La decisión del Tribunal Supremo que acaba de cambiar el curso de la pandemia en EEUU

El Tribunal Supremo ha inclinado la balanza de la lucha contra la pandemia en Estados Unidos, y lo ha hecho en contra del presidente de Joe Biden. El mandato federal que obligaba a las empresas con más de 100 empleados a pedir a sus trabajadores un certificado de vacunación, o un test semanal negativo, ha sido considerado una extralimitación del Gobierno; según el criterio de la Corte, son los estados o el Congreso quienes tendrían autoridad y los recursos. La decisión supone una rotunda victoria republicana y una derrota, otra más, para la vapuleada agenda política de la Administración demócrata.

Hablar de la salud de las democracias y elucubrar sobre su aparente declive se ha convertido en uno de los géneros más prolíficos de la opinión pública. Los profetas descalzos andan por las redes sociales vaticinando el fin del mundo y los vecinos se pelean entre ellos. Pero hay cuestiones que, todavía, siguen uniendo a las sociedades. Puntos de vista asumidos por la mayoría, sean cuales sean sus coordenadas políticas o regionales. En Portugal, por ejemplo, el 90% de la población ha aceptado vacunarse contra el covid. En países tan dispares como España, China, Singapur, Cuba o Dinamarca, los índices de inmunización completa rondan el 85%. La resistencia o el escepticismo son anecdóticos. A nadie le gusta que le inyecten un medicamento nuevo, pero parece que una inmensa mayoría de estas poblaciones ha optado por fiarse de las instituciones y afrontar un mal menor.

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No ha sido así en Estados Unidos, donde la tasa se había estancado en el 62% víctima, como toda la respuesta contra la pandemia, de la visceral polarización del país. Comenzó con el rechazo generalizado a los confinamientos y al uso de mascarilla en ambientes republicanos, hasta el punto de que algunos estados prohibieron a los negocios exigir su uso a empleados y clientes; y ahora, con el rechazo a la vacunación. El Gobierno federal había tratado de incentivar la inmunización con publicidad y numerosas regalías. Pero, acabadas las zanahorias, decidió recurrir a los palos; y ahí entró el polémico mandato de la vacunación obligatoria del sector privado. Una medida que apuntaba a 84 millones de trabajadores, y que esperaba sumar 22 millones de personas a las filas de los vacunados del sector privado (más los empleados sanitarios, las Fuerzas Armadas y los funcionarios federales).

Pero el Supremo acaba de aguar esa estrategia imponiendo su mayoría conservadora de seis votos contra tres. El mandato solo podrá ser aplicado, de manera más limitada, por aquellas organizaciones médicas que reciban dinero federal —unas 50.000 en todo el país con 17 millones de empleados—, que podrán obligar a vacunar a su personal. "(El mandato) es una invasión significativa en las vidas y la salud de un gran número de empleados", indicó la Corte en su decisión.

Un mandato para vacunarlos a (casi) todos

El mandato demócrata había entrado en vigor el pasado lunes y suponía un desafío logístico considerable. Las compañías con más de un centenar de empleados estaban obligadas a tener una base de datos con los trabajadores vacunados y no vacunados; los segundos debían hacerse un test de covid semanal o ser despedidos. Para la empresa, multas de hasta 14.000 dólares por cada quebrantamiento, y el riesgo de que, si un empleado contrae el covid, puede demandar a la compañía.

La aplicación del mandato queda, entonces, en manos de las autoridades locales donde, como suele suceder en un país tan grande, descentralizado y amigo de los litigios como Estados Unidos, la letra pequeña se enturbia y será necesario andar deshilvanando las particularidades estatales y municipales de la legislación. Hay estados y municipios que ya aplican la ley, e incluso algunos que la han llevado más allá. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, los trabajadores, tanto del sector público como del privado, no tienen la opción de hacerse un test semanal. Es o la vacuna o la calle. También se exige la cartilla de vacunación para ir al cine o sentarse a cenar en un restaurante, y los inspectores lo controlan.

En total, la mitad de los estados del país, 25, han implementado el mandato de vacunación en varios sectores laborales. Todos ellos, al menos, en la sanidad pública y privada. Algunos con la posible alternativa del test semanal y otros sin ella. Illinois es uno de los estados que quiere aplicar el mandato en el sector privado, tal y como lo plantea el Gobierno federal.

