Netanyahu asesta "un golpe mortal" a los jueces (y la democracia) de Israel

Primero fue Polonia. Luego, Hungría. Y, ahora, Israel. Como hicieran Andrzej Duda en 2015 y Viktor Orban en 2018, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha puesto a los jueces en su punto de mira y también prepara una reforma judicial que, según sus detractores, supondrá el fin de la separación de poderes en el país. Su intención tácita es evitar una condena en los juicios por soborno, abuso de confianza y fraude que existen en su contra. "Estamos viendo un golpe de Estado. Esto es un magnicidio a la declaración de independencia", decía hace unos días el exprimer ministro Ehud Barak. "Nos quieren silenciar", afirmaba la presidenta del Tribunal Supremo de Israel, Esther Hayut. "Es un golpe mortal a la independencia del poder judicial".

Netanyahu y sus socios ultraderechistas y religiosos, en el poder desde el pasado mes de diciembre, buscan aprobar una propuesta legislativa que subordinará el Tribunal Supremo al Parlamento y limitará su independencia. También dificultará que Bibi sea condenado por fraude y corrupción, además de mantener en el poder a sus correligionarios ya sentenciados. Varios de sus ministros arrastran condenas por fraude, racismo e, incluso, apoyo al terrorismo. En concreto, la reforma permitirá que cualquier ley ratificada por el Parlamento e invalidada por el Supremo pueda volver a aprobarse por mayoría en la Knéset. También dará un mayor poder sobre el nombramiento de jueces al ejecutivo —cosa que ya sucede en otros países— y limitará la independencia de los asesores jurídicos del Gobierno, una figura pensada para garantizar la transparencia y combatir la corrupción.

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"El paquete legislativo adelantado por el Ministro de Justicia conducirá a un poder judicial controlado por el poder ejecutivo, diezmará la separación de poderes en nuestra democracia e impedirá que el Tribunal Supremo defienda los derechos de los ciudadanos. Israelíes de todos los ámbitos de la vida, deberían hablar en contra de estas reformas unilaterales", declaró Yohanan Plesner, presidente del Israel Democracy Institute. Como él, cientos de personalidades e intelectuales se han opuesto al proyecto de ley, así como dos exgobernadores del Banco Central de Israel, decenas de exaltos cargos gubernamentales, cuatrocientos empresarios —que han alertado que la reforma tendrá "consecuencias devastadoras para la economía"— y más de un millar de oficiales del ejército, que han firmado un manifiesto en el que acusan a Netanyahu de "destruir" el país por el que han luchado.

La oposición en pleno, encabezada por el exprimer ministro Yair Lapid, también ha criticado la propuesta. "Esto no es una reforma judicial. Esto es un cambio de régimen extremo. Es cancelar la Declaración de Independencia. Es separar a Israel de la familia de países liberales", ha afirmado el líder centrista. "Un país que una mañana elimina todos los frenos y contrapesos al Gobierno no es una democracia. Los políticos nombrarán jueces sumisos que harán lo que les digan. Los jueces serán los jueces del Gobierno", ha añadido Lapid. El exministro de Defensa y líder del partido Unidad Nacional, Benny Gantz, uno de los políticos más beligerantes con la propuesta de Netanyahu, ha llegado a afirmar que el proyecto de ley conducirá a Israel a una "guerra civil". "Este es el momento de salir en masa y manifestarse, el momento de hacer temblar al país", ha afirmado Gantz.

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Parte de la sociedad civil israelí ha reaccionado ante las pretensiones del gobierno y ha respondido a las llamadas a la movilización. El pasado sábado, más de 100.000 personas se manifestaron en Tel Aviv para protestar contra la reforma judicial, según los organizadores de la marcha. "Esta ley difumina la separación de poderes y pone en entredicho la democracia de Israel. Cuando la palabra de los políticos vale más que la de los jueces, estamos politizando el sistema. Y esto es muy peligroso", explica a El Confidencial Antea Moreno, que participó en la marcha. "Netanyahu está intentando cambiar Israel de una manera dramática. Está intentando convertirlo en un país no democrático. Está involucrado en un caso criminal y está intentando encontrar una manera de librarse de su problema, y lo está haciendo mediante la destrucción de lo que hemos construido aquí en los últimos 75 años", dice Gonen Ben Itzhak, abogado y activista.

