La nicaraguanización de Venezuela: cada vez más solos frente a los "cobardes arrastrados"
Los paralelismos entre los regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela crecen conforme se atasca la situación en el país latinoamericano
La situación en Venezuela se ha estancado desde hace semanas, con un Gobierno que resiste presiones tanto internas como externas, y ya comienza a hablarse en los círculos políticos de un proceso de "nicaraguanización" en el conflicto del país sudamericano.
Los paralelismos entre ambos estados crecen, con Caracas aprobando estos días leyes contra organismos no gubernamentales prácticamente calcadas a las de Managua, y algunos politólogos creen que se sigue la misma hoja de ruta.
Tanto el presidente venezolano, Nicolás Maduro, como su homólogo sudamericano, Daniel Ortega, están logrando mantenerse en sus puestos después de unas elecciones extremadamente cuestionadas y tras crisis sociopolíticas de gran envergadura. Daniel Ortega resiste con firmeza como presidente de Nicaragua a pesar de las grandes protestas antigubernamentales de 2018, que dejaron, al menos, 317 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las elecciones de 2021 en el país centroamericano fueron consideradas como una farsa por la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) después de que los siete candidatos opositores con opciones de victoria fuesen, uno tras otro, inhabilitados y detenidos por cargos como traición a la patria.
El consejo electoral nicaragüense anunció como vencedor a Ortega, que controla también la totalidad del parlamento, con un 75 % de los votos, en un proceso no reconocido por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, sin que eso supusiera riesgo alguno para la estabilidad del Gobierno nicaragüense.
Situación similar tiene lugar ahora en Venezuela, porque solo el círculo más cercano de aliados del chavismo ha dado, por ahora, validez a los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral, que todavía no ha enseñado las actas electorales, ya incluso pasado el plazo, ante las denuncias de fraude de la oposición, sin que eso haya supuesto, por ahora, que el oficialismo se resquebraje.
Ante esa situación, ambos gobiernos se sostienen con un apoyo militar y policial que no muestra fisuras evidentes.
"Se pueden mantener en el poder con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, lo que les ayuda a configurar un esquema de represión generalizado para silenciar cualquier disidencia", considera Julio López, presidente de la asociación nicaragüense de periodistas y comunicadores independientes (Pcin).
Buena parte de los analistas destaca el ritmo de detención de opositores. Más de 2.400 personas han sido detenidas en el último mes en Venezuela, según las cifras oficiales, y la oposición ha denunciado la consolidación de un estado policial, comparándolo con la situación en el país centroamericano.
No ha llegado la situación, matizan otros, a tal extremo. En Nicaragua las manifestaciones están prohibidas de facto e imágenes como las protestas opositoras de estos días son impensables. La policía habría impedido su surgimiento a la llegada de los primeros asistentes y probablemente todos habrían sido detenidos y puestos a disposición judicial de forma inmediata en un país en el que ya se sanciona incluso salir a la calle con la bandera nacional y se ha desterrado, despojado de la nacionalidad y expropiado bienes a decenas de disidentes.
Centenares de opositores viven en el país centroamericano ocultos, y las conversaciones políticas han desaparecido de la vida pública por miedo a las detenciones. Algunos opositores venezolanos sí han destacado, en cualquier caso, que parte de los arrestos de estos días se han dado simplemente por haber acudido a las marchas y denuncian que la situación siga los mismos derroteros.
Muchos encuentran, eso sí, fuertes similitudes en cuanto a las actuaciones en torno a las organizaciones de la sociedad civil.
Nicaragua aprobó en septiembre de 2020 una Ley de Regulación y Agentes Extranjeros que exige que las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o extranjeras, se abstengan de intervenir en política y ha supuesto la prohibición y desarticulación de miles de organizaciones, incluidas religiosas, de caridad, o educativas.
"Ya van más de 5.000 organizaciones canceladas, de las aproximadamente 7.200 que tiene en registro el Ministerio del Interior. El caso particular de Nicaragua es que en el primer gobierno sandinista de los 80 se fomenta la organización de la población y por eso le temen tanto", comenta el analista López.
"Ya van más de 5.000 organizaciones canceladas, de las aproximadamente 7.200 que tiene en registro el Ministerio del Interior"
La mayoría chavista en el legislativo venezolano tomó el testigo y aprobó hace tan solo unos días una ley que pone límites al trabajo de las oenegés en Venezuela. El Gobierno lo ve necesario para garantizar la transparencia, pero la oposición asegura que el motivo es criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos. "Las leyes antionegés son uno de los mecanismos de represión. En el trasfondo buscan eliminar cualquier espacio organizado o que intente organizarse porque desde la concepción del poder todo tipo de organización es considerada una amenaza", asegura López.
