Las venganzas secretas de Rabat: Aznar y ahora González Laya, en su punto de mira

"Rachida Dati, encinta... de Aznar", tituló en 2008 el semanario marroquí 'L’Observateur du Maroc'. Con José María Aznar, de 68 años, expresidente del Gobierno, la venganza de las autoridades de Marruecos fue un plato que se sirvió frío. Cuando intentaron atribuirle la paternidad de la hija que esperaba la entonces ministra de Justicia de Francia hacía ya cuatro años que él no estaba al frente del Ejecutivo de España.

Para dar credibilidad a ese bulo, un paparazi a sueldo logró hacer unas fotos de Rachida Dati, que entonces tenía 42 años, con Aznar despidiéndose de ella en la puerta de un restaurante parisino. Él le daba a ella un casto beso en la mejilla. Las instantáneas fueron prácticamente regaladas al semanario 'Interviú', hoy en día desaparecido, que publicó una en portada.

En la mayoría de los casos, el 'majzén' —aquellos que rodean a Mohamed VI y ostentan el poder en Marruecos— no ha tardado tanto en tomar represalias contra quienes considera sus adversarios o en dar rienda libre a sus amigos en Europa para que se encarguen de tomar medidas de retorsión.

La lista de personalidades castigadas, directa o indirectamente, por Rabat por haber adoptado supuestamente una actitud 'antimarroquí' es larga. Entre las más destacadas figuran el surcoreano Ban Ki-moon, de 77 años, secretario general de Naciones Unidas de 2007 a 2016, y el estadounidense Christopher Ross, de 78 años, que ostentó el cargo de enviado especial para el Sáhara Occidental de 2009 a 2017.

La personalidad más reciente víctima de ira marroquí, ejercida esta vez a través de terceros, es la exministra española de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, de 52 años, a la que el presidente Pedro Sánchez ya sacrificó en julio pasado sacándola del Gobierno para tratar de mejorar la relación con Marruecos. Su gesto conciliador con Rabat no sirvió de nada.

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De todas estas persecuciones, la que sufrió Aznar por haber humillado a Marruecos desalojando 'manu militari', en julio de 2002, a sus infantes de marina del islote Perejil es la más rocambolesca. El expresidente reaccionó denunciando la 'falsedad'. Llevó además a juicio en Madrid a Ahmed Charai, el director de 'L’Observateur du Maroc', que finalmente fue condenado en 2011 por la Audiencia Provincial a abonarle 90.000 euros por "daños morales" —que no tardó en pagarle— y a publicar la sentencia en tres diarios marroquíes y tres españoles. No cumplió esta parte del veredicto.

En 2008, cuando Ahmed Charai lo puso en circulación, el bulo dio la vuelta al mundo, sobre todo al francófono, donde muchos se preguntaban entonces quién era el padre de la hija de la controvertida ministra de Justicia francesa. Aznar también se querelló con pequeños medios franceses que recogieron la falsa noticia añadiéndole sus propios ingredientes. Ganó el juicio en París, pero no llegó a cobrar porque la empresa periodística quebró y fue disuelta.

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Desde hace ocho años se sabe quién es el padre de Zohra, la hija que tuvo Rachida Dati. Un tribunal de Versalles determinó que es el empresario Dominique Desseigne, viudo, de 77 años, cuya fortuna estimada es de 610 millones de euros. Los jueces dictaminaron que debía abonar una pensión alimenticia a Dati de 2.500 euros mensuales.

Seis años después de que Charai publicara esa 'fake news', un tuitero anónimo, que se escondía bajo el perfil de Chris Coleman, desveló, en octubre de 2014, que el dueño y director de 'L’Observateur' y de otros medios como el diario 'Al Ahdat al Maghrebia' y MED Radio es un estrecho colaborador de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio secreto exterior marroquí.

El tuitero puso en circulación cientos de documentos y de correos de la diplomacia y de los servicios secretos marroquíes entre los que figuraban decenas de mensajes intercambiados entre Ahmed Charai y Mourad El Ghoul, el jefe de gabinete de Yassine Mansouri, director de la DGED. El empresario de prensa pedía al espía que le diera insrucciones. Charai “es una pieza clave de los servicios secretos exteriores de Marruecos”, escribió el periodista José María Olmo en marzo pasado en El Confidencial. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid, de noviembre de 2015, lo avala.

