La lucha entre Elon Musk y un juez brasileño corre el riesgo de convertirse en un asunto de Estado

Héroe o villano, autócrata endiosado o paladín de la democracia, enemigo del pueblo (bolsonarista) o férreo defensor del orden constitucional: el juez Alexandre de Moraes es, sin duda, un personaje controvertido y una de las figuras más poderosas de Brasil. Este magistrado de la Corte Suprema es el responsable de la suspensión de la red social X, el antiguo Twitter, en todo Brasil. Tras un largo embate contra el multimillonario Elon Musk, ha dejado a más de 22 millones de usuarios sin su plataforma preferida. La razón: la negativa del empresario sudafricano a cumplir sus resoluciones, entre ellas remover perfiles acusados de propagar noticias falsas y discursos de odio, y designar a un representante legal en Brasil. La Primera Sala de la Corte Suprema confirmó por unanimidad esta decisión el pasado 2 de septiembre.

Moraes despierta una profunda antipatía en una gran parte de la población y especialmente en las filas de los bolsonaristas. Su líder, el expresidente Jair Bolsonaro, acaba de tildarlo de "dictador" en la manifestación del 7 de septiembre en São Paulo, convocada por sus aliados con el fin de pedir la destitución del polémico juez. "Hay que ponerle freno, a través de disposiciones constitucionales, a quienes se salen, a quienes rompen los límites de las cuatro líneas de nuestra Constitución. Y espero que el Senado federal frene a Alexandre de Moraes, a este dictador", dijo el líder de la oposición, que el año pasado fue inhabilitado políticamente por el Tribunal Superior Electoral, tras una larga investigación llevada a cabo por este magistrado. El argumento usado en la instrucción del caso fue abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación durante una reunión celebrada con embajadores extranjeros, en la que Bolsonaro sembró dudas sobre el funcionamiento de las urnas electrónicas, sin aportar pruebas.

El juez que fue político y el político que se dice antisistema llevan años enfrentados. Moraes concentra en sus manos los principales juicios que llevan a Bolsonaro por el camino de la amargura: investiga las llamadas milicias digitales que ayudaron a Bolsonaro a hacerse con el poder, supuestamente gracias al uso masivo de noticias falsas; es responsable de las sentencias que encarcelaron a decenas de bolsonaristas que el 8 de enero de 2023 invadieron y vandalizaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, imitando a los seguidores de Donald Trump en el Capitolio; y está instruyendo la investigación que podría incriminar a Bolsonaro por incitación al golpe de Estado. Además, intenta determinar si hubo una venta fraudulenta de las joyas donadas por Arabia Saudí y Bahréin al acervo de Estado y si el exmandatario ordenó falsificar su tarjeta sanitaria de vacunación contra el Covid-19 para refugiarse en los Estados Unidos con documentos falsos, después de perder las elecciones en octubre de 2022.

Por todas estas razones, Bolsonaro dijo que se siente "perseguido" desde el camión de sonido que atravesaba la Avenida Paulista. "Las elecciones de 2022, como poco a poco se van dando cuenta, fueron llevadas a cabo íntegramente y de forma parcial por el [entonces] presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes. No pude hacer nada: no pude hacer conexiones en directo desde mi casa, ni volver a las imágenes del 7 de septiembre", afirmó el 7 de septiembre. Es interesante ver cómo sus seguidores, que siguen usando el verde y el amarillo, los colores de la bandera de Brasil, para autodeclararse patriotas, han comprado su discurso. En todas las manifestaciones, es común escuchar los mismos argumentos: Moraes es un juez autoritario, impone la censura, limita la libertad de expresión y persigue de forma sistemática al expresidente y a sus seguidores.

"No pude hacer nada: ni hacer conexiones en directo desde mi casa, ni volver a las imágenes del 7 de septiembre"

"Es importante hacer el impeachment de Moraes porque está cometiendo una serie de actos ilícitos constitucionales. Cuando este juez persigue a personas y ordena arrestarlas por crímenes de opinión, está cometiendo un acto ilícito constitucional contra la libertad de expresión. Y eso no se puede perpetuar porque una democracia no convive con una dictadura que restringe el derecho a la libertad de expresión", resumió el pasado sábado en el acto de Río de Janeiro José Ferreira, de profesión consultor.

