"El Estado es cómplice": el viacrucis judicial de las mujeres atacadas con ácido en México

"Hospital o panteón. Silla de ruedas u hospital. Si no me entregan a mi hija, la voy a matar". Es el primer mensaje en el móvil que Carmen Sánchez (Tlalpujahua, Michoacán, 1982) recibió después de haber sobrevivido a una de las violencias más salvajes contra las mujeres que existen en México: la agresión con ácido. ¿El objetivo del agresor? Arruinar la vida de la víctima desfigurando su rostro para que ningún otro hombre la desee; para que nunca pueda a ser la misma que fue. “O eres mía, o no serás de nadie más”, es el lema de los autores de esa violencia de ha encontrado su caldo de cultivo en la impunidad y en la opacidad del sistema judicial mexicano.

Carmen jamás olvidará aquel 20 de febrero de 2014, cuando vio cómo caían al suelo pedazos de su ropa quemada y de su piel. En ese momento, ella recuerda haber escuchado cómo Efrén, la persona con la que había compartido diez años de vida y procreado a una niña, le decía “muérete” y “estás acabada” tras lanzarle ácido a la cara. Eran las 8:05 de la mañana y su ex pareja le había cambiado para siempre.

Pese a la ferocidad y la cobardía con la que actúan los agresores, en México no hay cifras ni conteos oficiales sobre las víctimas de agresiones con ácido. Sólo existe el registro de los 28 casos recopilados por la fundación que Carmen creó para encontrar las respuestas que el Estado, a día de hoy, no le ha dado. Se llama, sencillamente, Fundación Carmen Sánchez MX. De esas 28 mujeres, 22 de ellas sobrevivieron al ataque. De las seis restantes, las que no lo lograron, cuatro fueron torturadas con ácido antes de ser asesinadas; otra murió días después a causa de las lesiones y la última falleció años después a causa de la covid-19 (sin relación con su ataque). “Insistimos en que existe una ‘cifra negra’, porque en México no hay datos oficiales sobre cuántas mujeres han sido víctimas de este delito”, cuentan a El Confidencial desde la fundación.

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A partir de aquel día, la protagonista de esta historia, sus hijas, su madre y el resto de su familia han vivido un viacrucis personal y judicial. Carmen ha tenido que someterse a 61 cirugías funcionales para salvar la vida, no sólo por cuestiones estéticas. Pasó ocho meses en el hospital tras ser atacada, durante los cuales perdió su empleo. Además, ha luchado contra una fuerte depresión y un sinfín de dolores físicos. Y, por si fuera poco, ella misma tuvo que buscar a su agresor durante siete años. Finalmente, su esfuerzo rindió frutos y el 8 de mayo de este año Efrén fue detenido y puesto en prisión preventiva en espera de un juicio y una sentencia.

“Lo que más me indigna es que él no estaba escondido. Llevaba su vida como si no hubiese hecho nada”, declara Carmen a este periódico, vía telefónica. “Estoy muy cansada, tengo la piel dañada, pero no es momento para dejarme vencer”, añade.

¿Cuánto dinero ha invertido en hospitalizaciones, traslados a los juzgados, etcétera? “No lo sé. Sólo te puedo decir que todos los gastos de cirugías, medicamentos, así como los traslados a los juzgados (y gastos relacionados con comida y transporte) los hemos cubierto con la ayuda de mis hermanos. Viví en el desamparo del Estado”, responde. Carmen tiene 9 hermanos y entre todos la ayudan. “Hubo temporadas en las que mis hijas sólo comieron arroz y frijoles porque no había dinero para más. El peregrinaje de una víctima resulta en un desgaste económico, físico y emocional que no puedes imaginar”, revela.

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Con el tiempo en contra para una sentencia histórica

Además de la ineficiencia judicial, si algo ha jugado en contra de Carmen (y de las víctimas de este delito) es el tiempo. El 12 de octubre –después de dos cambios de fecha previos– estaba prevista la primera audiencia judicial sobre este caso, en el que la defensa de Carmen pide 70 años de cárcel para Efrén. Sin embargo, la defensa del agresor, meses antes, solicitó un amparo. Como esta solicitud no se resolvió al llegar la fecha antes señalada, la audiencia no pudo efectuarse; sólo se podrá concretar una vez que haya sido resuelta esa petición. Al respecto, según lo indican las fuentes judiciales consultadas para esta pieza, eso sucedería a mediados o finales de noviembre.

En un principio, el delito cometido contra Carmen fue calificado como 'lesiones'.