Como un atestado policial avaló en 2011 que había introducido en EEUU, a través del aeropuerto de Dulles (Washington), una cantidad excesiva de dinero en metálico no declarada. Pese a su trayectoria como espía y difamador de Aznar, Charai, que ejerce a veces de periodista, fue recibido en su domicilio, a finales de 2014, por el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que le concedió una entrevista. Publica además tribunas de prensa. "Pedro Sánchez, la decepción", era el título de su artículo de finales de abril de 2021, cuando se supo que Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, había sido hospitalizado en Logroño por razones humanitarias.

La venganza contra Christopher Ross

Por orden cronológico, la segunda gran víctima de la ira marroquí después de Aznar fue, en 2013 y 2014, Christopher Ross, encargado por el secretario general de la ONU de buscar una solución al conflicto del Sáhara Occidental. Ross, que contaba con el pleno respaldo del Departamento de Estado, era, en el fondo, partidario de conceder una autonomía a esa excolonia española y así se lo reconoció, en privado, a los marroquíes. Les presionaba, sin embargo, para que negociaran en serio con sus enemigos del Frente Polisario y les ofrecieran una amplia autonomía.

Para que no persistiera en su empeño, había que desprestigiar a este veterano diplomático estadounidense. “Sin entrar en un enfrentamiento abierto con él, hay que desacreditarle”, preconizaba un cable diplomático redactado por Omar Hilale, que fue embajador de Marruecos ante la ONU en Nueva York y Ginebra. “Sin convertirle en víctima, hay que forzarle a renunciar a su misión”, añadía. Para ello, había que “reducir al máximo sus visitas a Marruecos”. Entre parlamentarios, académicos y periodistas, hay que “dejar caer un mensaje escéptico” sobre él.

Opinión

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Omar Hilale sugería, en otro cable fechado el 11 de febrero de 2013 en Ginebra y desvelado por el tuitero anónimo, cómo, partiendo de unas entrevistas que Ross había tenido en esa ciudad, se le podía denigrar. “Ross aparentó estar disminuido físicamente ante su interlocutor; no logró ni siquiera ponerse su chaqueta sin la ayuda de su colaboradora; se bebió varias copas durante la reunión; cayó en sus acostumbradas elucubraciones”, escribió el embajador marroquí.

La venganza contra Ban Ki-moon

Ross había sido nombrado por el secretario general Ban Ki-moon. Este efectuó en marzo de 2016 un viaje a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (suroeste de Argelia) en el que reiteró que la solución al conflicto pasaba por la “autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”, un territorio al que describió como “ocupado”.

La siguiente etapa de su viaje fue Rabat. Allí le esperaban decenas de miles de personas —tres millones, según las autoridades— para reprocharle a gritos las palabras pronunciadas en Tinduf y zarandear su coche. Ban Ki-moon expresó, mediante un comunicado, “su profunda decepción y su cólera” porque se convirtió en “objetivo” de la manifestación en la que “participaron varios miembros del Gobierno marroquí”. “Tales ataques atestiguan una falta de respeto hacia su persona y hacia Naciones Unidas”, concluía el texto.

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El enfado del secretario general no disuadió a Rabat de expulsar a 80 miembros de la Minurso, el contingente de Naciones Unidas desplegado en el Sáhara para preservar la paz. Hace nueve meses, Ban Ki-moon publicó sus memorias en EEUU ('Resolved: Uniting Nations in a Divided World') en las que recuerda cómo le presionaron hace seis años para que se disculpara ante el rey Mohamed VI, a lo que se negó. Reitera en el libro que el Sáhara está “ocupado”.

La última gran venganza

La última gran venganza marroquí ha sido la que padecen la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y su jefe de gabinete, Camilo Villarino. Esta no la ejerce el Estado marroquí sino letrados o denunciantes españoles con vínculos familiares, profesionales o comerciales con el país vecino que se consideran perjudicados por la crisis bilateral entre los dos países y, especialmente, por la acogida de Ghali en España por motivos humanitarios.

González Laya, 'bestia negra' de las autoridades marroquíes por haber apostado por hospitalizar a Ghali en Logroño, ya salió del Gobierno en julio cuando el presidente Pedro Sánchez efectuó su remodelación. Fue, sin embargo, el propio Sánchez quien, después de escuchar a sus ministros, zanjó en abril a favor de atender la petición de Argelia de acoger al líder del Frente Polisario. Preguntado por la prensa en Nueva York en septiembre, el presidente rehusó aclarar quién había tomado la decisión.

