¿Te imaginas elegir a los jueces por voto popular? El 'regalo de despedida' de AMLO para México

A partir de 2025, las personas que voten en México tendrán en sus manos una papeleta para elegir quiénes integrarán la Suprema Corte de Justicia. O más de una, pues tendrán que votar también por la integración del Tribunal electoral, personas magistradas y juezas federales. Y cuando se sumen jueces y juezas locales, calculan especialistas, podrían ser miles de nombres en cientos de papeletas.

Ese detalle, el de la operatividad de la votación, es una pequeña muestra de las grandes incertidumbres que deja la aprobación el miércoles de una reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que transformará radicalmente el poder político en México. Desde la salud democrática del país y la estabilidad económica, hasta la posible injerencia del crimen organizado en la elección de personas juzgadoras.

Las mismas sesiones legislativas han sido caóticas. Al grito de “el Poder Judicial no va a caer”, decenas de manifestantes irrumpieron en el Senado y los legisladores tuvieron que ser conducidos a una sede alterna mientras la policía les abría paso usando gas lacrimógeno. Escenas similares se repitieron en al menos un par de congresos estatales, donde los trabajadores del PJ intentaron evitar la ratificación de la reforma.

“Vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo”, celebraba el miércoles el mandatario en su tradicional conferencia matutina, una de las últimas antes de que deje el poder el 1 de octubre. Partiendo del mismo discurso con el que ganó las elecciones en 2018, AMLO ha justificado que el objetivo de la reforma es eliminar la corrupción del Poder Judicial, el cuál califica como “al servicio de una minoría rapaz”. El presidente defiende que la reforma alineará al Poder Judicial con las votaciones que en las pasadas elecciones de junio amplió su mandato en el Congreso y en los gobiernos locales al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

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Para las voces críticas, desde la oposición y de miles de trabajadores del Poder Judicial que suspendieron labores, se trata de una vendetta personal y una reforma preocupante que, temen algunos, augura el fin del juego tradicional de contrapesos democráticos. Y es que, afirman, abre la puerta a una influencia política que pone en duda la independencia judicial y donde el oficialismo podría ser, en el sentido más burdo, juez y parte.

‘Una gran despedida’

La transformación judicial fue planteada por AMLO por primera vez como parte de una batería de reformas constitucionales en febrero pasado. En ese momento, su partido estaba lejos de las dos terceras partes en el Legislativo necesarias para hacerlas realidad. Muchos lo vieron como un intento de hacer promoción del voto a su favor. Pero las elecciones de junio pasado, donde resultó elegida Claudia Sheinbaum con un margen que la dejaba a unos cuantos votos de la mayoría calificada en el Congreso, lo cambiaron todo.

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La reforma constitucional reduce el número y el periodo de los ministros de la Suprema Corte y somete sus cargos a un sistema de listas que serían votadas popularmente, junto con aproximadamente 2.000 personas juezas y magistradas federales. Además, reduce los requisitos para ocupar tales cargos, como la profesionalización de la carrera judicial.

Si el contenido es polémico, las formas no se quedan atrás. La legislatura, que asumió funciones el primero de septiembre, aprobó la reforma a marchas forzadas, antes de que AMLO deje el cargo. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, lo dijo hace unas semanas sin ambages: “Queremos que se lleve el Presidente (la reforma) como un gran regalo, como una gran despedida”.

“El fondo se puede hablar y puede ser una discusión jurídica”, considera Erika Mendoza Bergmans, abogada constitucionalista. “Pero en este contexto, la discusión ha dejado de ser jurídica y se ha vuelto un tema de fuerzas políticas. Es una reforma estructural del estado mexicano y no se está debatiendo con el detenimiento y profundidad que el tema amerita”.

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Y es que, para ella y muchas otras personas analistas, la transformación fue planteada por AMLO como un ajuste de cuentas con el Poder Judicial, que en muchas ocasiones sirvió como freno a sus proyectos. Desde iniciativas de gran calado, como reformas en temas de energía y seguridad, hasta suspensiones temporales en sus obras de infraestructura insignia.

“Una lectura de esta reforma estructural es que el gobierno de AMLO ha encontrado en los actuales ministros y jueces un obstáculo o contrapeso a su visión pública y plan de gobierno”, apunta Mendoza Bergmans.

La votación de la reforma avanzó veloz en lo político y a trompicones en la logística. Manifestantes bloquearon la Cámara de Diputados y las personas legisladoras instalaron una sede alterna en un gimnasio, donde sustituyeron las 500 curules por sillas plegables para dar su aprobación durante una madrugada la semana pasada.

Criticas a la reforma judicial

Cuando la discusión comenzó este martes en el pleno del Senado, donde Morena necesitaba ya sólo uno de los 86 votos necesarios, legisladores opositores acusaron que un miembro de su bancada estaba siendo retenido ilegalmente para impedirle llegar al pleno. Al final, un legislador del opositor Partido Acción Nacional (PAN) dio el voto decisivo que, según sus colegas, pactó a cambio de inmunidad para su padre, un exgobernador sobre quien pesan señalamientos de corrupción y pederastia. Una ironía que no pasa desapercibida, tomando en cuenta que una de las promesas de la reforma es acabar con el nepotismo en el Poder Judicial.

