He visto lo que los mercenarios rusos pueden hacerle a un país

Marie-Reine Hassen es exministra de Asuntos Exteriores de la República Centroafricana. Este marzo publicó un artículo en el diario digital francés 'Monde Afrique' sobre las secuelas de la presencia de combatientes rusos del Grupo Wagner en República Centroafricana y cómo son las mujeres y los niños quienes pagan el precio de un país que se ha entregado a los mercenarios de Rusia. El Confidencial reproduce el artículo traducido al español

El destino destrozado de Djamila

Djamila es una niña que fue eviscerada para eliminar el fruto de la horrible serie de violaciones que sufrió. Djamila era sorda y muda, probablemente también autista. Djamila ("la guapa") es una niña víctima de feminicidio. Estos feminicidios no tendrán ningún eco porque simplemente la vida de los hombres y mujeres centroafricanos es mucho menos conmovedora que el rescate de una ballena varada en la costa bretona de Roscoff.

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Cuando Francia decidió abandonar la República Centroafricana a los centroafricanos que se despedazaban entre ellos con machetes, las principales víctimas de las matanzas eran las mujeres y los niños, y todavía siguen pagando un alto precio por el caos actual que ha empeorado en este país.

Djamila acababa de salir de la infancia. De padre bantú y madre m'bororo peuhl, huérfana de ambos progenitores y acogida por su tía, vivía en Bangui [la capital centroafricana] en el barrio conocido como Las 100 Viviendas, a 15 kilómetros de la carretera de Boali (al norte de la ciudad).

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Desde 2018, el grupo de seguridad privado ruso Wagner, se encuentra en la República Centroafricana para entrenar al Ejército y proporcionar protección cercana al presidente Faustin-Archange Touadéra, han estado trabajando en estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA) y la Policía Nacional. Los elementos del grupo Wagner tienen su base en Las 100 Viviendas. Envían regularmente a algunos mototaxistas a sueldo para que secuestren a niñas en distintos lugares de la capital y se dedican a la violación en grupo y a otros actos de violencia sexual. Las víctimas están aterrorizadas y no buscan justicia por miedo a las represalias.

Los rusos se fijaron en la frágil Djamila cuando solo tenía 12 años. Un mototaxi la llevó a su base. No pudo gritar, no pudo pedir ayuda. Todos se turnaron para violarla. Las violaciones en grupo continúan durante meses, con el mismo patrón. Cuando la tía de la niña se dio cuenta, la pequeña Djamila ya estaba embarazada de ocho meses.

Angustiada, la tía corrió con su sobrina a la Misión de Naciones Unidas en República Centroafricana (MINUSCA), avisó a la Brigada Criminal, a la Unidad Conjunta de Intervención Rápida y Represión de la Violencia Sexual contra las Mujeres y los Niños (UMMIR), llamó al teléfono verde 4040 que funciona las 24 horas. ¿Cómo lavar esta mancha infligida por los despreciados invasores? Djamila y su tía no podían saber que lo peor estaba por llegar.

Unos días más tarde, en ausencia de la tía, dos mototaxis secuestraron a Djamila y se la llevaron por la fuerza. La joven, que había desaparecido, fue finalmente encontrada en la orilla de un arroyo, reventada y destripada para quitarle el contenido de su abdomen. A su familia no le caben dudas, fue eliminada para borrar las huellas de su violación.

En la República Centroafricana, país en conflicto desde hace casi veinte años, decenas de miles de mujeres y niñas son víctimas de violencia sexual, cometida por los rebeldes y numerosas milicias, así como por las fuerzas de seguridad y elementos del grupo privado ruso Wagner. Las víctimas son mujeres, adolescentes, ancianos e incluso niñas de siete y ocho años.

El aumento de poder de las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA) y de sus auxiliares rusos ha multiplicado, en menos de un año, la violencia por cinco. Los datos son alarmantes. En 2020, el Sistema de Gestión de Información sobre Violencia de Género registró 9.216 casos de violencia de género en el país, de los cuales el 24% (o 2.281 casos) fueron casos de violencia sexual. En 2021, entre enero y julio, se documentaron más de 5.300 casos de violencia en la RCA.