Cómo la destrucción de un pueblo te explica el gran atolladero energético de Alemania

Es una imagen surrealista que ha dado la vuelta al mundo. Policías antidisturbios hundidos hasta las rodillas y atrapados en el fango, batallando desesperadamente por librar sus piernas de las cárceles de barro que las atrapan mientras manifestantes les lanzan objetos. De pronto, un misterioso personaje ataviado como un monje monástico medieval se acerca en actitud desafiante, se burla de los agentes e incluso llega a empujar a uno de ellos de vuelta al lodazal. El vídeo corre como la espuma en redes. Schadenfreude asegurado.

Pero el trasfondo es mucho más serio de lo que esta escena, mezcla entre Benny Hill y El nombre de la rosa, parece indicar. La pequeña localidad alemana de Lutzerath, situada a escasos kilómetros de las fronteras con Bélgica y Países Bajos, está a punto de ser completamente destruida. Tras años de lucha de miles de activistas que han intentado evitarlo, la policía lleva desde el 10 de enero desalojando a los manifestantes que permanecen en el pueblo en una serie de enfrentamientos bajo la lluvia y sobre el barro que dieron lugar al vídeo viral. Las protestas contaron con el respaldo de varios pesos pesados del movimiento ambientalista europeo, como la sueca Greta Thunberg, quien fue detenida este martes junto a otros activistas.

¿Por qué destruir por completo un pueblo cuyos orígenes se remontan al siglo XII? Para ampliar la mina de carbón a cielo abierto de Garzweiler II, una de las más grandes de Europa y que ya cuenta con 3.200 hectáreas de extensión. Así lo dictaminó hace una década el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, al considerar que los 900 residentes de Lutzerath debían ser desplazados para permitir a la energética alemana RWE expandir sus operaciones y acceder a los 1.300 millones de toneladas de lignito que, se estima, se encuentran bajo la aldea.

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Pese a la orden de la corte, los activistas que llevan años residiendo de forma rotatoria en la localidad para intentar evitar su demolición guardaban esperanzas. Después de todo, mucho ha cambiado durante la última década: la lucha contra el cambio climático ha adoptado un papel protagonista en todas las agendas europeas, el carbón se ha convertido en la oveja negra del mix energético y el partido de los Verdes es ahora uno de los integrantes del Gobierno alemán. Sin embargo, pese a todo, la destrucción de Lutzerath continúa su curso con el beneplácito del Ejecutivo, una muestra del atolladero en que se encuentra sumida una Alemania que batalla para reconciliar su transición verde con la nueva realidad surgida a raíz de la guerra en Ucrania.

Menos gas, más carbón

Tan solo dos años atrás, Alemania parecía uno de los países más dispuestos a deshacerse de la fuente de energía más contaminante tan pronto como fuera posible. Berlín ya había anunciado previamente un plan para cerrar las centrales eléctricas de carbón en 2038, pero en 2021 la Cancillería llegó a acuerdos con el sector para adelantar el plazo hasta 2030, una de las principales promesas del Gobierno tricolor de socialistas, verdes y liberales dirigido por Olaf Scholz.

Sin embargo, en los planes del Ejecutivo germano no estaba el cierre casi total del suministro de su principal proveedor de energía: Rusia. Tras décadas de diseñar una estrategia de compra de gas que cada vez lo hacía más dependiente de Moscú, el Gobierno alemán se vio obligado a dar un giro de 180 grados. En las primeras horas de aquel 24 de febrero de 2022, cuando dio comienzo la invasión a gran escala de Ucrania ordenada por Vladímir Putin, el canciller anunciaba la suspensión del gasoducto Nord Stream II, la última arteria energética desde Moscú, que tantas veces Berlín había defendido en el pasado.

Desde entonces, el grifo del gas ruso se ha ido reduciendo hasta casi extinguirse, forzando a Alemania a encontrar suministros de energía alternativos. Y en el corto plazo, el principal vencedor de este giro ha sido la producción nacional de carbón. A lo largo de 2022, el Gobierno germano aprobó varias medidas para volver a conectar numerosas plantas eléctricas que consumen este recurso a la red y extendió la vida útil de varias que debían haber sido clausuradas ese mismo año, provocando la indignación de grupos ambientalistas alemanes.

“Se esperaba que Alemania adoptara una línea más dura de cara a la transición energética, dado que cuentan con el Partido Verde en la coalición gobernante. Muchos apostaban por que mantendrían la descarbonización en curso a toda costa. Sin embargo, lo que hemos visto es un enfoque mucho más pragmático por parte del Gobierno alemán”, explica Susi Dennison, directora del Programa Europeo de Energía del European Council on Foreign Relations (ECFR), en entrevista con El Confidencial.

