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La Constitución de la discordia: por qué Chile puede rechazar hoy lo que pidió hace 2 años
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La otra no, esta tampoco

La Constitución de la discordia: por qué Chile puede rechazar hoy lo que pidió hace 2 años

Pese a la unidad mostrada en 2020 a la hora de romper con la vieja Constitución, el país llega a las urnas profundamente dividido y con una aparente mayoría en contra del nuevo texto

Foto: Ciudadanos participan en el cierre de campaña de los simpatizantes por la opción de votar "rechazo" en el referéndum de este domingo. (EFE/Elvis González)
Ciudadanos participan en el cierre de campaña de los simpatizantes por la opción de votar "rechazo" en el referéndum de este domingo. (EFE/Elvis González)

En octubre de 2020, Chile hacía historia. En medio de un protocolo sanitario especial durante uno de los peores puntos de la pandemia, el país decidía, con un rotundo 78% de los votos, reemplazar la Constitución del país, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet y reformada en más de 50 ocasiones. "Es un triunfo de la ciudadanía y la democracia", afirmaba el entonces presidente Sebastián Piñera, uno de los principales blancos de la ira popular que desató el estallido social chileno, una ola de protestas que a finales de 2019 forzó el referéndum para cambiar el texto constitucional.

El método elegido para redactar la nueva Carta Magna fue el de una asamblea elegida al completo por votación popular. Tras las elecciones constituyentes que dieron inicio al proceso a mediados de 2021, este domingo 4 de septiembre, coincidiendo con el 52 aniversario de la victoria de Salvador Allende en las elecciones presidenciales chilenas, el país vuelve a votar para decidir sobre el texto final entregado por los 'convencionales', como se conoce a los redactores. Sin embargo, pese a la unidad mostrada hace dos años a la hora de romper con la vieja Constitución, el país llega a las urnas profundamente dividido y con una aparente mayoría favoreciendo el rechazo de la nueva.

Foto: El presidente de Chile, Gabriel Boric. (Reuters/Joel Estay)

La votación no acepta medias tintas. "Apruebo" y "Rechazo" son las dos únicas opciones. Todos los sondeos realizados durante los últimos meses en Chile coinciden en dar la ventaja a la segunda opción, con una distancia de entre 4 y 12 puntos frente a la primera. El elevado número de indecisos (cercano al 15%) y el hecho de que el voto sea obligatorio para todos los mayores de 18 años son los únicos factores que todavía arrojan cierta incertidumbre a un resultado que parece anunciado.

¿Qué ha ocurrido en los dos últimos años en Chile para que su ciudadanía esté dispuesta a renunciar a lo que antaño reclamó con tanta avidez? El rechazo a la Constitución de la era de Pinochet siempre tuvo un trasfondo ideológico, impulsado principalmente por los sectores progresistas del país, pero logró encontrar una resonancia entre una amplia mayoría de la población. Ahora, la situación es muy diferente. "Buena parte de la población parece haber llegado a la conclusión de que este es un texto más bien sectario", resume José Miguel Vivanco, chileno y exdirector de la división para las Américas de Human Rights Watch, en entrevista con El Confidencial.

Tres son los factores que han provocado este cambio en la percepción de la nueva Constitución: el proceso constituyente, el texto final y el cambio en la presidencia del país.

Un proceso polarizador

El proceso constituyente chileno fue, por varios motivos, único en el mundo. Lo fue por su estricta paridad de género (77 mujeres y 78 hombres), por su inclusión obligatoria de 17 representantes de pueblos indígenas y, sobre todo, por la enorme cantidad de redactores procedentes de listas independientes (48, un tercio del total). De entre ellos, la mayoría se encontraban aglomerados en La Lista del Pueblo, un movimiento político difuso pero de marcada ideología izquierdista.

Foto: Miles de personas se manifiestan durante una protesta en plaza Italia en contra del Gobierno de Sebastián Piñera, en Santiago, el 16 de octubre de 2020. (EFE)

La gran perdedora de la elección constituyente de 2021 fue la derecha, que solo logró 37 asientos. Esto hizo que sus votos fueran prescindibles a la hora de alcanzar los dos tercios que se necesitan para influir en el contenido de la nueva Carta Magna. Sin embargo, como pudo verse en la última llamada a las urnas, en las que el nuevo presidente izquierdista, Gabriel Boric, se impuso por un 55,87% de los votos al 44,13% del aspirante ultraderechista José Antonio Kast, el papel con el que cuenta el espectro ideológico más conservador en la asamblea no se corresponde con su peso en la sociedad chilena.

