Suecia admite que tardará una década en erradicar la violencia de las bandas criminales

Hace ya tiempo que Suecia dejó de ser el oasis de tranquilidad por el que era conocida, en gran medida debido al auge de las bandas criminales. El gobierno conservador, que asumió el poder en 2022, ganó las elecciones con la promesa de frenar la violencia que ha sacudido al país. Sin embargo, a pesar de las medidas implementadas y un descenso en los incidentes, Suecia continúa enfrentándose a los tiroteos, las explosiones y a una criminalidad cada vez más extendida y ligada a estas organizaciones delictivas.

El ministro de Justicia sueco, Gunnar Strömmer, reconoció en una entrevista con el Financial Times publicada este martes que su gobierno no podrá erradicar por completo el problema de las bandas criminales, conformadas en su mayoría por inmigrantes, antes de las próximas elecciones en 2026. Ni siquiera si logra mantenerse en el poder hasta 2030. La crisis está tan profundamente enraizada que Strömmer estimó que será necesaria al menos una década para eliminarla por completo. "Los problemas son ciertamente muy graves. Llevará tiempo revertir la tendencia de manera definitiva, especialmente en lo que respecta a los niños", aseveró.

El número de homicidios con armas de fuego ha disminuido ligeramente en Suecia, pasando de un pico de 63 en 2022 a 54 el año pasado, y 31 en lo que va de 2024. Sin embargo, en el mismo periodo, el uso de menores de edad como piezas clave en las operaciones de las pandillas ha escalado, aprovechando la laxitud de las leyes que imponen sentencias más leves a quienes no han cumplido los 18 años. Según Strömmer, este reclutamiento de niños es uno de los desafíos más complejos, y abordarlo requerirá esfuerzos sostenidos y reformas estructurales profundas.

Strömmer también advirtió al medio británico que el problema de las bandas trasciende los delitos puntuales. "Su violencia no solo amenaza la seguridad y libertad del público en general, sino que también intimida a los funcionarios de nuestras agencias sociales", señaló. Estas organizaciones intentan infiltrarse de manera sistemática en instituciones clave del Estado, como los tribunales, la policía y las prisiones, lo que socava la capacidad del gobierno para enfrentar de manera efectiva el crimen organizado. Las autoridades suecas también han detectado que las pandillas se aprovechan de partes del sistema de bienestar, adquiriendo residencias privadas para jóvenes en situación de riesgo y utilizándolas como fuentes de financiación y reclutamiento.

Recientemente, la actividad criminal del país ha alcanzado también a otros vecinos nórdicos, como Dinamarca y Noruega. En Copenhague, varios episodios violentos este verano, incluidos tiroteos y ataques con granadas perpetrados por ciudadanos suecos, han puesto en alerta a las autoridades danesas. Según explicó a El Confidencial el criminólogo David Sausdal hace un mes, las redes suecas han comenzado a contratar "freelance" para cometer delitos por sumas relativamente bajas. Los gobiernos danés y noruego han reforzado su cooperación para contener esta violencia, aunque reconocen que la crisis sueca es única por sus altos niveles de exclusión social.

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La mayoría de los integrantes de las pandillas son inmigrantes de segunda generación. Aunque Suecia lidera los rankings internacionales de integración migratoria, la realidad sobre el terreno es más complicada. Los requisitos laxos para aprender sueco y la marcada segregación espacial dificultan una verdadera cohesión cultural. Barrios periféricos formados casi exclusivamente por extranjeros, producto de antiguas políticas de vivienda, han profundizado la separación entre los suecos étnicos, generalmente prósperos, y estas comunidades de extranjeros, a menudo llenas de pobreza y desempleo. Este aislamiento fomenta una sensación de exclusión entre los hijos de inmigrantes, muchos de los cuales se ven atraídos por actividades delictivas al desarrollar una identidad marginal.

Durante décadas, Suecia ha sido reconocida a nivel global por su política generosa de acogida de migrantes y refugiados. En 2022, aproximadamente el 20% de la población sueca de 10,6 millones de habitantes era de origen extranjero, una cifra que se ha más que duplicado desde el año 2000. Sin embargo, el actual gobierno de coalición conservador, apoyado parlamentariamente por los Demócratas de Suecia, un partido de extrema derecha, ha anunciado un cambio de paradigma, marcando como prioridad reducir las llegadas irregulares, combatir el fraude en la inmigración laboral y desmantelar lo que llaman la "sociedad en la sombra", referida a los extranjeros que viven sin permiso de residencia y trabajan en la economía informal.

"Suecia descuidó el crimen y la segregación durante muchos años... Las medidas que hemos implementado claramente tienen un efecto positivo. Al mismo tiempo, existe un riesgo constante de que surjan nuevas espirales de violencia bajo la superficie", advirtió Strömmer al FT.