Sebastian Kurz, 'el canciller en las sombras', y una amenaza existencial para la UE
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Sebastian Kurz, 'el canciller en las sombras', y una amenaza existencial para la UE

Si la Unión Europea no aborda urgentemente la creciente amenaza al Estado de Derecho, sentará un peligroso precedente de tolerancia con la corrupción y la anarquía

Foto: El canciller alemán, Sebastian Kurz, en rueda de prensa tras conocerse el escándalo. (Reuters)
El canciller alemán, Sebastian Kurz, en rueda de prensa tras conocerse el escándalo. (Reuters)

Tres terremotos políticos consecutivos han sacudido Europa. El 9 de octubre, el canciller austriaco, Sebastian Kurz —antes celebrado como el niño prodigio del conservadurismo europeo—, se vio obligado a dimitir tras ser declarado sospechoso en una investigación por corrupción. El mismo día, el Primer Ministro checo Andrej Babis —que también se enfrenta a graves acusaciones de corrupción— perdió ante la oposición de centro-derecha del país en unas elecciones generales en las que era el claro favorito. Todo después de que el 7 de octubre el Tribunal Constitucional polaco pusiera en tela de juicio la primacía del derecho comunitario, una decisión que amenaza con erosionar los cimientos del ordenamiento jurídico de la Unión Europea.

Los tres acontecimientos han acaparado los titulares internacionales y muestran cómo el Estado de derecho —y la amenaza de su desmantelamiento— se ha convertido en una cuestión clave para la estabilidad de la UE. Sin embargo, dado el culto a la personalidad de Kurz que le profesaban en su país y su notoriedad a nivel internacional, puede que su caso sea el que más contribuya a una cultura de la corrupción europea.

Foto: El político austriaco Sebastian Kurz. (Reuters)

El affaire Kurz

En 2017, Kurz se convirtió en el líder nacional más joven del mundo elegido democráticamente, con solo 31 años. Menos de cuatro años después, se le acusa de utilizar el dinero de los contribuyentes para manipular encuestas de opinión y asegurarse una cobertura mediática favorable, lo que contribuyó a su llegada al poder. En el centro de la investigación penal sobre las actividades de Kurz se encuentran las acusaciones de que, a partir de 2016, animó a su estrecho aliado Thomas Schmid, que entonces dirigía el Ministerio de Finanzas, a canalizar ilícitamente 1,2 millones de euros de dinero público al grupo mediático Osterreich. A cambio, el grupo supuestamente manipuló encuestas de opinión para presentar al joven ministro de Asuntos Exteriores como el mejor candidato para liderar el Partido Popular, al tiempo que describía como ineficaz y débil a Reinhold Mitterlehner, el líder del partido en ese momento.

La dimisión de Kurz ha sacudido la política austriaca. Pero, en realidad, lo que ahora se denomina 'caso Kurz' es solo el último de una serie de escándalos políticos que han envuelto a Austria en los últimos años, empezando por el 'caso Ibiza' en 2019. Este escándalo giró en torno a Heinz-Christian Strache, que entonces era vicecanciller de Kurz y jefe del Partido de la Libertad de extrema derecha. Strache intentó ofrecer contratos gubernamentales y una participación en el mayor periódico sensacionalista de Austria, el Kronen Zeitung, a una mujer que creía que era la sobrina de un poderoso oligarca ruso. Este escándalo provocó la caída del primer gobierno de Kurz, que ya era controvertido, dada la ideología del partido de Strache.

Foto: Un manifestante con careta de Sebastian Kurz, frente a la sede de su partido. (Reuters) Opinión

Aunque Kurz protagonizó un regreso triunfal apenas siete meses después, el 'caso Ibiza' en mayo de 2019 detonó una avalancha de investigaciones sobre el joven líder y su círculo más cercano. Estas pesquisas condujeron a acusaciones de que miembros tanto del Partido Popular como del Partido de la Libertad habían conspirado con la empresa de juegos de azar Novomatic para intercambiar licencias de casinos a cambio del nombramiento de Peter Sidlo como director financiero de Casinos Austria. Numerosos informes han sugerido que Sidlo, miembro del Partido de la Libertad, carecía de la experiencia y las cualificaciones que justificarían dicho nombramiento. Pocos meses después, Kurz y su entorno volvieron a ser noticia por las nuevas acusaciones de que había recompensado a Schmid con el lucrativo cargo de director del fondo soberano de Austria, Osterreichische Beteiligungs AG, y de que había engañado al Parlamento sobre su participación en el proceso.