Un país dividido

La concentración del pasado sábado en Tel Aviv fue la tercera manifestación en tres semanas en la capital económica de Israel, donde se concentra buena parte de la sociedad laica, centrista e izquierdista del país. Sin embargo, en los últimos años, Israel ha dado un importante giro a la derecha, con un 62% de los ciudadanos definiéndose como conservadores, frente al 24% que se define de centro y el 11% de izquierdas. Esta situación es aún mayor entre los jóvenes y los judíos religiosos: más del 70% de los israelíes de entre 18 y 34 se consideran de derechas, y más del 74% de los ultras ortodoxos y el 82% de los nacionalistas religiosos también se definen como conservadores.

Son datos del Democracy Index 2022, elaborado por el Israel Democracy Institute y publicados el pasado 15 de enero, que muestran un incremento en la división entre árabes y judíos, pero también entre los mismos israelíes judíos, según su orientación política. Así, por ejemplo, mientras que el 80% de los judíos de izquierdas y el 62% de los de centro confían en el Tribunal Supremo, solo un 29% de los conservadores se fía de la máxima autoridad judicial del país. Y mientras que el 80% de los progresistas y el 73% de los centristas creen que el Supremo debería poder invalidar leyes que "entren en conflicto con los principios democráticos", solo un 44% de los votantes de derechas apoyan esta premisa. Según el informe, la confianza media en instituciones como la Knéset, el gobierno, el Tribunal Supremo o el ejército se han reducido drásticamente en la última década: del 61% en 2012 al 33% en 2022.

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Paralelamente, también ha crecido el porcentaje de judíos de cualquier ideología que creen que los valores religiosos deberían prevalecer sobre los valores democráticos (un 43%), y hasta un 49% de los judíos israelíes opinan que los ciudadanos de esta religión deberían tener más derechos que sus compatriotas musulmanes o cristianos. Un porcentaje que aumenta hasta el 62% entre los votantes de derechas. Además, un 80% de los ciudadanos judíos considera que las grandes decisiones de estado relativas a la paz y la seguridad debería tomarlas exclusivamente una mayoría judía. "Da igual, si son de izquierdas o de derechas, lo que hay en Israel es una tendencia racista y supremacista", asegura a este medio Jafar Farah, director del Mossawa Center, una organización civil que busca promover la igualdad de los ciudadanos árabes en Israel.

Los puntos fuertes y débiles de Netanyahu

Esta realidad social y política, pero sobre todo, los resultados en las elecciones de noviembre, son la principal baza con que cuenta Benjamin Netanyahu para legitimar sus planes. El primer ministro ganó las elecciones con 32 diputados, frente a los 24 de su inmediato competidor, Yair Lapid; pero también consiguió el apoyo de cinco partidos de extrema derecha y religiosos —los verdaderos ganadores de los comicios— que le han permitido llegar a los 64 escaños. Así, cuando se le ha confrontado por sus planes para el poder judicial, Bibi ha respondido que su propuesta era bien conocida durante las elecciones, y que su partido y sus socios han recibido de los ciudadanos "un mandato nítido para ejecutarla". También ha defendido que los cambios se harán "de manera responsable y con discreción, y escuchando todas las posiciones".

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Estos días, muchos han recordado en Israel que, pese a que Netanyahu cuenta con la mayoría de los diputados en la Knéset, su victoria en el voto popular fue pírrica: 30.000 papeletas. De hecho, el bloque conservador y el bloque anti-Netanyahu quedaron prácticamente empatados: los primeros obtuvieron el 49,57% de los votos, y los segundos el 48,94%. Además, mientras la reforma no se apruebe, el Tribunal Supremo seguirá teniendo la última palabra sobre la legalidad de las leyes y podrá invalidar decisiones del gobierno que no sean conforme a derecho. Sin ir más lejos, el pasado domingo, Netanyahu se vio obligado a hacer dimitir "con gran pena" a su ministro de interior y sanidad, Aryeh Deri, líder del partido ultra ortodoxo Shas. El Supremo consideró "irrazonable en extremo" que Deri permaneciera en el cargo debido a sus múltiples condenas penales, la más reciente por fraude fiscal en 2022.

El lunes, Netanyahu arropó a su socio y prometió "arreglar" la situación de Deri. "Se ha dañado el principio de la voluntad de la mayoría, y debemos arreglarlo", dijo el primer ministro, que prometió restaurar a Deri en su gabinete. Netanyahu aseguró que la decisión del Supremo respecto a su ministro es una respuesta ante los esfuerzos de su ejecutivo por aprobar una reforma judicial. Y afirmó que su gobierno se enfrenta a "una avalancha de propaganda falsa". "No hemos venido a acabar con la democracia", dijo, "Hemos venido a salvar la democracia. ¿Y qué es la democracia? El gobierno de la mayoría y el respeto de los derechos individuales". "No dejaremos que ganen", añadió.