El balance del año pasado muestra que Berlín redujo considerablemente su consumo total de energía y emisiones en 2022, debido en gran medida a la destrucción de la demanda de gas por parte de una industria que no pudo permitirse asumir los precios del hidrocarburo durante la mayor parte del año. También revela que el incremento del consumo de energía renovable para compensar la pérdida del combustible ruso —y el cierre de la mitad de sus centrales nucleares al concluir 2021— fue porcentualmente inferior al que experimentaron la hulla (carbón duro) y el lignito, las fuentes más contaminantes.

En total, 27 centrales eléctricas de carbón han sido reabiertas o mantenidas más allá de su cierre planeado en Alemania, proporcionando una capacidad de producción adicional de 10 gigavatios (GW). Por ello, a la espera de los datos oficiales, cálculos realizados por Agora Energiewende apuntan a que Alemania falló por segundo año consecutivo a la hora de cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones. "Las emisiones de CO₂ se están estancando en un nivel alto, a pesar de un consumo de energía significativamente menor por parte de los hogares y la industria", señaló en el informe Simon Müller, director para Alemania del think tank.

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El país centroeuropeo no ha sido el único en aplicar el remedio negro para paliar la escasez estructural de gas. En 2022, el uso de carbón a nivel mundial alcanzó un nuevo récord, quemando por primera vez más de 8.000 millones de toneladas en un solo año, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), lo que supone un 1,2% más de consumo que en 2021.

Entre la espada y la pared

El ministro de Energía alemán y líder del Partido Verde, Robert Habeck, es consciente del precio electoral que su formación puede pagar por esta aparente traición a sus principios. El político se ha referido a la mayor dependencia del carbón como "un pecado en términos de política climática" y ha afirmado que su ministerio trabajará “para mantener este pecado lo más breve posible”. Esa es, en esencia, la línea argumental del Ejecutivo: el mayor consumo de carbón y la ampliación de las minas es un mal necesario a corto plazo que se verá resuelto en cuanto las nuevas infraestructuras para facilitar la importación de gas natural licuado (GNL) entren en funcionamiento.

Sin embargo, desde la iniciativa Lützerath Lebt (Lutzerath Vive), que coordina la resistencia contra la expansión de la mina Garzweiler II, rechazan los argumentos del Gobierno, afirmando que los depósitos de lignito bajo el pueblo tardarán varios años en ser explotados, por lo que la urgencia que señala Habeck no es una excusa válida. "Mucha gente está muy decepcionada con el Partido Verde, que se ha estado manifestando con nosotros hasta hace unos años y que ahora prefiere apoyar a una empresa de carbón que contribuye a la destrucción del planeta y la aceleración de la crisis climática", lamenta Sasha Lorenz, portavoz de la organización, en declaraciones a este periódico. “Ningún partido en el Gobierno o la oposición en este momento tiene un programa alineado con la meta de 1,5 grados del Acuerdo de París”, sentencia.

Los desalojos en Lutzerath han supuesto una imagen incómoda para la Cancillería. La detención de Thunberg, los vídeos virales de policías hundidos en el fango y la amplia cobertura en la prensa internacional de los choques entre policía y activistas han dado una visibilidad sin precedentes a la demolición del pueblo, cuyos habitantes ya fueron compensados económicamente y desplazados a otras localidades en años anteriores sin que se produjera un ruido semejante.

Pero Habeck, Scholz y el resto del Gobierno alemán temen protestas de mucho mayor calado si no hacen todo lo posible por abaratar los altos precios de la electricidad que siguen azotando al país y al continente europeo. Aunque estos se han reducido considerablemente en los últimos meses debido a un inicio de invierno más cálido de lo habitual, los cálculos del Ejecutivo apuntan que la crisis energética seguirá su curso en 2023, por lo que los altos costes que afrontarán los ciudadanos continuarán suponiendo el principal desafío para la estabilidad del Ejecutivo.

“El tipo de protestas que temen es de la escala de la que tuvo lugar en Francia hace unos años”, afirma Dennison, en referencia a las manifestaciones de los chalecos amarillos, que paralizaron el país galo entre 2018 y 2019. “Lo que estamos viendo es que el Gobierno alemán está dispuesto a pagar el precio de las protestas ambientales para evitar el gran peligro de las enormes protestas sociales”, concluye la experta.