Por qué no ha sido pena de muerte y otras claves de la sentencia del caso Sancho

Sin que la sentencia al completo se haya filtrado y, por lo tanto, traducido, ya se empiezan a conocer algunos detalles que dibujan varias claves del proceso contra Daniel Sancho y su condena a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. En las próximas horas, seguramente, saldrán más, pero este es un primer repaso.

La gran pregunta que muchos se hacían, y de hecho, así titulaba la prensa colombiana del país natal de Arrieta, es: ¿cómo ha sido posible que un asesinato con premeditación y agravantes no haya resultado en la pena de muerte? Según lo que se sabe que dijo el juez durante la lectura del fallo, al que solo pudieron asistir Sancho, sus padres y los abogados locales, ha sido solo gracias a que Daniel admitió en los primeros días que había asesinado y descuartizado a Arrieta, además de colaborar con la investigación y búsqueda de los fragmentos del cadáver, que el juez decidió rebajar una pena que era la capital. Es decir, la pena era capital, pero fue rebajada por la actitud inicial del propio Sancho... y no por el trabajo posterior de sus abogados.

A la salida del tribunal, el abogado de Rodolfo Sancho Marcos García Montes aseguró que "el presidente del tribunal ha reconocido el gran trabajo de la defensa". Sin embargo, a la luz de sus declaraciones, el juez solo aceptó como reales las dos primeras declaraciones de Sancho, y no toda la narrativa posterior que intentó levantar la defensa. Tanto García Montes como Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás, todos abogados de la defensa, han intentado los últimos doce meses convencer de que las dos primeras declaraciones y el vídeo de reconstrucción de la matanza en la que participa Sancho sin que se aprecie coacción alguna de los policías eran nulas, que se habían realizado sin traductores ni abogados y que se había engañado a Sancho prometiéndole un regreso a España si colaboraba.

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Bueno, pues los jueces han establecido que, después de esas primeras declaraciones, nada les ha valido. Que Sancho mentía. Por lo que, ¿se imaginan qué habría podido ocurrir si el letrado del despacho de Fernando Oca, Anan Chuayprabat, quien inicialmente tomó las riendas de la defensa –hasta que el padre Rodolfo Sancho contrató a Montes– hubiera seguido con el caso? Él siempre aseguró que con perfil bajo se reconocerían los hechos y se pediría perdón a la víctima.

La indemnización

Es posible que la pena hubiera sido la misma (perpetua), aunque la imagen del reo y sus representantes habría sido mucho mejor. Una ayuda real para que, quién sabe, el dictamen no hubiera sido tan severo, se facilitara quizá una extradición o un recorte de pena, y en España no se hubiera planteado este caso como una orgía de incongruencias que han atascado los cerebros de millones de televidentes que, hasta el fallo, creían que Sancho basculaba entre la inocencia y el haber sido casi violado.

El otro punto que también salta a la vista tras la sentencia es la indemnización que deberá abonar el reo a la familia de Arrieta. Inicialmente, Juan Gonzalo Ospina, abogado en España y Colombia de los familiares de Edwin, aseguró que la cantidad que exigían ascendía a los 760.000 euros.

Finalmente, el juez ha impuesto el pago de cuatro millones de bahts, unos 160.000 euros, una cantidad más asumible. El presidente de la sala, de nuevo, señala entre líneas que con ese pago de indemnización (además de cumplir ocho años entre rejas y de buen comportamiento) sí que Sancho podría acceder a la opción del traslado a España.

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Artur Segarra, el otro español que también cumple una cadena perpetua (que inicialmente fue pena de muerte) por asesinar y descuartizar al empresario ilerdense David Bernat, vio como su familia iniciaba el proceso de traslado tras sus primeros ocho años entre rejas para finalmente ser detenido por el propio Segarra, cuando se negó a abonar la compensación a la familia de su víctima (en este caso, menos de 25.000 euros). La razón, en su caso, era evitar que sus causas pendientes en España —estafó a 115 ancianos catalanes con hipotecas inversas— pudieran adherirse a la causa.

Sin esperar a que la sentencia se filtre, ha quedado claro que el juez busca la manera de mejorar tanto a la víctima, pudiendo recibir una indemnización que pudiera abarcar la familia de Sancho, como incidiendo en un aviso a navegantes: en Tailandia no se pone en tela de juicio a su policía —sobre todo, porque fueron tres cuerpos los que investigaron la causa: la policía turística de la isla de Phangan, la provincial de Surat Thani y la especial de Bangkok—, sino que se respeta a sus autoridades, sobre todo si estas muestran pruebas contundentes en una causa que incriminaba de manera absoluta a un Daniel Sancho, que para más inri, ya había reconocido su fechoría.