El TJUE tumba los acuerdos entre la UE y Marruecos que incluyen el Sáhara Occidental
La justicia europea señala que se vulneraron los derechos del pueblo saharaui en la conclusión de los acuerdos pesqueros y agrícolas entre la Unión Europea y Marruecos
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el intérprete último del derecho de la Unión, ha considerado que los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos en materia pesquera y agrícola, que incluían el territorio saharaui, requería del consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. Este constituye “una condición de validez” para el pacto.
El alto tribunal de Luxemburgo recuerda que “ese consentimiento no existe en los presentes asuntos”, y que por lo tanto debe suspenderse el acuerdo agrícola, al que da doce meses de prórroga ante los posibles efectos negativos de su eliminación. En el caso del acuerdo pesquero, este lleva expirado desde julio de 2023, por lo que no tiene ya efectos.
El TJUE admite que la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) realizaron consultas a la población del Sáhara Occidental, “en el sentido de sus habitantes actuales”. Sin embargo, estos, “en su mayor parte no pertenecen a ese pueblo”, ya que “gran parte del referido pueblo vive en el exilio desde los años setenta y ha encontrado refugio en Argelia”, señala el tribunal.
Sin embargo, también explica que el consentimiento puede expresarse de manera implícita cuando el acuerdo “no crea obligaciones para ese pueblo y prevé en favor de este último una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable derivada de la explotación de los recursos naturales de ese territorio”. El alto tribunal de Luxemburgo concluye que no se dan las condiciones para considerar que pueda existir un consentimiento implícito por parte del pueblo saharaui, y es ahí donde está la clave de su decisión final.
En 2021 el Tribunal General de la UE (TUE), una instancia inferior, dictaminó que el acuerdo pesquero y agrícola entre la Unión y Marruecos de 2018 debía ser suspendido porque incluía aguas y territorio del Sáhara Occidental sin consentimiento de su población y sin que se pudiera considerar parte del Reino de Marruecos. Además, también señalaba que no se había consultado con los saharauis su consentimiento a ser incluidos en el acuerdo. En todo caso, el tribunal decidió mantener en pie los efectos de los acuerdos, que son especialmente relevantes para los pesqueros españoles que faenan en aguas saharauis, a la espera de que el TJUE emitiera un dictamen final.
La abogada general de la UE, en una opinión no vinculante, ya solicitó suspender el acuerdo pesquero, aunque recomendó al alto tribunal de Luxemburgo que mantuviera el acuerdo arancelario entre ambas partes porque en ese texto sí que se trataba de manera diferenciada al Reino de Marruecos y al Sáhara Occidental. La abogada general se distanció de alguna manera de la decisión del TUE, especialmente en lo que se refiere a la consulta al pueblo saharaui y que el Frente Polisario pueda ser considerado como un representante de los intereses del mismo.
Además, este mismo viernes el TJUE se ha tenido que pronunciar respecto a un asunto prejudicial francés por la denuncia de una asociación de agricultores franceses que exigieron al Gobierno galo que se prohibiera la importación de tomates cereza y melones recolectados en el Sáhara Occidental al considerar que ese territorio no pertenece al Reino de Marruecos, a pesar de lo cual llevan etiquetas de ser productos marroquíes. El TJUE ha señalado que esos productos deberán, en todo caso, llevar un etiquetado del Sáhara Occidental y no de Marruecos.
Un largo camino
El culebrón es largo porque los actuales acuerdos ya se negociaron en el marco de decisiones de la justicia europea que indicaban que solamente eran aplicables al territorio del Reino de Marruecos y no al saharaui. Esas sentencias, de 2016 y 2018, llegaron justo cuando tocaba renovar el acuerdo pesquero, así que la Comisión Europea trató de poner un parche haciendo algunas consultas con actores regionales antes de volver a poner en pie el acuerdo en 2018, pero el Frente Polisario impugnó los nuevos acuerdos ante el Tribunal General, que le dio la razón. La Comisión y el Consejo de la Unión Europea recurrieron la sentencia ante el Tribunal de Justicia.
“No puede considerarse que las gestiones emprendidas por las autoridades de la Unión antes de que se celebraran los acuerdos controvertidos permitieran obtener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental respecto de dichos acuerdos”, explicó la sentencia del Tribunal General en 2021.
“El Tribunal General acoge la alegación del Frente Polisario mediante la que alega que no se ha respetado la exigencia relativa al consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, en su calidad de tercero respecto de los acuerdos controvertidos, en el sentido del principio de efecto relativo de los Tratados”, añadió.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el intérprete último del derecho de la Unión, ha considerado que los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos en materia pesquera y agrícola, que incluían el territorio saharaui, requería del consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. Este constituye “una condición de validez” para el pacto.