Esa audiencia significa mucho para las víctimas, ya que supone el primer paso hacia el juicio de un caso en el que, una vez comprobada la culpabilidad de Efrén, se lograría –por primera vez en México– una ‘sentencia eficiente’ contra un varón que ataca con ácido a una mujer. Existe un caso similar, pero la pena para el agresor se redujo a un tercio de los 28 años que originalmente recibió como condena, por haberse auto declarado culpable. Es por eso que en la Fundación Carmen Sánchez MX se refieren a esa condena como ‘ineficiente’.

En un principio, el delito cometido por Efrén fue calificado como ‘lesiones’. Después fue recalificado a ‘intento de feminicidio con grado de tentativa’. Esa falta de precisión al momento de calificar los delitos en México es lo que permite que la violenta realidad se difumine en cifras que jamás resultan convincentes y que siempre terminan en meras estimaciones. En pocas palabras, por ‘lesiones’ la defensa de Carmen no hubiera podido solicitar la misma pena para Efrén.

Sin embargo, él aún no ha recibido una sentencia. El laberinto judicial continúa. Carolina Hernández, la abogada defensora de Carmen, es optimista y sabe que cuenta con todos los elementos para que, una vez celebrado el juicio, se logre una sentencia condenatoria contra Efrén. Aún así, el proceso sigue (como ya lo hizo su detención) alargándose todo lo posible.

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¿Por qué pasaron tantos años para que Efrén fuese detenido? “Desgraciadamente, la carga de trabajo en la fiscalía del Estado de México (una de las 32 entidades del país, y en la que se está llevando el proceso judicial contra Efrén) es de tal magnitud que los procesos son muy lentos”, cuenta la abogada.

“Jamás imaginé que se pospondría la audiencia. Me siento muy enojada por el hecho de que ese criminal haya tenido el cinismo de ampararse”, lamenta Cármen. Pero si algo la entristece aún más es el hecho de que Efrén haya sido detenido exactamente en el mismo lugar que ella le había dicho a las autoridades siete años antes cuando denunció su ataque. “Y, ¿qué pasa con los casos que no son visibles? Sus agresores siguen sueltos violando, golpeando y quemando mujeres. Es muy triste que como mujer tengas que convertirte en activista para ser escuchada. ¡No es nuestro trabajo perseguir criminales, ese es el trabajo de ellos (de la Policía y de las autoridades)!”.

La culminación de la violencia normalizada

"El Estado es cómplice del ataque con ácido que yo sufrí. Ya había denunciado dos veces antes a mi agresor y el Estado no hizo nada”. La historia de Carmen es la crónica de una agresión anunciada. Aquella mañana de febrero de 2014, la mujer ya sentía el miedo en su cuerpo. Aquel día se peinó y tocó su rostro mirándose al espejo en silencio; ella asegura que algo le dijo que esa sería la última vez que se volvería a mirar de esa manera, o al menos así lo relata en 'Entérate Mujer', un podcast que recoge la crónica de la salvaje agresión.

"Si no vas a estar conmigo, jamás volverás a estar con otro hombre", le dijo su agresor.

Una semana antes del ataque, un inexplicable sentimiento de tristeza la había invadido. Prácticamente no quería salir de casa ni llevar a sus hijas (Efrén es el padre de sólo una de ellas) al colegio. Las tres, días atrás, habían soñado con el agresor, sólo que en aquellos sueños él aparecía trayéndoles dinero y no la desgracia que estarían por vivir. “Tenía un presentimiento de que algo malo pasaría”, relata.

Y así sucedió. Mientras Carmen y su madre preparaban el desayuno, vieron que Efrén había entrado a la casa. “Le pregunté qué quería, que si necesitaba algo. Él me preguntó que si volvería con él o no”, cuenta Carmen. Ella respondió que no, que estaba muy feliz por haber conseguido el trabajo que tanto había anhelado (como supervisora en una empresa de parkings). “Le dije que quería vivir una nueva vida lejos de la violencia”, añade. La respuesta de él fue: “Pues si no vas a estar conmigo, jamás volverás a estar con otro hombre”. Y entonces lanzó el ácido al cuerpo de Carmen, y, por supuesto, huyó.

Ese último ataque significó para ella la culminación de todas las violencias continuadas que fue soportando durante los diez años que compartió con él. Un año antes, Efrén ya la había atacado con un picahielos, asestándole dos puntadas en el estómago y dos en el brazo. Al día siguiente lo denunció. Antes de ello, ya lo había denunciado por violencia sexual y por sustracción de menores.

