Corea del Sur reporta que Kim Jong-un ha ejecutado a 30 funcionarios locales tras las inundaciones de Corea del Norte

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En medio de una de las peores crisis humanitarias recientes en Corea del Norte, el líder del país, Kim Jong-un, ha tomado medidas drásticas debido a las graves inundaciones que afectaron al país durante el pasado mes de julio, principalmente en la provincia de Chagang y las regiones cercanas al río Yalu. Como consecuencia, entre 4.000 y 5.000 personas perdieron la vida, según datos de medios surcoreanos.

Las intensas lluvias no solo provocaron pérdidas humanas, sino que también destruyeron grandes extensiones de tierras agrícolas y viviendas. Más de 4.000 edificios y 3.000 hectáreas de tierras productivas quedaron bajo el agua, forzando a unas 15.000 personas a abandonar sus hogares.

El desastre natural desencadenó una respuesta severa por parte del régimen, que ordenó la ejecución de 30 funcionarios locales, a los que responsabilizó de la mala gestión y la falta de preparación ante la emergencia. Medios surcoreanos, incluyendo la cadena TV Chosun, han informado que los ejecutados fueron acusados de corrupción y negligencia en la gestión de la catástrofe.

Este tipo de castigos, aunque brutales, no son inusuales bajo el gobierno de Kim Jong-un. Las ejecuciones públicas se han incrementado en los últimos años, pasando de un promedio de 10 por año a casi 100, según reporta el diario Korea Times.

Kim Jong-un dice no a la ayuda internacional

A pesar de la gravedad de la situación, el líder norcoreano ha rechazado la ayuda internacional, una actitud que ha mantenido en anteriores crisis. En su lugar, Kim ha ordenado que los desplazados por las inundaciones sean trasladados a la capital, Pyongyang, donde recibirán asistencia humanitaria. Según informes del Times Now News, las zonas más afectadas tardarán entre dos y tres meses en reconstruirse.

El clima de temor en las esferas gubernamentales de Corea del Norte ha aumentado tras las ejecuciones. Un exdiplomático norcoreano, Lee Il-gyu, señaló que los funcionarios del régimen se encuentran en un estado de extrema ansiedad, sin saber si serán los siguientes en sufrir el mismo destino. La rápida destitución de altos cargos, como Kang Bong-hoon, secretario del Comité Provincial del Partido en Chagang, y Ri Thae Sop, jefe del Ministerio de Seguridad Pública, refuerza la dureza de las represalias del régimen.

Kim Jong-un ordenó la ejecución de 30 funcionarios locales acusados de corrupción y negligencia en la gestión de la catástrofe

La decisión de Kim Jong-un de proceder con estas ejecuciones, además de rechazar la ayuda internacional, ha generado preocupación en la comunidad internacional, que sigue de cerca la evolución de la situación humanitaria en Corea del Norte. Aunque el régimen ha minimizado la cifra de víctimas, su aislamiento y opacidad del régimen complican la confirmación de los hechos reportados. Expertos como Martin Weiser, del grupo NK Pro, cuestionan la veracidad de los informes oficiales y consideran que la magnitud del desastre puede ser mucho mayor y que la situación en el país continúa siendo crítica.