Decenas de perros son sacrificados en una localidad de Australia por miedo al covid

Bourke, una minúscula población de apenas 1.800 habitantes en el este de Australia, se ha convertido en noticia mundial por la decisión que han tomado sus autoridades: han sacrificado a decenas de perros que iban a ser trasladados a un refugio en otra ciudad porque tenían miedo de que las personas que iban a ir a recoger a esos animales pudieran contagiarles con el coronavirus.

La noticia ha generado una oleada de reacciones en todo el país y ha provocado que se abra una investigación para determinar lo sucedido. La explicación oficial de las autoridades de Bourke es que se asesinó a los animales "para proteger a sus empleados y la comunidad, incluidas las poblaciones aborígenes vulnerables".

TE PUEDE INTERESAR

Rusia anuncia el registro de la primera vacuna contra el coronavirus para animales

Europa Press

Los voluntarios de un refugio de animales iban a viajar desde Cobar, a unos 160 kilómetros de distancia, para llevarse a los perros. Sin embargo, las autoridades de Bourke temían que esos voluntarios llevaran el covid-19 hasta su pueblo, por lo que decidieron acabar con la vida de los animales para que nadie tuviera que ir a recogerlos.

Maltrato animal

Las autoridades del condado al que pertenece Bourke han reconocido que están analizando lo sucedido para ver si están ante un caso de maltrato animal ya que se pueden haber violado "las leyes de prevención de la crueldad en los animales". Mientras, desde esa pequeña población que se ha hecho tristemente famosa en todo el país no quieren hacer declaraciones.

Tenían miedo de que contagiaran el covid-19 a las comunidades indígenas locales

Tal y como publica el Washington Post, es habitual realojar a perros callejeros de comunidades indígenas remotas en otras ciudades más pobladas. Sin embargo, la posible propagación del virus ha hecho extremar las precauciones en torno a los miembros de las comunidades indígenas, ya que tienen más problemas de salud crónicos y menos recursos médicos.

Curiosamente, este mismo mes, el estado de Nueva Gales del Sur, al que pertenece Bourke, había recordado a todas las autoridades locales que "antes de matar a un animal confiscado o entregado, deben considerar si existe una acción alternativa". Sin embargo, los responsables de Bourke se habrían saltado la ley de 1998 que protege a las mascotas y ahora tendrán que enfrentarse a las posibles consecuencias.