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Israel no podrá utilizar el caso de Juana Ruiz para ilegalizar ONG palestinas
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Condenada a 13 meses de cárcel

Israel no podrá utilizar el caso de Juana Ruiz para ilegalizar ONG palestinas

El tribunal militar reconoce que no existe ningún vínculo entre la cooperante española, condenada a 13 meses de prisión, y las seis organizaciones palestinas consideradas “terroristas” por Israel

Foto: La cooperante española Juana Ruiz (cedida)
La cooperante española Juana Ruiz (cedida)

La condena este miércoles a 13 meses de prisión y una multa de 14.000 euros a la cooperante española Juana Ruiz tiene un cierto sabor a victoria. Por un lado, el tribunal militar israelí ha reconocido, a petición de la defensa, que no existe vínculo alguno entre la trabajadora humanitaria y las seis ONG palestinas que Israel catalogó de “terroristas” el pasado 24 de octubre. Y, por otro, ha aceptado el acuerdo de culpabilidad entre la fiscalía y la defensa, que reduce la pena final y establece que Ruiz no era consciente que parte del dinero que recaudaba para la ONG palestina Health Work Comittees (Comités de Trabajo para la Salud) se desviaba, según la acusación, al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado "terrorista" por Israel, la Unión Europea y Estados Unidos.

Avigdor Feldman, abogado de la española y miembro fundador de la organización israelí por los Derechos Humanos B’Tselem, se ha mostrado “satisfecho” por el veredicto y ha criticado las “falsas acusaciones” que miembros del gobierno israelí han vertido contra su clienta en los últimos meses. El pasado 10 de noviembre, coincidiendo con el anuncio del acuerdo de culpabilidad, los ministros de Exteriores y Defensa de Israel, Yair Lapid y Benny Gantz, emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraban que Ruiz había reconocido trabajar "como recaudadora de fondos para la organización terrorista FPLP" y que los Comités de Trabajo para la Salud eran "uno de sus brazos civiles". Algo “totalmente falso”, según el abogado.

Lapid y Ganzt También afirmaban que "muchos documentos fueron falsificados por funcionarios de la organización" de Ruiz y que "los donantes fueron defraudados y engañados respecto al uso de estos fondos". Y sostenían que el acuerdo de culpabilidad exponía los "métodos utilizados por estos grupos de la sociedad civil", que servían de “prueba de su papel como parte integral del aparato del FPLP” y justificaban la ilegalización de las ONG. El ministro Lapid llegó a aprovechar el anuncio del acuerdo para pedir que la comunidad internacional trabajase conjuntamente con Israel “para evitar que las organizaciones terroristas utilicen la cobertura civil y para evitar que los fondos de ayuda lleguen a organizaciones terroristas cuyo objetivo es asesinar a judíos, cristianos, gays y lesbianas y musulmanes moderados”.

Israel asegura que las ONG ilegalizadas fingen ser organizaciones civiles "pero en la práctica pertenecen y constituyen un brazo" del FPLP. Sostiene que los trabajadores de estas organizaciones utilizan las entidades como "tapadera para la promoción y financiamiento" de las “actividades terroristas” del FPLP, del cual reciben instrucciones directas para desviar dinero donado por gobiernos europeos y organizaciones internacionales. Naciones Unidas y la comunidad internacional han indicado en los últimos meses que Israel todavía no ha mostrado pruebas para esta acusación, mientras que la Autoridad Nacional Palestina ha señalado que esta medida representa la última "campaña sistemática e implacable contra las organizaciones de la sociedad civil palestina y los principales defensores de los derechos humanos".

Foto: Juana Ruiz Sánchez (EFE)

Las seis organizaciones con financiación internacional acusadas por Israel son la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (Addameer), el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y las organizaciones Al Haq y Defensa Internacional de la Infancia. Más de una veintena de organizaciones humanitarias israelíes, entre las que se encuentran B’Tselem, Breaking The Silence o Rabinos por los Derechos Humanos, firmaron en octubre un manifiesto conjunto criticando la “medida draconiana” del gobierno israelí contra estas ONG. “La documentación, la promoción y la asistencia jurídica son actividades fundamentales para la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Criminalizar ese trabajo es un acto de cobardía, característico de los regímenes autoritarios represivos”, afirmaban.

“Un movimiento político muy feo”

Feldman ha censurado que Lapid y Gantz “han utilizado a esta mujer para hacer afirmaciones falsas”, ha exigido una “disculpa pública” de los dos políticos y ha acusado al gobierno de hacer “un movimiento político muy feo” al vincular la sentencia y detención de Ruiz –el pasado abril—, con las ONGs ilegalizadas en octubre. “El caso de Juana no se puede utilizar más como justificación”, ha afirmado el abogado, que ha recordado que Ruiz “nunca estuvo vinculada a esas organizaciones y no tuvo ningún conocimiento de los desvíos de fondos al FPLP”. “Todo el caso es un caso político. Han intentado utilizarlo para justificar la ilegalización de las organizaciones de derechos humanos”, ha concluido Feldman.

"Como es posible que se mienta en público de algo que ha salido del tribunal que no era así, y difamar la reputación de alguien y además intentar justificar la criminalización de derechos humanos", ha afirmado este miércoles la hija de la cooperante, María Rishmawi, que ha tildado de “vil” la actitud del gobierno israelí hacia su madre. Tanto la hija de Ruiz como su abogado se han mostrado confiados que la española podrá pedir pronto la libertad condicional. "Es el final de una pesadilla", ha afirmado María, que ha anunciado que la familia pedirá la reducción de la pena para que su madre pueda salir lo antes posible de prisión.

Los procesos judiciales en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania –dónde vive y trabaja Ruiz desde los años ochenta—son jurisdicción del Ejército israelí y pueden alargarse durante años. Es el caso del ingeniero palestino Mohamed Halabi, director de la ONG cristiana internacional World Vision en Gaza, a quién Israel acusa de desviar fondos para Hamás, y que lleva cinco años en prisión provisional a la espera de juicio. En cuanto a Ruiz, su encarcelamiento se podría alargar como máximo hasta mayo de 2022, ya que el tribunal ha incluido los más de siete meses que lleva entre rejas en la pena de 13 meses de cárcel.

La condena este miércoles a 13 meses de prisión y una multa de 14.000 euros a la cooperante española Juana Ruiz tiene un cierto sabor a victoria. Por un lado, el tribunal militar israelí ha reconocido, a petición de la defensa, que no existe vínculo alguno entre la trabajadora humanitaria y las seis ONG palestinas que Israel catalogó de “terroristas” el pasado 24 de octubre. Y, por otro, ha aceptado el acuerdo de culpabilidad entre la fiscalía y la defensa, que reduce la pena final y establece que Ruiz no era consciente que parte del dinero que recaudaba para la ONG palestina Health Work Comittees (Comités de Trabajo para la Salud) se desviaba, según la acusación, al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado "terrorista" por Israel, la Unión Europea y Estados Unidos.

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