Salvar al soldado COI: corruptelas, autoritarismo y un espejo de FIFA o UEFA

Los Juegos Olímpicos de Tokio se han celebrado en medio de un estado de emergencia local, una oleada de casos de covid-19 entre el personal y los atletas olímpicos, y frente a una reacción pública masiva de los ciudadanos japoneses. Pero, incluso sin tener en cuenta la pandemia, los Juegos Olímpicos llevan décadas en un estado de crisis casi permanente; algunos países han comprado votos para las candidaturas, el Comité Olímpico Internacional (COI) no ha tomado medidas contra el dopaje y los costes de organizar los JJOO de las ciudades anfitrionas se han disparado.

El aumento de los costes ya ha hecho que la mayoría de los Estados democráticos se muestren reticentes a presentar candidaturas. Para muchas ciudades, el aumento del número de pruebas y de las infraestructuras necesarias para albergarlas limitan la posibilidad de organizar los Juegos Olímpicos. Desde 1972, el número de atletas que compiten ha pasado de unos 7.000 a más de 11.000, y ahora hay 339 pruebas, mientras que antes sólo eran 121.

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Hoy en día, las ciudades anfitrionas deben contar con instalaciones para el remo, la gimnasia y la natación, pero también para el surf, la escalada, el monopatín e incluso el baloncesto 3v3. Los países tienen que construir villas olímpicas enteras para alojar a los atletas que compiten en una o dos pruebas, reservar habitaciones de hotel para unos 40.000 periodistas y lidiar con el impacto medioambiental, la presión sobre los servicios locales y la alteración de la vida cotidiana que conlleva la construcción de enormes estadios diseñados para albergar pruebas de dos semanas, que a menudo quedan vacíos y decrépitos una vez que se van los Juegos.

Sin embargo, mientras que la organización de los Juegos Olímpicos se ha convertido en una perspectiva cada vez menos atractiva, el propio COI no ha hecho más que enriquecerse y alejarse de la realidad. El actual presidente del Comité Olímpico, Thomas Bach, ha dicho que la oposición a las Olimpiadas procede únicamente de voces contrarias al sistema y que se debe a "una falta de debate abierto, porque mucha gente vive en sus cámaras de eco que sólo confirman su opinión y sus prejuicios". Su afirmación de que la cancelación de los juegos debido a la pandemia "nunca fue una opción" inflamó aún más la oposición a los Juegos en un Japón que ya era escéptico.

El trato dado a Japón por el COI no ha hecho más que aumentar la resistencia de los países democráticos a presentar sus candidaturas. Referéndums locales ya llevaron a ciudades como Hamburgo y Viena a salir de la carrera por los juegos de verano; Cracovia, Quebec y Berna se echaron atrás para los juegos de invierno. La mera amenaza de referéndum llevó a Budapest y Boston a retirarse del proceso. Mientras se presentaban las candidaturas para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, cuatro ciudades europeas se retiraron ante la oposición pública y la falta de apoyo gubernamental, dejando sólo a Pekín y Almaty, ambas ciudades en dictaduras represivas que no se deben a un electorado.

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Un problema generalizado

La corrupción, la sobreexpansión y unos responsables completamente sordos no son, por desgracia, exclusivos de los Juegos Olímpicos. La Champions League europea ha crecido casi exponencialmente, pasando de cuatro equipos en 1960 a ocho en 1980, a dieciséis en 1996 y a veinticuatro en 2016. La FIFA, por su parte, ha encontrado un hueco entre los continuos escándalos de soborno para ampliar la Copa del Mundo de fútbol hasta la friolera de 48 equipos. En 2022 el Mundial se celebrará en Qatar, una nación que nunca se ha clasificado para la competición y donde la construcción de estadios en un desierto ha provocado la muerte de decenas de trabajadores inmigrantes.

Los tibios intentos de reformar los procesos de adjudicación y acogida de las competiciones son un intento de enmascarar lo que realmente son estas organizaciones: monopolios no regulados con activos por valor de miles de millones de euros. Cada uno de estos organismos tiene un incentivo común para seguir creciendo —en partidos, equipos y eventos— para mantener los enormes ingresos de la televisión. Cuando llega el momento de pagar la factura de los costes medioambientales, sociales o políticos que conllevan estos espectáculos, los organizadores ya han pasado a la siguiente competición. Si todavía hay petroestados, dictaduras y un pequeño número de democracias ricas que aún están dispuestas a albergar estas pruebas, los incentivos se mantienen.

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Los países democráticos invierten enormes cantidades de dinero para mantener a los deportes y a los equipos necesarios para que estos eventos tengan éxito y deberían poder contar con tener al menos la posibilidad de albergar una de estas competiciones en el futuro. Los intereses privados y las redes de corrupción de estos organismos deportivos internacionales pueden parecer imposibles de sortear, pero su poder es vacío. Para enfrentarse a ellos, las democracias deberían inspirarse en la política exterior en general. Al igual que ocurre con otras instituciones internacionales, sin la participación de los Estados, los organismos deportivos internacionales no podrán funcionar. Cuando estas organizaciones fracasan en su objetivo principal —coordinar las acciones de los Estados— y se extralimitan en sus ambiciones, es inevitable que sufran reacciones contrarias.

Esto no es desconocido para los europeos: en respuesta a la percepción de la excesiva intervención de la Comisión Europea y de un presidente de la misma que se hacía llamar "primer ministro de Europa", la Francia de Charles de Gaulle se negó a participar en el Consejo de la UE, paralizó la Comunidad Europea y limitó severamente el poder de la Comisión durante décadas.

Si los estados democráticos retiran su cooperación, dan instrucciones más directas a las federaciones deportivas nacionales o incluso se niegan a presentar candidaturas hasta que se reformen estas competiciones y sus estructuras de gobierno, pueden cambiar los incentivos en juego. En caso de que no haya candidaturas para una competición, la FIFA, la UEFA o el COI se verán obligados a reaccionar por su propia supervivencia. Para salvar a estas competiciones de los chanchullos y de su crisis de legitimidad, los Estados democráticos tienen que salvarlas de sus propios organismos organizadores.