El asesinato de un policía muestra los fallos de todo un sistema de vigilancia de Bélgica

La semana pasada, Yassine M, de 32 años, asesinó a un policía, Thomas Monjoie, e hirió a otro cerca de la Gare du Nord en Bruselas, la capital de Bélgica, mientras se encontraban en un coche patrulla. Otros policías abatieron al asesino, que antes de actuar gritó "Alá es grande". El caso del ahora detenido por "asesinato y tentativa de asesinato en un contexto terrorista" ha provocado un escándalo nacional, está desde hace una semana en todas las portadas de la prensa belga y está volviendo a poner en tela de juicio el sistema de control para personas radicalizadas justo en la cantera del yihadismo de Europa.

Si uno hace un intento por reconstruir todos los fallos en el caso de Yassine M se encuentra un camino minado de siglas, de centros, equipos de investigación, distintas comunas, cuerpos de policía y un largo etcétera. Y, a pesar de estar en todos los radares posibles, todos ellos fallaron a la hora de la verdad. El colofón fue el hecho de que el asesino acudió esa misma mañana a una comisaría del municipio de Evere, donde residía, pidiendo ayuda psicológica y expresando su odio a la policía. Sin embargo, y tras ser acompañado a un hospital, quedó en libertad porque había expresado su voluntad de recibir tratamiento. Esa misma noche asesinó a un policía e hirió en el brazo a su compañero de patrulla.

Pero Yassine ya estaba en los radares mucho antes. Desde 2017 se encontraba en el Banco Común de Datos y en la Ocam (Coordinadora de Análisis de Amenazas), que coordina la estrategia de lucha contra el radicalismo y el terrorismo. En 2019 salió de prisión, donde se había radicalizado tras pasar un tiempo condenado por robo con violencia, y su estatus se modificó para señalar que era un "extremista potencialmente violento".

En 2021, la Ocam adoptó una nueva estrategia con el objetivo de ser más efectivos en la lucha contra el terrorismo, la llamada estrategia TER, que funciona con dos patas: por un lado, una "Task Force Local" que sería la que incluye a cuerpos de policía, la inteligencia, el sistema judicial y, en general, todo el "poder duro" del Estado y que coincide con los distritos judiciales. Otra pata, las llamadas "Células de Seguridad Integral locales" (CSIL-R) a nivel municipal, de hecho está presidido por el burgomaestre de cada localidad, y tiene un enfoque preventivo. La idea es que el seguimiento sea más capilar: que las células puedan hacer un seguimiento más cercano mientras las TFL se encargan de intervenir.

Cualquiera que haya vivido en Bruselas sabe el enorme quebradero de cabeza que generan las distintas comunas, casi 20, que conforman la capital belga. Moverse de un distrito a otro, porque eso son las comunas con sus respectivas administraciones y alcaldes, puede ser una tarea compleja. La cooperación entre administraciones nunca ha sido el fuerte de un país muy dividido, especialmente por la lengua: los problemas de comunicación entre la policía francófona y la flamenca han sido conocidos y han tenido mucha repercusión. Así que la cooperación entre comunas tampoco es sencilla cuando se trata de monitorear a personas radicalizadas.

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Según el nuevo sistema TER implementado en 2021 una comuna que tenga en el radar de sus CSIL-R a un individuo radicalizado debe avisar a otra comuna si esa persona se muda allí. Y el problema es que según varios medios de comunicación belgas la comuna de Saint Josse, en la que había vivido Yassine hasta hace menos de un año, no informó a la de Evere de que una persona de alto riesgo se había trasladado.

Además, las reuniones de las CSIL-R municipales dependen por completo del alcalde, que decide con qué periodicidad se convocan, o incluso puede decidir no convocar reuniones de seguimiento en caso de que no haya ningún sospechoso. Y muchos dudan de su utilidad, entre ellos el propio burgomaestre de Evere. "Aunque nos hubiésemos reunido para hablar de su situación, eso no habría cambiado nada, porque no tenemos ningún poder vinculante", defendió Ridouane Chahid.

La maraña administrativa va más allá. Además de estos sistemas de control, existe un Centro de Asistencia y Apoyo a los afectados por el Radicalismo y el Extremismo Violento (CAPREV, por sus siglas en inglés) de la Federación Valonia-Bruselas, es decir, la región francófona de Bélgica y la capital, y, por otro lado, el servicio BRAVVO de prevención de la ciudad de Bruselas. Ambos sistemas estuvieron monitoreando a Yassine. El primero desde que se encontraba en prisión y hasta hace poco tiempo, aunque el ministerio de Justicia e Interior se han quejado de la falta de información ofrecida por el sistema CAPREV y han explicado que el sistema de intercambio de datos sí que funciona con Flandes, la región flamenca del país.

La situación es tan compleja y hay tal entramado de entidades que Cécile Jodogne, burgomaestre de Schaerbeek, que es la comuna en la que se produjo el ataque a los dos policías la semana pasada, hizo una confesión sobre el CAPREV y su rol en la lucha contra el extremismo: "Reconozco haber descubierto su existencia ayer".

Hubo muchas barreras que fallaron a la hora de evitar que Yassine asesinara a un policía. Los sistemas de vigilancia y de control están tan divididas, tan localizadas y tan descoordinadas que todos esquivan su responsabilidad en un juego de triles lleno de siglas indescifrables. La última barrera, la más escandalosa, la de la propia petición de ayuda del asesino esa misma mañana, es la que sigue siendo más difícil de comprender. El ahora detenido no cumplía los requisitos para que se le aplicara la "línea Nixon" de prevención, y eso hizo que los policías que le acompañaron a las urgencias psiquiátricas tras hablar con el juez de guardia no tuvieran que esperar allí. Yassine era libre de irse cuando quisiera.

Este viernes, en el diario belga Le Soir, dos psiquiatras que trabajan en una unidad similar a la que fue llevado el ahora detenido explican que esa situación se puede dar en cualquier centro. "No podemos detener en urgencias a una persona que ha venido voluntariamente ni privarla de libertad, salvo en el caso de solicitud de informe pericial de la fiscalía o ingreso forzoso posterior. Si la policía hubiera explicado el contexto de la llegada de este paciente a la sala de emergencias, quizás podrían haber cambiado las cosas", han explicado.