Este factor ha sido una de las principales causas de la polarización del proceso constituyente, dado que varios de los artículos más polémicos del nuevo texto fueron aprobados con la oposición total de los 37 integrantes de la derecha e incluso de los redactores de centroizquierda. Esto, junto a la movilización de los sectores conservadores del país, provocó que se extendiera la narrativa de que el proceso había sido secuestrado por la extrema izquierda chilena. "Lo que aquí ha fallado es que los convencionales entendieron que estaban al volante y pensaron que esta era una oportunidad para diseñar una constitución a su imagen y semejanza", opina Vivanco. "Tuvieron la miopía de pensar que, como eran mayoría, no tenían que buscar consensos", agrega.

"Gran parte de la población vio con malos ojos el comportamiento de la asamblea constituyente"

Más allá del factor ideológico, la Convención Constitucional ha estado marcada por varios episodios polémicos que han hundido su imagen de cara al público. Son casos como el del representante de la Lista del Pueblo Rodrigo Rojas Vade, quien fingió tener cáncer durante su campaña para ser elegido como convencional y se vio obligado a renunciar tras descubrirse la verdad; el de una propuesta que buscó eliminar los tres poderes del Estado, presentada por ocho redactores y que desató incluso el rechazo del propio Boric; o el de las decenas de enfrentamientos, salidas de tono o incluso insultos que acompañaron a un proceso del que se esperaba altura política y consenso. "¿Qué hacemos con este circo, presidenta?", una pregunta enunciada sin darse cuenta de que tenía el micrófono encendido por el secretario de la asamblea, John Smok, se convirtió en un lema para el creciente número de críticos.

"La gran mayoría de la población vio con malos ojos el comportamiento de la asamblea constituyente y de los miembros de la asamblea", explica Robert Funk, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, a este periódico. El resultado ha sido el de una profundización de la polarización que ya se había disparado en el país a raíz de unas elecciones presidenciales con candidatos completamente antagónicos. "Hay un gran nivel de crispación en el ambiente. Hemos visto múltiples protestas, gente enfrentándose en las calles, pegándose, etcétera. Y por otro lado, está el texto en sí, por el que mucha gente está adoptando posiciones absolutistas. O es un texto fantástico, de vanguardia, que va a solucionar todos los problemas del país o es terrible, un desastre para el país que nos va a llevar a la perdición", destaca el experto.

Un texto kilométrico y polémico

La polémica está servida en la propuesta para la nueva Constitución desde la primera frase: "Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático". El texto reconoce al país de forma explícita como un estado plurinacional, algo que en el contexto latinoamericano está relacionado con sistemas propios de derechos y leyes para los grupos indígenas. Actualmente, solo Ecuador y Bolivia cuentan con este reconocimiento en su Carta Magna.

Los temas que afectan a las comunidades indígenas —que suponen el 12,9% de la población chilena— han demostrado ser, a lo largo del proceso constituyente, los temas más divisivos de la agenda. Esto, debido a que el debate se desarrolla en medio de una crisis de seguridad en el sur del país por los enfrentamientos del pueblo mapuche contra las fuerzas del Estado por los derechos territoriales y de extracción de recursos. Además del que establece la plurinacionalidad, el artículo que más críticas ha desatado, con diferencia, ha sido el 191.2, que determina que "los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución".

Foto: El esqueleto de un animal en una granja chilena afectada por la escasez de agua en el país. Ivan Alvarado / REUTERS

"Consentimiento" es, aquí, el verbo de la discordia. "Es muy diferente de 'consulta'. Es un lenguaje bastante vago y ambiguo en el que caben todas las interpretaciones posibles, las más extremas y las más acotadas, sobre qué poderes tendrían las comunidades indígenas para cualquier reforma constitucional que pueda afectar sus derechos directa o indirectamente", apunta Vivanco. Los críticos denuncian que el kilométrico texto, compuesto por 388 artículos (más del doble que el español), está plagado de este tipo de ambigüedades. Sus defensores argumentan que estas resultan inevitables y que toda Constitución requiere de un proceso interpretativo.

