EEUU se coloca en las coordenadas de Polonia y Malta: detrás de la batalla por el aborto

Solo habían pasado unas horas desde que 'Politico' filtrase el borrador del Tribunal Supremo, confirmado después por el propio presidente de la corte, pero en las calles de Nueva York ya se podían leer mensajes de protesta. “El aborto es sanidad”, decía una pintada en la zona de Columbus Circle. La inclinación de los jueces conservadores a derogar la ley del aborto de 1973, conocida como Roe vs. Wade, ha puesto en pie de guerra a las fuerzas demócratas. Los congresistas hablan y hablan y reagrupan sus fuerzas para lo que, dentro de dos meses, puede convertirse en realidad con una decisión de los altos magistrados.

La ley en cuestión, que permite abortar por decisión de la mujer y sin demasiadas restricciones legales, está con línea en las leyes vigentes en la mayoría de los países industrializados. En concreto, 56. Las únicas excepciones en la Unión Europea son Polonia y Malta; en Polonia, el aborto solo es legal si el embarazo es fruto de un acto criminal o si pone en peligro la salud o la vida de la madre. En Malta, el aborto es ilegal en todos los casos, aunque existe una campaña para despenalizarlo.

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L. P.

La derogación de esta ley permitiría a los estados republicanos colocarse en las coordenadas de Polonia o Malta: podrían limitar el derecho a casos muy específicos o incluso prohibirlo. Según el cómputo de NBC News, casi la mitad de los estados del país, 23, aprovecharían la suspensión de Roe vs. Wade para restringir el aborto. 13 de ellos tienen leyes que entrarían en vigor instantáneamente, en cuanto el alto tribunal, si este es finalmente el caso, tome su decisión.

Muchos estados conservadores han dado pasos en esa dirección sin esperar el fallo del Supremo. Según el Guttmacher Institute, desde 1973 se han aprobado más de 1.300 leyes estatales para limitar el aborto de distintas maneras. 566 de ellas en la última década. No son prohibiciones rigurosas porque eso sería inconstitucional, pero plantean todo tipo de dificultades, como límites a la hora de usar el seguro médico o la exigencia de autorización de ambos progenitores en caso de que la mujer sea menor. Ahora mismo hay cinco estados donde solo existe una clínica que practique el aborto, lo que casi equivale a su prohibición en la práctica.

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El año pasado, Texas prohibió el aborto a partir de las seis semanas de gestación, un periodo escaso en el que muchas madres ni siquiera saben que están embarazadas. Otros estados han aprobado leyes similares, muchas veces denunciadas y atascadas en el sistema judicial. El final de Roe vs. Wade las desbloquearía.

La reacción demócrata

Los demócratas argumentan que la derogación de la ley del aborto quebrantaría los derechos fundamentales de la mujer y transportaría a Estados Unidos al pasado. Además, según ha declarado el presidente del país, Joe Biden, abriría la puerta a la degradación de otros derechos. “Si la justificación de la decisión se llegara a sostener, toda una panoplia de derechos están en cuestión”, dijo Biden, reaccionando al borrador filtrado. “Y la idea de que estamos dejando a los estados tomar estas decisiones sería un cambio fundamental”.

Desde la izquierda del partido, suenan los tambores de batalla. La mediática parlamentaria socialista Alexandria Ocasio-Cortez pidió a sus compañeros que usaran toda la munición política disponible para garantizar el derecho al aborto. “La gente eligió a los demócratas precisamente para que pudiéramos liderar en momentos de peligro como estos”, tuiteó, y pidió codificar la ley en el Congreso para que esta siga vigente a nivel federal y no dependa de los estados.

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Su compañera de facción, Cori Bush, exigió abolir la táctica parlamentaria del filibustero, para así agilizar el trámite de leyes que no cuentan con una mayoría, y “expandir” el Tribunal Supremo. Es decir, aumentar ahora el número de jueces de la corte para que sean los demócratas, que están en el poder, quienes los nombren y así hacer que los magistrados conservadores se conviertan en minoría. Una solución que despierta recelos dado que establecería un resbaladizo precedente.

La potencial suspensión de Roe vs. Wade refleja con claridad cómo están los equilibrios de poder en Washington. En parte por circunstancias de la vida, y en parte por los errores demócratas, el anterior presidente, Donald Trump, tuvo la oportunidad de nombrar tres de los nueve jueces del Supremo. Y son jueces particularmente conservadores, de tendencia “constitucionalista”: inclinados a interpretar la Carta Magna tal y como fue concebida hace más de 200 años.

Ahora es el aborto, pero esta mayoría de seis jueces conservadores contra tres progresistas podría inclinar la legislación hacia la derecha en cuestiones tan importantes como el control de armas o la separación entre iglesia y estado. En el caso del aborto, la postura del tribunal no refleja necesariamente una evolución en el sentir de la opinión pública, que no ha cambiado prácticamente nada en este medio siglo. Según una encuesta de Pew Research Center, en torno a un 60% de los estadounidenses defiende que el aborto sea legal, frente un 40% que apuesta por restringirlo y penalizarlo. Otro sondeo, este de Gallup, refleja que las opiniones sobre este derecho son casi estáticas desde que se aprobó Roe vs. Wade en 1973.

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EFE

Otro de los aspectos preocupantes es la politización del tribunal, o, al menos, la percepción de politización del tribunal. Los altos jueces tratan de recalcar su independencia. A veces votan lo contrario de lo que se espera de ellos, y suelen resistir, si ya son ancianos, las veladas peticiones de que se retiren para dejar el hueco a alguien más joven. Aun así, en apenas dos años el número de estadounidenses que tienen una visión “favorable” de la corte ha bajado de un 69% a un 54%, según Pew. El hecho de que esta haya sido la primera vez que se filtra a la prensa una opinión interna de los jueces puede no ayudar a la imagen del tribunal.

La potencial decisión va mucho más allá de la arena política y de los derechos de las mujeres. En la era de la polarización, donde la neutralidad es sospechosa, muchas grandes empresas han tomado partido al respecto. Recientemente, gigantes como Yelp o Citigroup anunciaron que pagarían a sus empleadas los gastos de viaje a otros estados en los que sí se les puede practicar un aborto de forma legal, y todo tipo de figuras públicas, que nada tienen que ver con la Justicia o la sanidad, han compartido vehementemente su opinión en las últimas horas. Los síntomas de un paisaje político hiperventilado y en aparente proceso de fragmentación.