Primero fue Antonio Urdiales, un abogado de Torremolinos con vínculos familiares con Marruecos, el que puso una denuncia en Zaragoza, en cuyo aeropuerto desembarcó Ghali en abril, contra la exministra por prevaricación, encubrimiento y malversación. En una conversación telefónica con este periodista, llegó a explicar que la interrupción del tráfico marítimo de pasajeros a través del Estrecho le impedía viajar con su familia a Marruecos. El tráfico se suspendió en marzo de 2020 por motivos sanitarios y no a causa de la crisis diplomática, que empezó nueve meses después.

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A Urdiales se sumó después, desde Valencia, el letrado Juan Carlos Navarro, defensor de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel de corrupción. Navarro probó primero suerte en Logroño, pero la denuncia que puso allí fue archivada. Se trasladó entonces a Zaragoza para hacer tándem con Urdiales.

Navarro, a diferencia de Urdiales, que dice actuar 'motu proprio', sí tiene dos clientes en Valencia. El primero es Juan Vicente Pérez Aras, exdiputado del Partido Popular, que lleva años ensalzando la monarquía alauí en la prensa local. Él afirma tener una motivación política: “Hemos optado por la acusación popular cuando, una vez más, el Gobierno español ha ocultado la información mediante cortinas de humo”, explicó en una entrevista radiofónica. El segundo es Rachad Andaloussi Ouriaghli, un joven empresario hispano-marroquí con negocios en ambos países.

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El letrado Navarro también dio entrevistas en la primavera de 2021. “La Justicia debe investigar cómo este señor [Ghali] se ha introducido en España y quién se lo ha permitido”, insistía en la televisión La 8 Mediterráneo. Antes de llevar a los tribunales a la exministra, Navarro ya había sido solicitado por los adversarios del Polisario. Fue el abogado de la saharaui Yadiyetu Mohamaud, quien denunció a Brahim Ghali por violación. La denuncia se archivó por falta de pruebas.

Navarro tuvo en Zaragoza la suerte que le falló en Logroño. El titular del juzgado de instrucción número 7, el juez Rafael Lasala, admitió su denuncia. A petición de Urdiales o de Navarro, ha convocado como testigos a todos aquellos que, de cerca o de lejos, tienen algo que ver con la entrada de Ghali en España a través del aeropuerto zaragozano. El director adjunto operativo de la policía, José Ángel González, será el próximo en declarar por videoconferencia el lunes 7 de febrero.

“Voy a pedir que se sienten en el banquillo algunos más, además de la exministra”, insiste Urdiales al teléfono. “Yo no sirvo a gobiernos, solo pido justicia con el asesino de 300 españoles”, prosigue aludiendo al ametrallamiento y secuestro en 1980 de varias decenas de pesqueros canarios por el Frente Polisario. Niega así estar a las órdenes de ninguna autoridad marroquí ni de sus servicios secretos.

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Entre los diplomáticos españoles y hasta en el propio Gobierno existe, sin embargo, el convencimiento de que bastaría con que desde Rabat se animara a Urdiales, Navarro y sus clientes a retirar sus denuncias para que todos ellos lo hicieran 'ipso facto'. Por ahora las autoridades marroquíes siguen, sin embargo, adelante, a través de personas interpuestas, con sus represalias por haber recibido a Ghali.

“Es un elemento clave de la crisis bilateral que a veces se soslaya”, se lamenta un diplomático, buen conocedor del Magreb. "[El ministro José Manuel] Albares repite que porque él así lo ha decidido, la Abogacía del Estado defiende a los dos imputados, pero eso no es suficiente”, añade. “Cuando se le hacen favores a Marruecos, como suplir su déficit energético, hay que pedirle a cambio que disuada a sus acólitos en España de seguir adelante con sus denuncias”, concluye.

Más aún que la prensa española, la marroquí está pendiente de a quién convoca el juez Lasala. Sus informaciones están plagadas de errores y de manipulaciones. El oficialista 'Le 360' sigue, por ejemplo, sosteniendo que Ghali entró en España con un “pasaporte falso”. Entre los periódicos que más siguen de cerca la instrucción del magistrado zaragozano figura 'Al Ahdat al Maghrebia', cuyo dueño es Ahmed Charai. El magistrado Lasala no ha tenido en cuenta, en sus pesquisas, que Brahim Ghali es ciudadano español desde diciembre de 2004, según consta en el Registro Civil de Valencia, donde residía entonces. Obtuvo su primer DNI en 2006 y lo renovó en 2016. No se puede impedir la entrada en España de un ciudadano español.