La operación Ruanda: por qué Johnson sale beneficiado del choque con la Justicia europea

En plena campaña del Brexit en 2016, Boris Johnson, convertido por aquel entonces en una 'rockstar' de la causa euroescéptica, realizó una defensa acérrima del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). “Contribuimos a su elaboración y lo apoyo. Creo que fue una de las grandes cosas que aportamos a Europa. Una buena idea en los tiempos de posguerra”, manifestó entonces. Y sin embargo ahora, en sus momentos más críticos, el 'premier' baraja desvincular al Reino Unido de esta corte —que nada tiene que ver con la UE— después de que se haya interpuesto en su polémico plan para enviar hasta Ruanda a los solicitantes de asilo que llegan por rutas ilegales, una de las políticas más controvertidas tomadas por Downing Street desde el Brexit.

El martes por la noche debía haber salido el primer avión rumbo al país africano con siete inmigrantes a bordo. Pero, tan sólo 30 minutos antes del despegue, se quedó sin pasajeros. El TEDH aceptó la solicitud de dos de ellos para detener temporalmente su deportación hasta que los tribunales del Reino Unido se pronuncien —previsiblemente, a finales de julio— sobre la legalidad de esta medida. La corte recordó además que la Convención de Derechos Humanos no rige en Ruanda, por lo que no hay garantías de que puedan luego regresar a suelo británico si se decide que su deportación ha sido ilegal. La decisión llevó a que el Tribunal de Apelación de Londres confirmara rápidamente la solicitud del resto de afectados.

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La polémica coincide con el momento más delicado de la carrera de Johnson. La moción de confianza forzada por los rebeldes ante el escándalo del Partygate ha dejado su liderazgo más cuestionado que nunca y nadie se atreve a asegurar que vaya a sobrevivir en el Número 10 a finales de este año. Pero teniendo en cuenta que el objetivo ahora es enviar el mensaje de que los 'tories' se toman la inmigración más en serio que otros partidos, no se puede decir que la disputa con los jueces de Estrasburgo le venga ahora mal al primer ministro. Todo lo contrario. En su instinto de supervivencia, se aferra ahora a ella para recuperar el apoyo del núcleo duro de su formación, convencido además de que, de cara a los próximos comicios previstos para 2024, el electorado se habrá olvidado de las fiestas celebradas en pleno confinamiento y tendrá como prioridad la protección de las fronteras y el elevado coste de vida.

Así, la inmigración, cuestión protagonista en la campaña del Brexit, vuelve a ser la prioridad del discurso de Johnson y la mejor marca personal para diferenciarse de la oposición. Para el líder laborista, Keir Starmer, este es un terreno tremendamente delicado. En lo que va de año, casi 11.000 personas han cruzado de manera ilegal el Canal de la Mancha, más del doble de lo que se había registrado en estas fechas el año pasado. A los votantes laboristas también les preocupa el incremento de inmigrantes en situación irregular, de ahí que las críticas al Ejecutivo sean complicadas. En la sesión de control del miércoles en la Cámara de los Comunes, Starmer obvió por completo la disputa con el tribunal europeo y fue Johnson quien, orgulloso, sacó el tema a relucir.

El Gobierno siempre ha defendido que el objetivo es disuadir las mafias para evitar que los traficantes de personas exploten a migrantes desesperados y pongan sus vidas en riesgo. Sin embargo, la medida ha generado todo tipo de críticas. Los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan escaño en la Cámara de los Lores, han enviado una carta al diario The Times en la que denunciaban una práctica “que debería avergonzarnos como nación”.

“Deportaciones, o devoluciones forzosas de los solicitantes de asilo a sus países de origen, no son el modo de afrontar esta situación. Es una política inmoral que avergüenza al Reino Unido”, rezaba el texto. Incluso el príncipe Carlos, heredero al trono británico, según informó el mismo medio el pasado sábado, calificó en privado el plan de Johnson como “espantoso”. A día de hoy, el Palacio de Buckingham no se ha pronunciado al respecto.

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Sin embargo, consciente de la fuerza política que tiene el controvertido programa para el núcleo duro del Partido Conservador —el mismo que le alzó al poder— y los votantes del Brexit —los mismos que le dieron mayoría absoluta en 2019—, el primer ministro sigue más comprometido que nunca con su plan. Es más, en una aparente concesión a las demandas de los más radicales de sus filas, Johnson está valorando ahora la posibilidad de desvincular al Reino Unido de la Declaración Europea de Derechos Humanos de 1953, que apuntala al tribunal de Estrasburgo.

El Reino Unido desempeñó un papel central en la elaboración de la convención bajo Winston Churchill, uno de los grandes héroes del actual primer ministro. El propio abuelo materno de Johnson, James Fawcett, fue presidente de la ahora desaparecida Comisión Europea de Derechos Humanos de 1962 a 1984. Pero el inquilino del Número 10 tiene que jugar sus cartas para garantizar su supervivencia.

