¿Mercenarios o prisioneros de guerra? Por qué los prorrusos condenan a muerte a soldados extranjeros

La Corte Suprema de la autoproclamada República Popular de Donetsk (DPR, por sus siglas en inglés), el ente prorruso en la provincia homónima del este ucraniano, ha condenado este jueves a dos ciudadanos británicos, Aiden Aslin y Shaun Pinner, así como al marroquí Brahim Saadoun, por “actividades mercenarias”. La sentencia ha sido a muerte, en lo que la ministra de Exteriores británica, Liz Truss, se ha apresurado a catalogar como una “farsa de juicio sin absolutamente ninguna legitimidad”.

La condena ha sido ampliamente celebrada y compartida en el aparato mediático ruso. La agencia RIA Novosti ha publicado imágenes del momento en que los tres condenados recibían la sentencia de muerte por los delitos presentados contra ellos, entre los que también se incluía terrorismo.

No es casualidad que hayan sido tres extranjeros los primeros defensores de Mariúpol juzgados y condenados. Además de una maniobra política rusa —nadie duda de la cercanía de las autoridades de la DPR con los deseos del Kremlin— para presionar a Reino Unido para la liberación de soldados rusos condenados por crímenes de guerra por Kiev, el juicio y condena a muerte de los tres hombres es solo un último eslabón en la campaña de Moscú contra los combatientes extranjeros en Ucrania.

Aslin, de 28 años, y Pinner, de 48, se rindieron a las tropas rusas en la ofensiva sobre Mariúpol a mediados de abril, y Brahim Saadoun, de 19, fue capturado casi un mes antes en la malograda ciudad de Volnovaja (Donetsk), y más tarde fueron entregados a las fuerzas de la DPR. Al menos los dos británicos habrían estado sirviendo oficialmente como marines del Ejército ucraniano, por lo que, como soldados en activo, deberían estar protegidos por la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra. En el caso de Aslin, se han compartido en redes sociales incluso imágenes del momento de su juramento al Ejército ucraniano, y su familia ha asegurado que ha servido en los marines ucranianos durante cerca de cuatro años, y "no es, contrariamente a lo que vende la propaganda del Kremlin, un voluntario, mercenario o espía".

Y, sin embargo, el brazo ‘proxy’ ruso en el Donbás los ha condenado como mercenarios y terroristas.

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Ya desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero, cuando Kiev recibió miles de solicitudes de voluntarios extranjeros para luchar, el Kremlin insistió en que no reconocería a esos combatientes, ni aunque se alistaran oficialmente en el Ejército ucraniano, como soldados de un Ejército enemigo ni, por tanto, como prisioneros de guerra en caso de ser detenidos. Entre los distintos derechos de un prisionero de guerra protegidos por la Convención de Ginebra, se recoge que no deben ser juzgados por un tribunal por su participación en la contienda, salvo que implique crímenes de guerra.

La propaganda mediática rusa ha atacado especialmente el fenómeno de los voluntarios extranjeros, un espaldarazo de apoyo público para Kiev en las primeras semanas de la invasión, magnificando las noticias sobre sus bajas y amplificando cualquier desavenencia o malestar entre sus filas, especialmente las quejas sobre el trato recibido por parte de las autoridades ucranianas. Como recogía Daniel Iriarte en un artículo, desde su detención, el propio Aslin fue explotado a conciencia por la propaganda rusa, que le exhibía ante las cámaras para que denunciara supuestas atrocidades cometidas por el Ejército ucraniano contra los civiles de la ciudad.

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En lugar de combatientes, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los consideraría "mercenarios", y que "en el mejor de los casos podrán ser juzgados como criminales". Más duro fue incluso Dmitry Medvedev, expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, que afirmó que los "mercenarios extranjeros" detenidos serán "desnazificados".

La 'desnazificación', una constante en la narrativa rusa sobre la invasión, implicaría la condena a muerte de estos combatientes. Rusia, sin embargo, cuenta desde 1996 con una moratoria sobre la pena de muerte, por lo que muchos de los prisioneros de guerra, incluidos otros combatientes extranjeros como Aslin, Pinner y Saadoun, han sido entregados a las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk, cuyas cortes —solo reconocidas por Rusia— sí recogen la pena de muerte.

Según el ministro de Justicia de la DPR, Yuri Sirovatko, "todos los prisioneros de guerra están en territorio de la DPR", siendo unos 2.300 combatientes en la defensa de Mariúpol y Azovstal. Las declaraciones, recogidas por la agencia rusa RIA Novosti, son de hace unas semanas, pero ya adelantaba que "por sus crímenes tenemos la mayor forma de castigo: la pena de muerte".

Juicios de Núremberg

En una invasión en la que Rusia ha tenido que reducir quincena a quincena sus objetivos territoriales sobre Ucrania y con la contienda en el Donbás todavía por decidirse, la conquista de Mariúpol, puerto clave en el mar de Azov y paso necesario en el corredor terrestre que une Crimea con la provincia rusa del Rostov, es uno de los pocos éxitos que el Kremlin puede vender. Así, una suerte de imitación de los juicios de Núremberg para los defensores de Mariúpol, principalmente los milicianos del batallón Azov, pero también marines como Aslin, Pinner y Saadoun, es uno de los últimos instrumentos de propaganda disponibles para escenificar una 'victoria' de la 'operación militar especial' en sus primeros términos de febrero de 2014: había que "desnazificar" Ucrania.

Este juicio es también una respuesta a los juicios contra soldados rusos organizados por Kiev. Hasta el momento, las cortes ucranianas han condenado a prisión a tres soldados rusos por crímenes de guerra: Vadim Shishimarin fue condenado a cadena perpetua por matar a un civil de 62 años en la región de Sumi, mientras que Alexander Bobikin y Alexander Ivanov han sido condenados cada uno a más de 11 años de prisión por bombardeos contra centros urbanos que “violaban las leyes y costumbres de la guerra”.

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En el caso de Aslin, Pinner y Saadoun, los tres hombres se habrían declarado culpables de los delitos de "mercenarismo y de cometer acciones destinadas a tomar el poder y derrocar el orden constitucional de la DPR", según Alexander Nikulin, el juez que presidía la corte, en declaraciones recogidas por la agencia rusa Interfax. "Aunque todos los acusados, sin excepción, se declararon culpables de todos los cargos, (…) la acusación se basa no solo en su admisión de culpabilidad" para "dictar el veredicto de culpabilidad", añade. Los tres condenados tienen un mes para poder apelar la sentencia de muerte.

Sin embargo, el hecho de que sean extranjeros ha revuelto bastante las aguas y lanza un dardo a uno de los aliados más vocales de Ucrania, Reino Unido. Tras conocerse la noticia, un portavoz del primer ministro Boris Johnson ha insistido en que "los prisioneros de guerra no deberían ser explotados con fines políticos" y ha asegurado que Londres “continuará trabajando con las autoridades ucranianas para tratar de asegurar la liberación de cualquier ciudadano británico que haya estado sirviendo en las fuerzas armadas ucranianas y que esté detenido como prisionero de guerra”. Y ya hay alguien en la cola: la esposa del político prorruso y amigo personal de Putin, Viktor Medvedchuk, ha pedido ya a Reino Unido que apoye el intercambio de su esposo, detenido por Kiev a mediados de abril, por los combatientes extranjeros capturados.