Boric, junto a otros legisladores de centroizquierda, han respondido a las críticas al texto constitucional prometiendo reformar varios de sus aspectos más polémicos en caso de que sea aprobada en el referéndum. Sin embargo, cumplir esta promesa podría resultar complicado. Reformar la nueva constitución de Chile requeriría asegurar una supermayoría en ambas cámaras del Congreso, así como una consulta formal con los grupos indígenas autónomos. La coalición de Boric cuenta con los suficientes escaños en el parlamento para aprobar estos cambios, pero esta unión ha demostrado múltiples signos de fragilidad debido a la división ideológica entre el centro y la extrema izquierda, desencuentros que se verían amplificados ante cualquier intento de transformar la nueva Carta Magna.

Nuevo presidente, nuevo objetivo

El último factor es uno que tiene menos que ver con la Constitución y más con la transformación de las dinámicas políticas en el país. Cuando gobernaba Sebastián Piñera, dos veces presidente de Chile (2010-2014 y 2018-2022) y uno de los mayores representantes del 'establishment' político del país, el voto por el cambio constitucional funcionó a la par como un voto contra el 'statu quo' y el Gobierno. Ahora cuando el Palacio de la Moneda tiene como inquilino a Boric, la situación ha cambiado drásticamente. "Este también es un plebiscito sobre el Gobierno", indica Vivanco. Votar contra el nuevo texto implica, para muchos chilenos, votar contra el Ejecutivo.

El Gobierno de Boric no tiene permitido hacer campaña a favor o en contra del referéndum de este domingo. Aún así, el mandatario y varios miembros de su Gobierno han apoyado abiertamente la iniciativa de forma más o menos disimulada. Poco importa, dado que un presidente iba a estar en la boleta le gustara o no. "Esto hubiera ocurrido con o sin el apoyo de Boric al proceso constituyente. Hemos visto en muchos casos, como en Colombia o Reino Unido, cómo los plebiscitos de este tipo suelen reflejar de alguna forma la opinión pública con respecto a los gobiernos", señala Funk. El experto afirma que a Boric no le quedaba otra opción que la de apoyar el proceso, dado que refleja gran parte de sus ideas y, además, "le permite mantener cierta coherencia de cara a la coalición tan compleja que lidera".

Foto: EC.

Ante el difícil panorama de este domingo, Boric ya ha declarado que lanzará un nuevo proceso constituyente en caso de que el texto sea rechazado. Paralelamente, líderes de los partidos de centroderecha y derecha planean apaciguar la demanda pública de un cambio estructural mediante nuevas reformas a la constitución actual del país, otorgando a los pueblos indígenas un mayor reconocimiento y haciendo público el sistema de pensiones, pero sin llegar a realizar los amplios cambios en los derechos del sector privado, como el que separa la propiedad del agua del dominio del Estado.

Cualquier proceso patrocinado por el presidente tiene más posibilidades de salir adelante, dado que la oposición conservadora no cuenta con la mayoría necesaria para impulsar cambios de este tipo. Pero, con un Gobierno debilitado ante una previsible derrota, el país corre el riesgo de aumentar su polarización ante dos posibles procesos constitucionales enfrentados. La vieja Carta Magna está socialmente muerta, asesinada en 2020 por una amplia mayoría de los votantes. Pero encontrar una que la sustituya podría llevarle a Chile mucho más tiempo del esperado.

En octubre de 2020, Chile hacía historia. En medio de un protocolo sanitario especial durante uno de los peores puntos de la pandemia, el país decidía, con un rotundo 78% de los votos, reemplazar la Constitución del país, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet y reformada en más de 50 ocasiones. "Es un triunfo de la ciudadanía y la democracia", afirmaba el entonces presidente Sebastián Piñera, uno de los principales blancos de la ira popular que desató el estallido social chileno, una ola de protestas que a finales de 2019 forzó el referéndum para cambiar el texto constitucional.

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