El problema es que abandonar TEDH sería un paso significativo que podría tener importantes efectos secundarios en otros acuerdos internacionales. Sin ir más lejos, en virtud del Acuerdo de Viernes Santo de 1998 —que selló la paz entre católicos y protestantes—, el tribunal de Estrasburgo respalda las garantías de los derechos humanos en Irlanda del Norte. Y dado que precisamente proteger la paz en el Ulster es ahora el argumento utilizado por Downing Street para cambiar de manera unilateral el acuerdo del Brexit cerrado con la UE, la estrategia sería difícil de defender. Permanecer en el TEDH también ayuda a garantizar la cooperación judicial y legal con la UE, según los términos del pacto de divorcio.

La ministra de Interior, Priti Patel, ya ha adelantado que han "comenzado los preparativos" para organizar un próximo vuelo

En este sentido, lo que el Ejecutivo estaría realmente valorando es publicar en unas semanas el proyecto de ley para una nueva “Declaración de Derechos británica”. Ésta limitaría severamente la capacidad de los solicitantes de asilo de utilizar el derecho a una vida familiar para evitar su deportación, que es a lo que se aferran ahora bajo el artículo 8 de la Declaración Europea de Derechos Humanos. Según los planes que baraja el Gobierno británico, la expulsión se podría paralizar solo en caso de que algún familiar se esté muriendo.

Sin embargo, el proyecto de ley aún dejaría al TEDH con poderes para decidir sobre las infracciones de la convención, razón por la cual los 'brexiteers' están presionando para desvincularse por completo de la corte fundada tras la II Guerra Mundial y de la que ahora forman parte 46 estados. De momento, la ministra de Interior, Priti Patel (hija, por cierto, de inmigrantes), ya ha adelantado que han “comenzado los preparativos” para organizar un próximo vuelo. Pero es poco probable que se llegue a materializar hasta que la disputa legal no haya terminado.

La portavoz de Interior laborista, Yvette Cooper, señala que el plan del Gobierno “es un desastre” e insta a centrar la atención en ampliar y mejorar el actual sistema de asilo, que presenta retrasos en las decisiones de hasta cinco años. Además, ha reprochado a Patel que intentara que el primer vuelo despegara el martes pese a las demandas legales en curso, con un coste para el erario público de medio millón de libras (580.000 euros) y sabiendo que entre las personas que planeaba enviar a Kigali había “víctimas de tortura y tráfico”, que “no había un proceso de selección adecuado” y que en el grupo inicial “había menores”.

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Amnistía Internacional declaró que la cancelación del vuelo debería haber sido el fin de esta política “cruel”. “No debemos olvidar que las personas que anoche iban a ser expulsadas a Ruanda no han hecho más que ejercer su derecho a solicitar asilo en el Reino Unido”, dijo el director ejecutivo en el Reino Unido, Sacha Deshmukh, quien criticó que Londres abandone “su responsabilidad bajo la Convención de Refugiados” y recordó que Israel ya intentó sin éxito subcontratar a Ruanda la gestión de los solicitantes de asilo.

Dos de las personas que esperaban ser deportadas denunciaron al abogado iraní de derechos humanos Shadi Sadr que habían sido tratados como criminales, describiendo incluso a un hombre que fue llevado hasta el avión en una silla de ruedas después de desmayarse. Según su versión, estuvieron retenidos en camionetas separadas en el aeropuerto, cada una vigilada con tres guardias. Mientras que uno dijo haber sido esposado, el otro explicó que le habían atado la muñeca a uno de los asientos. “Ya estaban traumatizados por el duro viaje que tuvieron que realizar para venir al Reino Unido y las incertidumbres de lo que les estaba pasando. Es una forma inhumana de tratar a las personas”, denunció el abogado a la BBC.

Downing Street negoció este polémico plan hace unos meses con Ruanda, que ya tiene listo un hotel para alojar a unos 100 migrantes. Sus autoridades deben recibir en un primer momento 144 millones de euros para acogerlos y “darles una vía legal para la residencia” a fin de que puedan “establecerse de forma permanente, si así lo desean”, según el canciller del país africano, Vincent Biruta.

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El de Reino Unido no es un caso aislado. Australia se convirtió en uno de los primeros países en utilizar centros de detención en alta mar en 2001 cuando anunció que los refugiados serían enviados a centros en Papúa Nueva Guinea y la República de Nauru. En la actualidad, Dinamarca también está negociando con Ruanda el posible envío de inmigrantes que lleguen por rutas ilegales.

Bajo las nuevas normas impuestas por Downing Street, los refugiados que lleguen a suelo británico por vías legales obtendrán un permiso para quedarse a vivir de manera indefinida. Sin embargo, aquellos que lo hagan por rutas ilegales, aunque logren conseguir asilo, no tendrán los mismos derechos. En su lugar, se les otorgará un estatus de protección temporal que se revisará cada 30 meses. No tendrán acceso a ayudas sociales ni tampoco derecho a traer a su familia, aunque se les permitirá trabajar.
Asimismo, se reforzará el derecho a apelar y verificar la edad de los menores para “evitar que las personas sin escrúpulos abusen del sistema haciéndose pasar por niños, introduciendo valoraciones de la edad más duras y más precisas”.