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Pero la impunidad en México es el gran silencio que ampara a los violentos como Efrén. De acuerdo con el último informe sobre homicidio doloso y violencia de género de la organización Impunidad Cero, en cinco años, las víctimas de feminicidio aumentaron un 137%. Y, pese a que hay datos que sostienen que cinco de cada diez casos de mujeres asesinadas son “esclarecidos”, lo cierto es que aún quedan entidades en ese país en las que la probabilidad de que un hombre que agrede violentamente (o mata) a una mujer sea denunciado, juzgado, y por ello sentenciado, es nula. Respecto al feminicidio, la impunidad en sitios como Baja California Sur es del 100%, en Guerrero del 93.8%, y en Jalisco del 86.7%.

Estando en el hospital, después de haberse visto en el espejo por primera vez tras el ataque, Carmen llegó a desear lo peor. “En una ocasión, a una enfermera la cogí de la mano y le pedí que me inyectara algo para terminar con todo ese sufrimiento”, dice. Sin embargo, sobrevivió a la violencia y a la depresión. Y hoy, lucha para conseguir que el Gobierno repare algo de todo lo que perdió a raíz del ataque que cambió su vida.

Una veintena de mujeres asesinadas a diario

La cifra oficial, y la que ha publicado la prensa mexicana a lo largo del año, es de diez mujeres (en promedio) asesinadas ‘por cuestiones de género’ cada día. Claro, ‘cuestiones de género’ se refiere a morir tras una brutal paliza, estrangulamientos, heridas con un cuchillo o una bala, torturas o quemaduras con ácido. Pero resulta que no son diez, sino, quince, o quizá veinte.

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Al teléfono está Patricia Olamendi, abogada experta en derechos humanos y ex representante de ONU Mujeres en Centroamérica. Su perspectiva sobre la violencia que viven las mujeres en México rebasa lo imaginable para un país que se jacta de ser pacífico. “Las mujeres somos el botín de guerra del crimen organizado”, sentencia, y es por eso que, de acuerdo con ella, el 98% de las agresiones contra las mujeres no son denunciadas.

El número de mujeres que murieron violentamente durante 2020, según datos oficiales, fue de 3.753. “Son muchas más. La cifra puede ser el doble”, lanza Olamendi. No obstante, para ella, muchos jueces maquillan los datos a su conveniencia. Y el sistema, básicamente, consiste en clasificar los delitos como “lesiones” u “homicidio doloso” –dependiendo, claro, de si la víctima fue finalmente asesinada o no– y no como feminicidio (o intento de). Exactamente, como hubiese sucedido en el caso de Carmen si no se hubiese recalificado el delito por el que Efrén irá a juicio. “Por eso, el gobierno dice que los feminicidios están a la baja, Si no los clasifican de esa manera, jamás podrán contarlos”, sostiene la experta.

¿Más cifras? Olamendi revela que el año pasado, en su país, hubo más de 67.000 mujeres que pisaron un hospital con muestras de agresiones como traumatismos por palizas, lesiones faciales, heridas, y, por supuesto, quemaduras con ácido. “Las mujeres somos las enemigas del Estado”, sentencia. “Nos han ignorado”.

"Yo no quiero que me digan que soy muy fuerte, que soy una guerrera. A mí no me dejaron opciones ante esta violencia".

Y ese también es el parecer de Carmen Sánchez, que hoy, además, estudia la carrera de Derecho. Su meta es poder asistir legalmente a las mujeres que atiende su fundación, pero no sólo a las que han vivido quemaduras con ácido, sino “a todas las mujeres víctimas de violencia que están desamparadas y que son ignoradas por el Estado”. Porque para ella, es el desconocimiento de la ley lo que fomenta la violencia. “Los feminicidios sí se pueden prevenir, pero para ello hay que conocer la ley y exigir su cumplimiento”, sentencia.

“Yo no quiero que me digan que soy muy fuerte, que soy una guerrera. A mí no me dejaron opciones ante esta violencia. O sobrevivía o me dejaba morir. Así de claro”, cuenta Carmen.

Ella tiene muchos sueños. Quiere ir a la playa con todas las mujeres que la han ayudado durante estos años. Y unirse con ellas en un gran abrazo frente al mar. Busca seguir hacia delante con su vida y que la lucha por conseguir la justicia para su caso no la consuma. Desea, con todas sus fuerzas, que las mujeres que llegan a su fundación encuentren una oportunidad para “saber que no somos sólo esta cicatriz. Que tenemos un nombre y una vida”. Finalmente, dice, su lucha es para que ninguna mujer permanezca más en silencio y con miedo cuando su agresor la amenace diciendo: “si me dejas o me denuncias, te haré lo mismo que a Carmen”.