Las cifras y letras de la política migratoria de Giorgia Meloni

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero desde que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunciara en Mauritania un acuerdo en inmigración "con un nuevo enfoque integral", como escribió en su cuenta de X, medios y redes han sacado a relucir las diferencias con su homóloga italiana, Giorgia Meloni.

Tanto en campaña como después de jurar el cargo como primera ministra de Italia, en octubre de 2022, la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, ha utilizado la inmigración como estrategia política. En campaña, Meloni habló reiteradamente de "invasión", acusó de incompetencia a los gobiernos de izquierda en la gestión de los desembarcos y entró en una lucha ideológica contra las ONG involucradas en operaciones de rescate en el Mediterráneo. Tras el éxito electoral de Meloni, el tono y el fondo se mantuvieron, pero el enfoque ha cambiado al pasar de la oposición a la administración de los asuntos públicos desde el Palazzo Chigi.

Mirando los números de llegadas por mar, que es el termómetro más mediático del fenómeno, los primeros ocho meses de 2024 registraron 41.181 llegadas irregulares a Italia: una caída abrupta en comparación con los 113.877 de 2023, el primer año completo del gobierno de Meloni, pero una caída menor si se compara con los 56.458 de 2022. Un balance fluctuante, muy parecido a los planes gubernamentales sobre el tema.

En un principio, la propuesta más repetida por Meloni y su partido Hermanos de Italia era la de un "bloqueo naval" a los barcos que intentaran llegar a costas italianas, una iniciativa que consistiría en un bloqueo total de los flujos que rápidamente se desvaneció tras la llegada de Meloni al gobierno. "Cuando no se concretó, porque era imposible, el gobierno implementó estrategias similares a las de los ejecutivos, incluso de izquierdas, que la precedieron", señala Matteo Villa, investigador del think tank italiano Instituto de Estudios Políticos Internacionales (ISPI).

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En la práctica, Villa explica que las directrices de la estrategia migratoria del gobierno de Meloni en materia de inmigración son tres: la externalización de las fronteras, con acuerdos de colaboración en los destinos de partida, similares al firmado con la Túnez de Kaïs Saïed y extendido a un acuerdo con la UE; la lucha contra las operaciones de las ONG en el Mediterráneo, acusadas de actuar como un factor de atracción para la salida de desembarcos y limitadas con intervenciones ad hoc y la externalización de llegadas, como el acuerdo firmado con Albania para la creación de centros fuera del perímetro italiano para la estancia de los migrantes en espera de repatriación.

La mano dura de Túnez y la bajada de migrantes en Italia

Para Villa, el único modelo que parece haber contribuido a la reducción del número de llegadas, es el del control fronterizo en la salida. Un déjà vu del acuerdo ya establecido por el ministro de centroizquierda Marco Minniti en 2017 con Libia. "Es efectivo [la cooperación] cuando los socios tienen un incentivo para cooperar, como en el caso de las milicias libias o el presidente tunecino Kaïs Saïed", señala Villa.

Y estos acuerdos de externalización, continúa el investigador del ISPI, tienen repercusiones evidentes, como la "brutalidad" atribuida a las milicias libias en el acuerdo con Trípoli y los cuestionados casos de deportación de las autoridades tunecinas tras el último acuerdo con la UE. Entre ellos, los migrantes transportados y abandonados en las fronteras desérticas entre Túnez y Libia.

En un vídeo, publicado por el Ministerio del Interior de Libia, en su página de Facebook, se ve a un grupo de jóvenes agotados que han sido abandonados en medio del desierto. Hay niños. Uno de los testimonios afirma que permanecieron dos días hasta ser encontrados. Otro que fueron golpeados por soldados tunecinos y llevados al desierto, donde les dijeron que cruzaran a Libia. En julio de 2023, la Unión Europea firmó un acuerdo, a golpe de talonario, con el Gobierno de Túnez, respaldado por Meloni, para que Túnez bloqueara los cruces en el mar y acelerar las devoluciones de los que intentaran llegar a Europa desde su territorio.

La externalización no es nada nuevo en la Unión Europea ni exclusivo de Meloni. Se acordaron 1.000 millones de euros, en un pacto parecido al alcanzado en 2016, con Turquía, por 6.000 millones de euros, donde además de dinero se aprobó que los ciudadanos turcos pudieran viajar a Europa sin visado. Anteriormente, se había hecho con la Libia de Gaddafi, que en una cumbre en Trípoli, exigió 4.000 millones de euros, para evitar que Europa, "se vuelva negra". Túnez representó por sí sola alrededor de 100.000 de las más de 151.000 llegadas registradas en 2023, en las que cerca de 80.000 eran personas procedentes de otros países africanos. El pulso de hierro exhibido por Saied parece haber favorecido esos resultados.