A la misma hora, en una dimensión paralela de este Brasil crispado y polarizado, Moraes era ovacionado durante el desfile militar de Brasilia, al que asistió desde el palco oficial junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta invitación ha sido interpretada por la prensa conservadora como un gesto de apoyo a un juez que es considerado "comunista" por los simpatizantes de Bolsonaro.

El Ejecutivo de izquierda apoya la decisión de Moraes sobre X y trata la cuestión como un asunto que amenaza la soberanía nacional. "En Brasil las órdenes judiciales se cumplen. Tenemos una Constitución Federal, tenemos leyes y todos los brasileños están sujetos a ellas. No es porque sea extranjero, sea quien sea, que admitiremos que se enfrente a nuestro país. Esto es un atentado a la soberanía nacional", dijo recientemente el ministro de las Comunicaciones, Juscelino Filho. "Tenemos soberanía nacional, tenemos democracia, tenemos poderes, tenemos legislación, tenemos una Constitución que es acatada por todos. Y no es un tipo, por mucho poder económico que tenga, no es un ricachón de fuera que va a enfrentar a Brasil de esta manera. No lo permitiremos", añadió.

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Esta semana, el propio Lula reiteró este argumento. "Ningún país es verdaderamente independiente cuando tolera amenazas a su soberanía. Siempre seremos intolerantes con cualquier persona, por rica que sea, que desafíe la legislación brasileña. Nuestra soberanía no está en venta", afirmó. Además, utilizó una expresión repetida con frecuencia por Moraes en sus decisiones sobre X: "Brasil no es una tierra sin ley".

La pelea entre Moraes y Musk comenzó este año, se agudizó en abril y explotó en agosto, cuando el multimillonario sudafricano anunció el cierre de las oficinas de X en Brasil y acusó a de Moraes de amenazar con encarcelar a sus representantes legales si no acatan las resoluciones judiciales, concretamente suspender ciertas cuentas que estarían violando la ley brasileña. Acto seguido, el super juez del Supremo ordenó a la empresa que designase a un representante legal en Brasil. Musk se negó y acusó al poder judicial brasileño de ser una amenaza para la democracia. La respuesta de Moraes fue bloquear las cuentas de Starlink, la empresa de internet por satélite de Musk, para garantizar el pago de las multas aplicadas a la red social X.

Con un patrimonio de 208.400 millones de dólares, Musk es el segundo empresario más rico del mundo, según la revista Forbes. Los bolsonaristas lo idolatran por ser un empresario de éxito, por su forma poco convencional de comportarse y por su defensa absoluta de la libertad de expresión. El juez Moraes rebate que "Elon Musk confunde la libertad de expresión con una inexistente libertad de agresión". El caso es que este argumento ha sido esgrimido por la embajada de los Estados Unidos en Brasil. Esta semana, ha emitido una nota oficial en la que afirma que el país está "monitoreando la situación" y que "la libertad de expresión es un pilar fundamental en una democracia sana".

"Musk confunde la libertad de expresión con una libertad de agresión"

Convertida en asunto de Estado, la guerra entre Musk y Moraes puede incluso arrastrar a los Gobiernos de Lula y Biden hacia un escenario de tensión. Hay quien incluso especula que los EEUU podrían revocar el visado estadounidense a Moraes, lo que causaría una cierta vergüenza a la Corte Suprema a nivel internacional. Mientras tanto, muchos brasileños se preguntan cuándo podrán volver a usar la red X. Algunos juristas creen que la plataforma podría volver a operar en Brasil si Elon Musk pagase una multa de más 18 millones de reales (3,22 millones de dólares), si accediese a bloquear perfiles denunciados por la Corte Suprema y si designase a un representante de X en Brasil. Pero este escenario es considerado bastante improbable, ya que Musk tendría que ceder y renunciar al argumento de que Brasil vive una dictadura. Todo apunta a que el empresario sudafricano hará del bloqueo brasileño su nueva bandera política y su nueva lucha ideológica.