En conjunto, estos escándalos sugieren que en Austria ha arraigado una cultura de tolerancia a la corrupción. La élite gobernante del país parece estar cómoda porque, incluso si les pillan, no tienen que temer las repercusiones. De hecho, Kurz sigue siendo el líder de su partido y dirigirá su grupo parlamentario, un papel que le asegura un puesto en la mesa de negociaciones para la formación del gabinete. El hecho de que su sucesor, Alexander Schallenberg, sea otro leal, prácticamente garantiza que Kurz seguirá siendo un actor central en el panorama político austriaco, e incluso puede permitirle organizar un nuevo regreso al estilo de su estrecho aliado, el presidente ruso Vladimir Putin. "Kurz seguirá siendo el canciller de Austria en la sombra", advirtió Pamela Rendi-Wagner, jefa del Partido Socialdemócrata de Austria.

En otras palabras, el escándalo político que estalló a principios de octubre puede haber despojado a Kurz de su título, pero —hasta ahora— ha hecho poco para disminuir su influencia. Y, mientras Kurz siga llevando las riendas de la política austriaca, existe el riesgo de que él y sus aliados promuevan una agenda basada en el abuso de poder político y en un esfuerzo sistemático por socavar dos pilares clave de la UE: la democracia y el Estado de derecho.

Puede que Austria sólo tenga nueve millones de ciudadanos, pero es fundamental para el proyecto europeo. Por ello, la actual agitación política del país tiene implicaciones mucho más amplias para la UE. La corrupción a este nivel de gobierno es un ataque abierto al Estado de derecho no sólo en Austria, sino también en la UE en general, especialmente si es tan sistemática como se afirma en las investigaciones. Como observa el periodista Sam Jones "si el Estado de derecho se tambalea en Austria, representa una señal alarmante para la salud política de la UE".

No es un problema aislado

Sin embargo, el caso Kurz no se ha producido de forma aislada. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha acusado recientemente a la UE de amenazar con iniciar la 'Tercera Guerra Mundial' por insistir en que Polonia debe respetar la primacía de la legislación comunitaria. Mientras tanto, su homólogo húngaro, Viktor Orban —cuyo gobierno ha sido igualmente criticado por su retroceso en el Estado de derecho y la democracia— se hace eco de las posiciones de Morawiecki sobre la primacía de las constituciones nacionales. Y el primer ministro esloveno, Janez Jansa, ha aumentado las tensiones sobre el respeto al Estado de derecho en los Estados miembros del Este. Jansa, estrecho aliado tanto de Morawiecki como de Orban, acusó recientemente a la Comisión Europea de politizar las disputas sobre el Estado de derecho, y denunció una visita a Eslovenia de ocho europarlamentarios encargados de evaluar el Estado de derecho, la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción en el país. Como declaró el Primer Ministro belga, Alexander De Croo, Polonia y sus aliados están "jugando con fuego al hacer la guerra a [sus] colegas europeos por razones políticas internas".

Foto: Sebastian Kurz

Los últimos acontecimientos en Austria, Polonia, Hungría y Eslovenia, combinados, suponen un momento decisivo para la UE. A menos que el bloque aborde con urgencia la amenaza, sentará un peligroso precedente de tolerancia con la corrupción y la anarquía entre la élite política europea. No sólo envalentonaría a líderes antiliberales como Morawiecki y Orban, sino que probablemente allanaría el camino para la destrucción de la UE como un proyecto construido sobre el Estado de derecho.

Para evitarlo, la UE y sus Estados miembros tendrán que salir de su zona de confort. Deberán comunicar claramente su negativa a tolerar el abuso del poder político o el desafío flagrante al ordenamiento jurídico de la UE. Pero también deberá ir más allá de los ultimátums: tiene que utilizar los instrumentos políticos y jurídicos de que dispone para defender el Estado de derecho en la Unión. Entre ellos, la imposición de sanciones económicas a los países que incumplan la legislación de la UE, como acaba de hacer el Tribunal de Justicia de la UE en el caso de Polonia. El bloque también debería poner en marcha el recién creado mecanismo de condicionalidad, que puede suspender los fondos de la UE a los Estados que no respeten el Estado de derecho. En resumen, cuando los enfoques más diplomáticos han fracasado, la UE quizá tenga que recurrir al dinero en vez de a las palabras para proteger sus fundamentos democráticos y jurídicos.

*Análisis publicado en el European Council on Foreign Relations por Alessandra Thomsen y titulado 'Sebastian Kurz: 'The chancellor in the shadows'

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