"Yo no creo que los gobiernos quieran que la gente muera, pero están dispuestos a aceptar que la gente sufra y muera a cambio de que no vengan", dice tajante Gonzalo Fanjul, investigador y director de investigaciones de la organización PorCausa. En ese aspecto, "España también está aplicando la misma vuelta de tuerca de externalización de control migratorio que ha venido aplicando desde hace años", continúa Fanjul. Más de 800 personas — o cinco al día — han muerto en el Mediterráneo en los primeros seis meses de 2024, según Unicef.

Asignar puertos lejanos para alargar el trayecto

La otra cruzada de Meloni ha sido con las ONG de rescate que, según Villa, "no hay evidencia de que contribuyan a las salidas". La inhibición de las ONG se ha expresado en intervenciones específicas, como el llamado decreto Piantedosi, un texto de ley aprobado en enero de 2023 y que contiene disposiciones urgentes para la gestión de los flujos migratorios, una intervención que se pronuncia sobre los barcos involucrados en rescates frente a las costas del Mediterráneo.

El texto obliga a los barcos de las ONG a "solicitar la asignación del puerto de desembarco". Esto se ha traducido, en asignar puertos de escala particularmente distantes a los barcos en cuestión, generalmente en el norte de Italia o en la costa adriática, que tienen como resultado estancias más largas en los barcos y menos actividades de rescate.

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"Más días de navegación no solo aumentan los costes de las misiones y limitan sus posibilidades de rescate, sino que incrementan el sufrimiento de personas ya vulnerables, retrasan el acceso a servicios y la posibilidad de solicitar protección internacional", explica Davide Giacomino de la oficina de incidencia de Emergency, una ONG italiana fundada en 1994, activa en rescates en el mar. Entre los casos más recientes están los de barcos obligados a atracar en el puerto de Génova tras realizar un rescate en aguas libias, como sucedió con el Geo Barents de Médicos Sin Fronteras en junio de 2024.

Sánchez defiende las expulsiones en Senegal

En su gira por tres países, en las que se ha hablado de cuotas, de capacitación de trabajadores e "inmigración circular" y del impulso de inversiones, como la Alianza África Avanza, presentada en Dakar, Sánchez ha defendido, a su vez, las expulsiones. "Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente", afirmó el presidente español, en la tercera parada de su gira africana, en Senegal. "Principalmente, porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido, claro y contundente a las mafias y quienes se ponen en sus manos", expuso.

Con 2.500 deportaciones, España fue el quinto país de la UE que más extranjeros expulsó en el primer trimestre de 2024, tras Francia, Alemania, Suecia y Chipre, según datos de Eurostat, citados por la agencia Europa Press.

La cifra de la que Meloni no habla tanto

Paradójicamente, el anuncio que más ruido ha hecho de Sánchez en su gira en África, el de formalizar una cuota legal para emigrar por trabajo a España, se parece mucho a la estrategia menos aireada de Meloni, el impulso a la inmigración legal. A través del llamado "decreto de flujos" (27/09/2023), una de las fuerzas más a la derecha en la historia reciente de Italia ha abierto, literalmente, las puertas a la entrada de 452.000 ciudadanos extranjeros por "motivos de trabajo subordinado estacional y no estacional y de trabajo autónomo", divididos entre 136.000 en 2023, 151.000 en 2024 y 165.000 en 2025.

Otros gobiernos de la UE, como el de Rumanía, también han establecido cupos de permisos de trabajo para extranjeros de fuera de la UE, para hacer frente a la escasez de mano de obra. En su caso, acrecentada, por los más de cinco millones de rumanos que hay fuera de su país. En Rumanía, dichos trabajadores proceden principalmente de Nepal, Sri Lanka e India, con cuotas de 100.000 permisos en 2023 y 140.000 en 2024. En Polonia, donde varios de los puestos ocupados por ucranianos, se han visto afectados por la guerra, también se han disparado los permisos de trabajo para asiáticos y latinoamericanos, alcanzando los 275.000 en 2023, en especial a ciudadanos de India, Nepal y Filipinas.

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"Hay que tener la valentía para aceptar que el enfoque se ha llevado a cabo hasta ahora es un enfoque fallido", afirma Fanjul, quien sostiene que "hace falta una alternativa sólida en materia de vías legales y seguras que responda al mismo tiempo a la necesidad de emigración de los países de África Subsahariana y a la necesidad de inmigración, que tenemos los países europeos ante el invierno demográfico", concluye.