Desde Morena, la aprobación de esta reforma es vista también como un regalo también para su sucesora: la posibilidad de que Sheinbaum tenga durante su sexenio un cheque en blanco para evitar que sufra los mismos descalabros que López Obrador con sus reformas y proyectos. “El régimen de corrupción y privilegios se queda cada día más en el pasado”, celebraba la presidenta electa en redes sociales. Desde fuera, el regalo no lo parece tanto: una reforma que le niega a Sheinbaum la “luna de miel” de la que suelen gozar los mandatarios mexicanos, al endilgarle un país en incertidumbre.

Las críticas a la reforma judicial han llegado desde varios frentes: una movilización de estudiantes de derecho que salieron a las calles a manifestarse, cámaras empresariales que advierten un panorama poco atractivo para la inversión extranjera, e incluso una carta del Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, criticando que “si no se hace de manera correcta, puede traer muchísimo daño en la relación”, gesto que le valió a AMLO declarar “en pausa” las relaciones con Washington, un sustantivo que tiene significado sólo en el discurso y nada en lo material. Pero uno de los sectores que más podrían representar un problema para la nueva Presidenta es el Poder Judicial, que en un movimiento inusitado acordó la suspensión de labores, con el respaldo de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia.

"La corrupción va a seguir"

Para Blanca, una trabajadora del Consejo de la Judicatura Federal que prefiere usar un seudónimo, es normal que muchos en su gremio se opongan, pues está en riesgo una carrera de años. El cambio deja en vilo su propio empleo, ya que la reforma ordena crear nuevos órganos que asumirían las funciones actuales de la Judicatura, desde temas administrativos hasta investigar irregularidades por parte de los jueces.

En la actualidad, explica, alcanzar un puesto alto en el Poder Judicial implica forjar una carrera de muchos años de experiencia e hiperespecialización, con exámenes, cursos, y revisiones periódicas llevadas a cabo por la Judicatura.

“Al final ellos tenían este caminito que estaba trazado y que, obviamente, bajo la idea de la meritocracia, ellos podían alcanzar. Aunque no fuera cierto”, asegura, en referencia a las críticas de amiguismo y nepotismo que existen en la institución. “A pesar de que hay exámenes muy arduos, también es cierto que existe la parte de las relaciones. No es lo mismo que un conocido de un ministro o de un magistrado concurse (para obtener un puesto)”.

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Si hay una sola cosa en la que podrían coincidir quienes apoyan y critican la reforma, es que el sistema judicial mexicano necesitaba una sacudida. Una investigación de la organización Quinto Elemento Lab reveló una extensa serie de irregularidades presuntamente cometidas por personas juezas y magistradas, que van desde enriquecimiento ilícito y acoso laboral y sexual, hasta sacar un arma para amenazar a otra magistrada en plena sesión. Muchos de estos casos sin sanciones graves. Además, AMLO ha insistido durante todo el sexenio en limitar los salarios de los ministros y ministras de la Corte, quienes alcanzan remuneraciones por alrededor de 27 mil euros mensuales, casi 80 veces el salario mínimo en México.

Pero la reforma, consideran especialistas, en lugar de ofrecer una alternativa para sanearlo, podría agravar los problemas. Los requisitos se reducen a un título en Derecho con una nota promedio de 8 general, de 9 en materias específicas, de tres a cinco años de experiencia según el cargo y presentar un ensayo de tres cuartillas. Entre quienes apliquen, los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) elegirán a los perfiles que consideren mejores. Estos pasarán a una “tómbola” para un último filtro antes de llegar a la boleta.

De ahí, no está claro cómo y en qué condiciones las personas aspirantes harían campaña, pues la ley prohíbe que se les otorgue financiamiento público o privado. Esto es uno de los puntos que las voces críticas a la reforma destacan, ya que hay quienes consideran que se abre la puerta a la instalación de personas juezas a modo, desde el poder político, empresarial e incluso criminal. Algo nada difícil de imaginar en el país, donde en las pasadas elecciones fueron asesinadas 30 personas candidatas y precandidatas. “Los temas de corrupción están ahí y seguramente van a seguir”, asegura Blanca.

Un escenario desconocido

Con tantas cosas en el aire, desde su financiamiento, su operación, lo complicado que será organizar las elecciones, qué perfiles llegarán a las boletas y bajo qué condiciones y pactos, es difícil tener certezas. Una de las pocas, considera Camila Suárez Attie, licenciada en derecho por la Universidad Panamericana y asociada de la firma Conesa y Moreno Abogados, es que la transformación del Poder Judicial será completa y servirá menos como un contrapeso al poder.

“La manera en la cuál se litigan los asuntos y la manera en la cual opera la defensa de los derechos humanos en juzgados y tribunales se acabó”, asegura. “Cada vez se van a amparar a menos personas, se van a ganar menos juicios en contra del Estado”.

A la reforma le espera un largo trecho antes de que empiece a materializarse, aunque avanza con premura para concretar la fecha de una transformación completa para 2027. Al tratarse de una modificación constitucional, aún debe ser aprobada por al menos 17 congresos locales (once la habían aprobado ya horas después de la votación en el Senado), y se espera todavía la aprobación de legislaciones secundarias y reglamentos que definan su operación.

“Nos vamos a tener que enfrentar a un escenario desconocido”, afirma Suárez. Y si aún no hay claridad sobre cómo se marcarán tantas papeletas en las urnas, apenas se vislumbra todo lo que se jugará en ellas.