El cole de 1,5 millones que enfrenta a una empresa española con el arzobispo de Tánger

El colegio privado Alhambra debería llevar ya unas semanas abierto. Tenía incluso a la mayoría de los niños para empezar el curso. Pero a día de hoy sigue cerrado a cal y canto y no hay visos de que la situación cambie pronto. "Tenemos hasta los juguetes en las aulas, pero el edificio no podemos usarlo para nada", cuenta Rafael González Ceballos. Él es el constructor y fundador del colegio y si por él fuera todo estaría ya en funcionamiento, pero se ha topado con alguien que se lo ha prohibido: el arzobispo de la ciudad.

El 'caso Alhambra', como ya se le ha denominado al conflicto ocurrido por este colegio, protagoniza desde hace unas semanas la actualidad en el municipio marroquí de Tánger. Allí, el empresario que ha levantado el inmueble, miembro de una importante familia empresarial de origen español asentada en Tánger desde hace décadas, ha acabado en un choque judicial con Emilio Rocha Grande, arzobispo del lugar y también de origen español. Tras algo más de dos años con el proyecto, lo que iba a ser un gran colegio privado internacional con el castellano como lengua principal, se ha convertido en un quebradero de cabeza para sus impulsores, la empresa, y para el dueño del terreno, el arzobispado.

"Todo iba bien hasta inicios de este año. De repente empezaron a poner algunos problemas, luego en mayo vinieron con una reunión para renegociar las condiciones, pero parecía que se podía arreglar porque teníamos todo en marcha. Hasta que entre junio y julio nos dijeron que nada, que el proyecto se paraba", comenta González. "Con el colegio construido desde abril de repente nos dijeron que o lo tirábamos o se lo vendíamos por un precio simbólico. No entendimos nada y seguimos sin entenderlo, pero la cosa es que ahora la inversión la tenemos parada con los niños sin colegio o teniendo que buscar otro y lo mismo con los empleados", añade.

El resumen del empresario es la última parte de una historia que empieza en 2022, cuando el propio arzobispado, según se muestra en toda la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, inició un proceso para alquilar y rentabilizar un terreno pegado a la catedral de la ciudad y poder así hacer frente a diferentes obras sociales. Se consulta a varios empresarios y la Iglesia se queda con la propuesta de González: un colegio privado, plurilingüe y con el español como lengua más importante.

Después de un año buscando los permisos de construcción, en septiembre lo consiguen y empiezan las obras. En abril lo acaban y todo se prepara para el curso 2024/2025, tienen hasta web y preinscripciones de 150 niños, que ocuparían la mitad de las plazas que iban a ofertar. "Es un colegio con salida porque hay mucha gente que viene de España a estas zonas y que le viene muy bien algo así para integrarse, e incluso hay marroquíes que vienen de España, pero sus hijos no hablan apenas árabe y ven aquí una gran oportunidad", cuenta. Pero en dos meses todo se para.

El bloqueo se extiende desde entonces y los González Ceballos han decidido denunciar al arzobispado por estafa y extorsión. Acusaciones que el arzobispado, que ahora prefiere guardar silencio, niega en rotundo en sus últimas comunicaciones a la prensa. "Hasta el momento presente no hemos recibido en el arzobispado de Tánger ninguna notificación sobre denuncias presentadas contra esta Institución, dado el caso de que se presentase alguna denuncia contra este arzobispado ciertamente serán los tribunales de justicia marroquíes quienes habrán de dirimir la cuestión", detallan.

Desde la Iglesia se defienden asegurando que son ellos los primeros que pusieron el caso en los tribunales. "Es nuestra Institución, la Archidiócesis de Tánger, perteneciente a la Iglesia Católica, quien ha demandado precedentemente ante la justicia marroquí a los responsables del "Centro escolar Alhambra", por la nulidad del contrato entre la Sociedad Alhambra y la Iglesia católica de Tánger por graves vicios e irregularidades de fondo que debido a la integridad moral que representa no ha podido ignorar", terminan.

El Confidencial no ha tenido acceso a la demanda interpuesta por la Iglesia contra la empresa impulsora del colegio, pero sí a la denuncia que ha colocado dicha compañía contra el arzobispado, sellada por el Juzgado de Tánger en agosto. Por otro lado, González admite que podría haber algún error en el contrato, como el que no se elevara a escritura pública, pero niega otras irregularidades y asegura que el contrato es totalmente válido. Niegan que haya una denuncia contra ellos, solo una reclamación de la nulidad del contrato y rechazan los defectos de forma en un acuerdo que, dicen, redactó la propia Iglesia.

El empresario señala que siempre se ha ofrecido a corregir cualquier cosa con tal de que el proyecto saliese adelante y recalca que, como muestran los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, el arzobispado se posicionó desde el principio a favor del proyecto y ayudó a ponerlo en marcha. "Eso es lo que más chirría de todo, que no teníamos ninguna mala relación, que éramos transparentes los unos con los otros y que los contratos también se redactaban de su parte. No sabemos qué ha podido pasar para este cambio repentino".

Un millón y medio de euros

Con las negociaciones totalmente rotas, el caso Alhambra se encamina a los tribunales y el empresario empieza a hacer cuentas. Asegura que han invertido cerca de un millón y medio de euros en el colegio, que hicieron campañas de marketing de unos 30.000 euros y que llevan otros tantos en pago de nóminas y otros gastos a los que tienen que seguir haciendo frente. Unos costes que piensan también llevar al juicio. "Nosotros no queríamos llegar a esta situación, pero no nos queda otra".

Para demostrar que lo han intentado todo se muestran documentos en los que se pide la intervención del cónsul de España en Tánger y hasta del Nuncio del Vaticano en Marruecos. "Ni en sueños pensábamos que llegaría a esto, creía en todo momento que podríamos solucionarlo de forma amistosa, porque es un proyecto que beneficia a todo el mundo. Pero nada, aquí estamos", cuenta.

De momento, el problema parece enquistado. Desde el arzobispado no dan más información sobre su posición al respecto y dejan todo en manos de los tribunales, mientras que los empresarios aún no pierden del todo la esperanza. "Todavía hay gente que nos escribe por si podemos abrir este curso, pero nosotros lo vemos imposible. Pero creemos que se pueden solucionar bien las cosas y abrir el curso que viene, aunque ya vemos su posición bastante clara".