Cinco "hijas del pecado" de Bélgica demandan al Estado

No solo eran ilegales. También suponían una fuerte amenaza para el sistema colonial. Léa Tavares Mujinga, Monique Bintu Bingi, Noëlle Verbeken, Simone Ngalula y Marie-José Losh son cinco de los miles de bebés secuestrados y separados de sus familias durante la colonización de Bélgica en el Congo, que se prolongó desde 1908 hasta 1960. Su delito: ser fruto de la unión de un ciudadano europeo y una mujer africana. Ahora sientan al Estado belga en los tribunales en un juicio histórico que no tiene parangón en Europa.

Las cinco mujeres, nacidas entre 1946 y 1950, fueron arrancadas de las manos de sus madres durante sus primeros años de edad. Una práctica orquestada por oficiales belgas con la colaboración y complicidad de la iglesia. Representan una pequeña parte de los miles de niños mestizos — bautizados como métis — sobre los que el Estado belga emprendió una orden de búsqueda y captura refrendada por decreto. Consideraban que carentes del reconocimiento de un padre, eran huérfanos. Tras un cambio de identidad, eran enviados a orfanatos, internados y conventos, la mayoría de corte religioso y situados a centenares de kilómetros de sus hogares. De facto, se trató de secuestros camuflados bajo el propósito de otorgarles una "educación europea".

Su piel les dejaba en terreno de nadie. Eran unos apestados, los vástagos de la "vergüenza", "del pecado" y de las "prostitutas". "Ni blancos, ni negros. Éramos hijos de padres desconocidos, hijos del pecado, apartados de todos los demás", afirmaba hace unos años una de las víctimas y demandantes, en declaraciones que recogen medios belgas.

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Su pecado fue el de ser niñas mestizas, una práctica muy perseguida durante más de medio siglo que se prolongó el periodo colonial. Se calcula que durante este periodo nacieron entre 15.000 y 20.000 niños mestizos en el Congo, Ruanda y Burundi. Las relaciones entre europeos y locales no solo estaban prohibidas por ley. La fusión entre un colono y una nativa "manchaba" la reputación de la supremacía blanca y dinamitaba la inquebrantable línea entre unos y otros. Además, abría la puerta a un futuro alzamiento o rebelión que pondría en riesgo toda la estructura colonial.

La demanda inicia el camino de un caso judicial cuya naturaleza no tiene precedentes en Europa. En 2021, las cinco denunciantes ya acusaron al Estado belga de cometer crímenes contra la humanidad por su política de segregación racial. Perdieron esta primera batalla con el rechazo del tribunal, que alegó la imposibilidad de juzgar unos delitos, como la segregación racial de niños, que no existían en el momento de los hechos denunciado. Pero no están dispuestas a rendirse y han recurrido ante el tribunal de apelación. El nuevo juicio se ha desarrollado este lunes y martes y todavía no hay fecha fijada para la sentencia. La gran pregunta que tiene por delante la corte civil continúa siendo la misma: ¿se pueden o no juzgar los delitos que no eran tal en la época en cuestión?

Léa, Monique Bintu Bingi, Noëlle, Simone y Marie-José exigen una compensación por la discriminación que sufrieron hace siete décadas y que les ha dejado marca para toda la vida.

Bélgica mira a los ojos de su brutal pasado colonial

Por lo pronto, el país se ha limitado a reconocer los hechos y pedir perdón a los miles de hijos mestizos separados de sus familias a la fuerza en África Central. "En nombre del gobierno federal belga, pido disculpas a los mestizos durante la colonización belga y a sus familias por las injusticias y el sufrimiento que han sufrido. Quiero expresar también nuestra compasión hacia las madres africanas, a cuyos hijos les fueron arrebatados", afirmó en 2019, el por entonces primer ministro belga y actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Fueron las primeras palabras del reconocimiento de abusos cometidos durante la brutal colonización belga. Al rey Leopold II, que poseyó todo el Congo a título personal entre 1885 y 1908, se le atribuye la muerte y prácticas salvajes a millones de personas.

Un año después de las palabras de Michel, el rey belga Felipe mostró "su pesar" por los actos de violencia cometidos por los belgas en la ahora bautizada como República Democrática del Congo. Desde entonces, el país ha iniciado un camino de investigación, verdad y memoria. Las víctimas agradecen las palabras, pero quieren hechos y sobre todo, reclaman justicia, en forma de una indemnización de 50.000 euros y de acceso a los documentos oficiales que detallan su pasado.

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Y es que la pesadilla no terminó con la llegada de la independencia del país, en 1960. Relatan que no les permitieron subir a los camiones de la ONU, solo aptos para blancos. Monique Bitu Bingi detalla en la televisión pública belga RTBF cómo las monjas las abandonaron. "Nos dijeron que regresáramos a nuestra casa. Caminamos más de 200 kilómetros para buscar a nuestras madres. Yo tenía 11 años. Estábamos en medio de los rebeldes. Imagínense lo que nos hicieron. A veces no puedo dormir".

Como responsable de su tutela, el Estado belga repatrió a muchos de estos niños mestizos. El propio Michel reconoció que este traslado "se llevó a cabo separando a los hermanos y provocó pérdidas de identidad" debido a diferentes cambios de nombres, apellidos y fechas de nacimiento. A este calvario se unió la dificultad de comenzar una nueva vida sin ser considerados ciudadanos de este país debido a la falta de identificación y de reconocimiento de los padres.

Muchos de ellos todavía luchan por "existir" en el país. Paul Totoro se convirtió hace tan solo dos años en el primer niño métis en recibir un certificado de nacimiento. "Es inconcebible la injusticia que el poder colonial cometió contra los mestizos en aquella época. Se los discriminó y estigmatizó. El Estado belga es responsable de la falta de certificados de nacimiento y debe solucionar este problema", aseguró por entonces el ministro de Justicia federal, Vincent Van Quickenborne, en un comunicado de prensa.