El caso Doñana: el precio a pagar por hacer de Bruselas el árbitro de la política nacional

La política española se ha esforzado durante muchos meses, quizás años, por implicar a la Comisión Europea en la política nacional. Ha utilizado todos los medios a su alcance: los debates en la Eurocámara, las misiones del Parlamento Europeo o las preguntas parlamentarias. Normalmente, el asunto a tratar eran los fondos europeos, pero también se han traído a Bruselas otros debates de política nacional. Y finalmente, el debate sobre la ley de regadíos que afecta al Parque de Doñana ha conseguido el objetivo final: implicar a la Comisión Europea. El precio a pagar por ello es, en todo caso, muy alto.

En España, un país muy proeuropeo, en el que hay un amplísimo consenso sobre la Unión Europea. Bruselas es una figura casi paternal. La palabra de la Comisión Europea se toma como ley y eso, en un ambiente electoral permanente, hace que conseguir que Bruselas te respalde de una manera u otra se convierta en un suculento premio. Eso ha hecho que, poco a poco, el fango de la política nacional empiece a tocar a la puerta del Ejecutivo comunitario. Hasta ahora no lo había conseguido, pero el caso Doñana lo ha logrado.

Opinión

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La Comisión Europea tiene como función proteger los Tratados y hacer cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Por un incumplimiento de las directivas medioambientales en Doñana España, como Estado miembro, acabó en la corte europea, que en 2021 dictó una sentencia que, a día de hoy, todavía no se ha cumplido. La nueva ley andaluza, a ojos de la Comisión, va precisamente en dirección contraria al cumplimiento de esa sentencia, y por eso llega la famosa carta de Florika Fink-Hooijer, directora general de Medio Ambiente.

En plena batalla política entre el Partido Popular y el PSOE, que ha hecho de la cuestión de Doñana una bandera electoral, la irrupción de Bruselas ha sido un auténtico shock. Precisamente por el prestigio que tiene la Comisión Europea para la opinión pública española las palabras de su directora general y también de Virginijus Sinkevicius, comisario de Medio Ambiente, han representado un duro varapalo para el Partido Popular, aunque también ambos son claros sobre que la sentencia del 2021 ya estaba siendo incumplida antes de la presentación del proyecto de ley.

La implicación de Bruselas

Tras mucho desearlo e intentarlo, y a pesar de que Bruselas no está arbitrando en la política nacional, sino que está ejerciendo su papel de proteger las sentencias del TJUE, populares y socialistas han logrado implicar a la Comisión Europea en una cuita doméstica. Y el resultado se podía prever desde que ambos partidos empezaron a esforzarse por integrar a Bruselas en la dinámica del enfrentamiento nacional, que es precisamente por lo que el Ejecutivo comunitario ha intentado mantenerse al margen de todos esos intentos: siempre hay alguien que sale perdiendo. Y no suele encajarlo bien.

En los últimos días, han proliferado los mensajes en los que se sugiere que la Comisión Europea apoya a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y algunos líderes de opinión conservadores han sugerido que la Unión Europea se juega su buen nombre al interferir en este asunto, cuando en realidad solamente está ejerciendo sus funciones como guardiana de los Tratados. Incluso se ha impulsado a que Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo (PPE), diga ante la prensa que la Comisión está haciendo "campaña" por Sánchez. Por su parte, el Gobierno ha aprovechado las palabras de Bruselas para redoblar su presión sobre la Junta.

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Ante la aparición de la Comisión Europea dentro de un debate nacional se reacciona como con el resto de las cuestiones de la política patria: se le aplican las mismas normas, las mismas lógicas. Y eso lleva al desprestigio de la institución para contrarrestar el efecto de su intervención de un debate político nacional, como están haciendo determinados comentaristas y como por ejemplo hacen las palabras de Weber, que han sido una auténtica sorpresa en la política comunitaria, poco acostumbrada a esas formas. En la Comisión saben que este es el precio a pagar por participar en esta cuestión, pero explican que no hay otra posibilidad: es su obligación que se cumpla la sentencia del TJUE de 2021, y justo cuando se estaba en contactos para que el Gobierno explicara de qué manera iba a garantizar su cumplimiento, la aparición de esta ley les ha obligado a reaccionar para evitar lo que a sus ojos es un empeoramiento de la situación. Pero aunque saben que es el precio a pagar, también hay sorpresa por el nivel de belicosidad del debate.

El incidente demuestra que el esfuerzo de los partidos por implicar a la Comisión Europea en sus batallas políticas alimenta la pérdida de prestigio de las instituciones europeas en España, uno de los pocos terrenos en los que hasta ahora seguía existiendo un consenso a nivel nacional y que se ha ido desgastando por los intentos de exportar las polémicas internas a Bruselas por todas las vías al alcance de las formaciones. El de Doñana es el último capítulo, y el más exitoso, del intento de la política nacional por exportar sus problemas a nivel europeo con el objetivo de convertir a Bruselas en el tribunal supremo de la política nacional, el juez que decida quién ha ganado el debate. Y Doñana es también es la demostración de que el precio a pagar es muy alto.