Lo curioso es que, en otros países, el millonario accedió a remover sin rechistar perfiles sospechosos de divulgar noticias falsas. Concretamente, las autoridades de la India y Turquía ordenaron la eliminación de perfiles y contenidos considerados inapropiados. Pese a la resistencia inicial, el dueño de X terminó obedeciendo. El Gobierno de Narendra Modi, por ejemplo, ha sido acusado por ONGs que defienden los derechos humanos de adoptar políticas discriminatorias contra ciertas minorías étnicas. Por esto, pidió a Twitter que eliminase los tuits que utilizaban un hashtag considerado incendiario y las cuentas utilizadas por grupos separatistas de la etnia sij. El antiguo Twitter bloqueó alrededor de 250 cuentas en respuesta a un aviso legal del Gobierno, pero seis horas después restableció los perfiles.

En Turquía, X y Elon Musk fueron criticados en mayo de 2023 por acatar las órdenes del Gobierno liderado por Recep Tayyip Erdoğan, de eliminar cuentas y publicaciones de personalidades vinculadas a la oposición. Turquía y la India tienen mucho peso en la estrategia comercial de Musk. El primero es uno de los países más poblados de Europa y también mantiene vínculos con el continente asiático. El segundo se ha convertido en el país más poblado del mundo y es hoy una de las economías más fuertes del planeta. Debido a su enorme potencial como mercado de consumo, hay quien cree que Musk podría escoger la India como sede para instalar fábricas de su empresa Tesla.

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EFE

Para algunos analistas, Musk estaría actuando en Brasil en función de intereses políticos y económicos. Para comenzar, está el litio brasileño, también llamado "oro blanco" o "petróleo del siglo XXI" por su importancia para la transición energética y para las baterías de los coches eléctricos. Se estima que la demanda de este mineral podría multiplicarse en los próximos años. Brasil posee discretas reservas, aunque el 53% del litio de América Latina se concentra en Bolivia, Chile y Argentina. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Brasil ocupa el puesto 15 en reservas de litio, con unas 800.000 toneladas de este mineral. Para el Ministerio brasileño de Minas y Energía, en cambio, Brasil posee la séptima mayor reserva de litio del mundo, con 1,23 millones de toneladas, lo que lo convierte en el quinto mayor productor del mundo.

Otro mineral esencial para la fabricación de los coches eléctricos es el níquel. La prensa brasileña destaca que el dueño de Tesla firmó en 2022 un contrato "a largo plazo" con la empresa brasileña Vale para el suministro de este mineral, procedente de las operaciones de Vale en Canadá. La empresa brasileña también extrae níquel en el Estado brasileño de Pará.

Para algunos analistas, Musk estaría actuando en Brasil con intereses políticos y económicos

En Brasil, Musk también está invirtiendo mucho a través de su empresa aeroespacial SpaceX. En enero de 2022, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) del gigante latinoamericano aprobó el uso de los satélites Starlink, de SpaceX. Hoy, de las 398.000 suscripciones de banda ancha a Internet satelital, 149.000 son de Starlink Brasil, según Anatel, es decir, el 37 % del total. Starlink se ha consolidado como una herramienta esencial para las madereros y buscadores de oro que invaden regularmente las reservas indígenas en la Amazonía brasileña.

No es un secreto que en 2020 Musk se jactó de apoyar el golpe contra Evo Morales en Bolivia, donde casualmente hay enormes reservas de litio. "Daremos un golpe de Estado a quien queramos. Lidiad con eso", escribió en su cuenta de Twitter. Recientemente, la revista de tecnología Wired, se hizo eco de la teoría de que Musk estaría utilizando la plataforma de microblogging para influir en la política mundial. Según esta revista, Brasil sería una especie de "laboratorio de intervención política". Si fuese verdad, estaría explicada la preocupación de Lula y de su Gobierno con la soberanía del país.