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Luego están los 13 estados que se oponen, todos ellos republicanos. No solo evitan la ley, sino que promueven medidas en sentido contrario. Arizona, Idaho, Florida o Texas han implementado leyes que prohíben expresamente a las empresas obligar a sus empleados a vacunarse. Algunos se lo prohíben a todas las empresas, como Texas; y otros a casi todas, siendo las compañías sanitarias la excepción más común.

Iowa, por ejemplo, ya había desafiado públicamente el mandato de Biden mientras el Tribunal Supremo deliberaba. "Continuaremos protegiendo las libertades de los habitantes de Iowa", dijo la gobernadora de este estado, la republicana Kim Reynolds. "La Administración Biden continúa ignorando los derechos constitucionales concedidos a todos los americanos, sobre los que se construyó nuestro país. En lugar de ello, prefiere dictar las decisiones sanitarias y eliminar la elección personal, haciendo que nuestros negocios y empleados sufran y exacerbando la escasez de fuerza laboral".

Una oposición moral (y práctica)

La oposición a la ley, encarnada en estas posturas y en numerosas demandas, tiene dos vertientes. Una de ellas moral: no hay que obligar a las personas a inyectarse una vacuna si no quieren, este es el país de las libertades, etc. La otra, de orden práctico: Estados Unidos sufre una notable escasez de mano de obra.

Una combinación de jubilaciones anticipadas, abundantes ayudas públicas, crisis existenciales y la necesidad de cuidar a los hijos, dados los problemas de las guarderías y los colegios durante el covid, ha hecho que millones de americanos hayan dejado su empleo o directamente se hayan salido de la población activa. Por eso, ahora mismo EEUU tiene más de 10 millones de puestos vacantes. Una consecuencia de este fenómeno, conocido como la Gran Dimisión, es que las compañías de prácticamente todos los sectores lo tienen más difícil que nunca para contratar gente, de manera que se ven elevando los salarios y mejorando las otras condiciones.

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Desde el punto de vista republicano, por tanto, obligar a que los trabajadores se vacunen empeoraría todavía más esta situación. En Nueva York, por ejemplo, hay más de 30.000 sanitarios desempleados debido al requisito de vacunación. Una situación que las autoridades tratan de compensar facilitando la contratación de médicos extranjeros o recurriendo a los doctores de la Guardia Nacional. Órganos públicos de todo el país han efectuado despidos. Algunos, como el sistema ferroviario Amtrak, ha tenido que aplazar la implementación del mandato para no quedarse sin personal y poder seguir operando. Fenómenos similares se están viendo a lo largo y ancho del paisaje corporativo.

La cadena de cafeterías más grande del país, Starbucks, que tiene 15.000 sucursales y cerca de 350.000 empleados, ya ha anunciado a sus trabajadores (que la empresa llama sus "socios") que aplicará el mandato federal. Desde el pasado 10 de enero, los empleados están obligados a revelar si están o no vacunados. A partir del 9 de febrero, si todavía no se han puesto la vacuna, tendrán que hacerse un test semanal costeado por ellos mismos, o bien buscarse otro sitio en el que ganarse el pan.

"Si los índices de vacunación crecen y los contagios comunitarios se ralentizan, nos adaptaremos como corresponda", declaró John Culver, presidente de Starbucks en Norteamérica, en un comunicado a sus empleados. "Si las cosas empeoran, tendremos que considerar medidas adicionales". Google y Citigroup también han expresado su intención de despedir a quienes no respeten la ley.

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Empresas de sectores más expuestos al virus, como las aerolíneas, se adelantaron a la hora de aplicar el mandato. United Airlines despidió a casi 600 trabajadores (menos del 1% de su plantilla) por no vacunarse. Cerca de 2.000 lograron presentar excepciones por motivos de salud o religiosos. Antes de dar la bienvenida al otoño, la compañía presumía de tener un índice de vacunación del 96%.

Mientras, la variante ómicron del coronavirus sigue expandiéndose por Estados Unidos. El país batió este martes un nuevo récord de hospitalizaciones, con más de 145.000 personas ingresadas en centros sanitarios —entre ellos casi 4.500 menores—, según datos del Departamento de Salud (HSS, en inglés). Este máximo, que supera el del pasado 14 de enero, se alcanza en un momento crítico para los hospitales, que afrontan esta oleada con escasez de personal.