los saharauis. En las dos primeras anula los acuerdos de pesca y asociación entre Bruselas y Marruecos porque "el pueblo del Sáhara Occidental no prestó su consentimiento". Instancias jurídicas europeas inferiores emitieron desde 2015 siete veredictos sobre este contencioso que ya anticipaban la decisión definitiva.
En casi todas esas batallas jurídicas estuvo, junto a las asociaciones que defendían los intereses de Marruecos, la Abogacía del Estado español. Actuó primero por encargo del Gobierno de Mariano Rajoy y siguió haciéndolo después con el de Pedro Sánchez. El Polisario estuvo representado por el bufete Devers de Lyon, que logró "una victoria histórica", según el comunicado del movimiento saharaui.
El acuerdo de pesca ya había expirado, en julio de 2023, cuando salieron los últimos barcos de las aguas de Marruecos y, sobre todo, del Sáhara Occidental, donde está el principal banco pesquero. El acuerdo de asociación, que es sobre todo agrícola, está plenamente en vigor. El tribunal no lo extingue de inmediato "habida cuenta de las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión". Quedará plenamente anulado dentro de un año.
La fórmula sería parecida a la que la UE aplica a los productos de los asentamientos de población judía en Cisjordania
Una tercera sentencia, de inmediata aplicación, obliga a etiquetar los tomates y melones que se exportan del Sáhara Occidental a Europa como originarios de ese territorio y no de Marruecos. La fórmula sería parecida a la que la UE aplica a los productos de los asentamientos de población judía en Cisjordania.
Como Rabat siempre se ha negado a ello, esas dos frutas del Sáhara dejarán de venderse en la UE.
El malestar que suscitan las sentencias en Marruecos quedó primero puesto de manifiesto por los titulares de la prensa. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea socava la soberanía marroquí, afirmaba, por ejemplo, en portada el diario digital Hespress, el de mayor audiencia.
Después vino la reacción oficial mediante un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí en tono algo amenazante. Empieza por descalificar las sentencias que contienen "evidentes errores jurídicos y sospechosos errores de hecho" además de "una flagrante parcialidad política".
A continuación, Rabat "exige que el Consejo, la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE tomen las medidas necesarias para respetar sus compromisos internacionales, preservar los logros de la asociación y proporcionar al Reino la seguridad jurídica (...)". Les insta así a desobedecer unas sentencias de obligado cumplimiento.
Anuncia, por último, que "no suscribirá ningún acuerdo que no respete su integridad territorial y su unidad nacional", es decir, que no incluya al Sáhara. Imposibilita, por tanto, que dentro de un año, cuando quede anulado el actual acuerdo, la Comisión Europea pueda suscribir uno nuevo que excluya al territorio de la antigua colonia española.
El enfado diplomático marroquí era previsible. El propio Mohamed VI recalcó en varios discursos, especialmente en agosto de 2022, que la relación de su reino con la UE y con los países que la componen dependía de la posición que estos adoptaran sobre lo que él llama el "Sáhara marroquí".
El reconocimiento del Sáhara Occidental
"El asunto del Sáhara es el prisma a través del cual Marruecos considera su entorno internacional", afirmó el monarca. Es así, añadió, "como mide la sinceridad de sus amistades y la eficacia de las relaciones que establece". En esa misma alocución de hace dos años, el soberano alauí se alegró del cambio de posición de España.
En anteriores ocasiones, Rabat ya mostró su descontento por sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que entonces ni siquiera eran firmes. Ceuta padeció, en febrero de 2017, el mayor salto a la valla de emigrantes subsaharianos. Entraron cerca de 800 en la ciudad.
Aziz Akhannouch, que entonces era ministro de Agricultura y hoy en día primer ministro, explicó lo sucedido ante la prensa. "¿Cómo queréis que hagamos el trabajo de bloquear la emigración africana y hasta la marroquí si hoy Europa no quiere trabajar con nosotros?".
Desde que Pedro Sánchez destituyó, para complacer a Marruecos, en julio de 2021, a Arancha González Laya como ministra de Asuntos Exteriores, la relación de España con el vecino del sur ha ido mejorando a base de concesiones del Gobierno español, sin apenas contrapartidas por parte de Rabat. Prueba de ello es que las aduanas de Ceuta y Melilla, que Sánchez anunció el 7 de abril de 2022, no existen.
Ahora el Ejecutivo va a esforzarse porque las tres sentencias no la perturben. José Manuel Albares, el sustituto de Laya, rehusó comentar el pronunciamiento del tribunal cuando compareció este viernes en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. No reconoció que la Comisión había incumplido, con el apoyo de España, el derecho internacional y europeo al concluir tales acuerdos con Marruecos.
"Lo estamos viendo ahora en Ceuta y Melilla, en la defensa de nuestras fronteras"
Albares insistió, en cambio, en "lo importante que es la asociación estratégica entre la UE y Marruecos" y sus frutos para España. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante, Josep Borrell, se expresaron en términos parecidos en un comunicado conjunto publicado en portada de la prensa marroquí.
Uno de esos frutos, dijo Albares el viernes, "lo estamos viendo ahora en Ceuta y Melilla, en la defensa de nuestras fronteras". A mediados de septiembre, las fuerzas de seguridad marroquíes se emplearon a fondo en abortar una entrada masiva de migrantes en Ceuta, pero una semana después llegaron más de mil "sin papeles" a Lanzarote y Fuerteventura procedentes del sur de Marruecos y del Sáhara Occidental.
El bufete Devers se prepara ahora para nuevas batallas jurídicas. Una de ellas consistirá en pedir a la Comisión Europea que solicite a Marruecos que devuelva las cantidades cobradas por permitir a la flota comunitaria faenar en aguas del Sáhara Occidental. Otra será denunciar ante la Justicia europea el acuerdo aéreo de la UE con Marruecos, que también abarca al territorio de la antigua colonia española.
Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anulan los acuerdos de pesca y de asociación con Marruecos son un varapalo para el presidente Pedro Sánchez y para todos aquellos que en los últimos años se alinearon con la solución que propugna Rabat para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Esta consiste en otorgar a la antigua colonia una autonomía limitada, sorteando el referéndum de autodeterminación pactado en 1991 entre Rabat y el Frente Polisario bajo los auspicios de Naciones Unidas.
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