"Otro punto es que buscan justificar la represión. Por eso, su narrativa dice que estas organizaciones han sido partícipes de intentos de golpes de Estado u organizaciones que promueven el terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, estas cancelaciones se han dado sin aportar una sola prueba de las acusaciones y sin darles el derecho a las organizaciones canceladas de defenderse", añade con respecto a la situación en Nicaragua.
El parlamento venezolano discute, además, estos días un proyecto de ley "contra el fascismo" y la oposición venezolana está alerta porque Maduro considera fascistas a sus opositores y creen que busca condenar la disidencia.
Muy similar es ya el panorama internacional para ambos gobiernos. Ortega es repudiado desde hace años por la izquierda dura latinoamericana, con la excepción de Cuba, Bolivia y la misma Venezuela.
Caracas contaba, hasta ahora, con países que, si bien no defendían al Gobierno de Maduro a ultranza, sí lo legitimaban, como Brasil, México o Colombia, gobernados por líderes a la izquierda de la socialdemocracia clásica.
Esa situación ya es historia. El brasileño Lula Da Silva y el colombiano Gustavo Petro se han negado a reconocer la victoria de Maduro, han reclamado la publicación de las actas electorales e incluso abogado por una repetición electoral, postura que tampoco le ha hecho gracia a la oposición. Lula incluso calificó al Gobierno chavista como un "régimen muy desagradable" y con una "tendencia autoritaria".
El Mexicano Andrés Manuel López Obrador ha sido menos contundente, pero tampoco reconoce, por ahora, a Maduro como ganador de las elecciones.
La postura de esos países con respecto a Venezuela ha sido, precisamente, muy criticada por Ortega, que ha salido vehementemente a la defensa del gobierno chavista e incluso ha ofrecido "combatientes sandinistas" en caso de un movimiento "contrarrevolucionario" en el país sudamericano. El líder nicaragüense llamó "cobarde" y "arrastrado" a Lula por cuestionar la reelección de Maduro.
Quien le respondió fue Petro, muy duro desde hace ya años con Ortega por la detención de numerosos exguerrilleros nicaragüenses que ahora son opositores al presidente de Nicaragua.
Nos ha llamado "arrastrados" Daniel Ortega, solo porque queremos una solución negociada pacífica y democrática en Venezuela.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 27, 2024
Tal insulto me permite contestarle:
Al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país y menos los de mis compañeros de armas y de lucha…
"Al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país, y menos los de mis compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras", señaló Petro.
Ese repudio de la izquierda dura latinoamericana no ha supuesto, en cualquier caso, vaivén para el Gobierno de Ortega y no parece tampoco que lo vaya a ser para Maduro.
Ambos países han sido además objeto de duras sanciones que tampoco han producido el efecto deseado.
Camino por recorrer
Hay notables diferencias entre las situaciones de uno y otro país, destacan, eso sí, los analistas, que podrían producir resultados distintos.
La principal es que el poder en Venezuela está más repartido, no porque haya un grupo mayúsculo dirigente con poder real, sino porque en Nicaragua ni siquiera puede hablarse de grupo, ni mayúsculo, ni reducido.
En el país centroamericano todo el poder y la influencia lo ejercen solo dos personas, Ortega, y su esposa y ‘copresidenta’, Rosario Murillo, mientras en el país sudamericano sí hay personas con mucha influencia fuera de ese círculo, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, entre otros.
"Se pueden mantener en el poder con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, lo que les ayuda a configurar un esquema de represión"
Es tal el nivel de control de Ortega y Murillo que recientemente se han realizado purgas en organismos clave como la Justicia y la Policía, que han supuesto la destitución, defenestración e incluso arrestos de, hasta ahora, acérrimos defensores de la pareja presidencial.
Ambos países tienen además grandes crisis migratorias. Unas 100.000 personas, según ACNUR, abandonaron Nicaragua entre 2018 y 2019 por "persecución". En 2021, tras la pandemia, salieron 140.000 más en un país de 6,9 millones de personas. De Venezuela han salido ya 8 millones y muchos alertan de que el ritmo podría incrementarse con la actual crisis.
La situación en Venezuela se ha estancado desde hace semanas, con un Gobierno que resiste presiones tanto internas como externas, y ya comienza a hablarse en los círculos políticos de un proceso de "nicaraguanización" en el conflicto del país sudamericano.