La tormenta perfecta que puede cambiar el 'oasis' de Latinoamérica para siempre

En octubre de 2019, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, concedía una entrevista al 'Financial Times' en la que enunciaba uno de los mantras más repetidos por los comentaristas políticos de la región: que el modelo económico y social del país andino es un ejemplo a seguir por sus vecinos. “Mira a Latinoamérica”, señalaba el mandatario. “Argentina y Paraguay están en recesión, México y Brasil estancados, Perú y Ecuador en profunda crisis política y, en este contexto, Chile parece un oasis”. Exactamente una semana después de que sus palabras fueran publicadas, el susodicho “oasis” estallaba en llamas.

Este “estallido social”, como se conocería la masiva oleada de protestas contra el tan alabado modelo chileno, sacudió y paralizó el país, dejando al menos 21 muertos y más de 2.000 heridos. Tres semanas después, el Gobierno se veía obligado a acordar la redacción de una nueva Constitución, destinada a reemplazar a la actual de 1980 —elaborada en tiempos del dictador Augusto Pinochet—, para aplacar la ira de los manifestantes. Se abría así una ventana para el cambio a la que pronto se sumaría otro elemento desestabilizador sin precedentes: una pandemia de alcance global.

La suma de estos dos factores creó una tormenta perfecta que ha culminado esta semana, con el colapso de la formación derechista de Piñera en las elecciones a la Asamblea constituyente. Estos históricos comicios chilenos, en que se eligió a los redactores de la futura Carta Magna, han reflejado el hartazgo de su población: 48 de los 155 escaños han sido obtenidos por candidatos independientes, la mayoría de los cuales prometen cambios progresistas radicales. Por otra parte, la suma de las derechas (integrada en la coalición Vamos por Chile) solo logró 37 asientos, menos de un tercio del total, lo que casi garantiza su irrelevancia en una asamblea donde se requiere una mayoría de dos tercios para aprobar cada nueva norma.

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Tras el bloque de candidatos independientes y la coalición derechista, la formación más votada fue la que suma el Partido Comunista con el Frente Amplio de izquierdas, con 28 escaños. Se produjo así un sorpaso —por primera vez— de los partidos más radicales a los de centro izquierda, que solo sumaron 25 asientos. Divisiones internas aparte, las matemáticas no mienten: dado que la aplastante mayoría de los candidatos independientes (entre los que se incluyen actores, escritores, académicos y abogados, pero también una mujer que saltó a la fama por acudir a las manifestaciones disfrazada de Pikachu) abraza ideales progresistas, la izquierda dominará la redacción de la nueva Constitución de Chile.

Además, los 17 escaños que faltan para la suma de los 155 están reservados para representantes de pueblos indígenas, que actualmente carecen de un reconocimiento explícito en la Carta Magna chilena. La mayoría de sus demandas también son de corte progresista, como crear un Estado plurinacional y las garantías territoriales.

Algunas de las ideas más polémicas que han sido adelantadas por candidatos independientes de cara a la nueva Constitución incluyen medidas redistributivas como cambios en los derechos de posesión de tierras y agua, así como nuevas regulaciones laborales. Un auténtico anatema para un 'modelo chileno' defendido por la derecha y definido por décadas de férrea economía de libre mercado y amplios derechos de propiedad privada apuntalados por la Constitución vigente.

Pero la izquierda chilena lleva tiempo argumentando que la supuestamente modélica economía del país esconde profundas injusticias sociales. Chile es la segunda nación con mayor índice de desigualdad de las 37 que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo por detrás de Costa Rica, de acuerdo con datos del propio organismo. La prestación de servicios sociales en el país está vinculada casi por completo a los ingresos de cada ciudadano, algo que la oposición denuncia como un instrumento de perpetuación de las jerarquías económicas. Por otra parte, la actual Carta Magna no garantiza el derecho a la igualdad de la mujer en el matrimonio y estipula la protección de "la vida por nacer", una cláusula que ha impedido el acceso al aborto legal y seguro en el país.

En 2017, un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo y titulado 'Desiguales' ofreció la siguiente conclusión: “La desigualdad socioeconómica en Chile no se limita a aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca además los campos de la educación, el poder político y el respeto y dignidad con que son tratadas las personas”.

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Esa fue, en esencia, la raíz de las protestas: para la gran mayoría de la población (un 80% de los votantes respaldó el cambio constitucional en el plebiscito), el supuesto 'oasis' chileno lleva tiempo siendo un espejismo. “No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y anhelos de la ciudadanía”, reconoció el presidente Piñera este domingo tras darse a conocer los resultados.

El drástico giro a la izquierda del péndulo político se vio plasmado de forma especialmente evidente en la capital, Santiago, donde también se celebraban elecciones a la alcaldía y donde la candidata del Partido Comunista (PC), Irací Hassler, se alzó con la victoria por primera vez en la historia de la formación. “Esperamos que lo que pasa hoy en Santiago sea la antesala de lo que viene también en nuestro país, donde nunca más la derecha va a gobernar en contra de nuestros vecinos”, expresó la alcaldesa electa en su discurso de celebración.

La gestión de la pandemia, reflejo del problema

El hartazgo social reflejado en el 'estallido social' de finales de 2019 no fue el único responsable del colapso electoral de la derecha en el país. La gestión de la crisis del covid-19 ha sido, en gran medida, un reflejo del 'modelo chileno': alabada hasta la saciedad en el extranjero y criticada con dureza de puertas para adentro.

Chile ha sido un líder regional (y global) en vacunación. Según datos de Our World in Data, a día de hoy, es el segundo país del mundo con más de 10 millones de habitantes que más dosis per cápita ha suministrado, solo por detrás de Israel. Cuando arrancó su campaña de inmunización en febrero, los sanitarios chilenos adelantaron a España en este departamento, a pesar de haber empezado a vacunar casi dos meses más tarde. La estrategia del Gobierno de apostar por el producto de la farmacéutica china Sinopharm le permitió contar desde un principio con una gran cantidad de vacunas mientras sus vecinos de la región batallaban por hacerse con ellas.

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Pero tras haberse convertido en un ejemplo a nivel mundial en materia de vacunación, Chile se convirtió rápidamente en un ejemplo de que las vacunas no lo son todo. Tras una primera ola que nunca llegó a remitir del todo, el Gobierno de Piñera decidió reabrir las fronteras en noviembre de 2020 y reanudar los desplazamientos dentro del país durante las vacaciones del verano austral. Con el objetivo de restaurar la maltrecha economía, centros comerciales, restaurantes, gimnasios e incluso casinos reabrieron con unas restricciones mínimas de distanciamiento social.

La decisión resultó fatídica: durante el pasado mes de abril, Chile experimentó el peor momento de la pandemia, con una ocupación de cerca del 95% de las camas de cuidados intensivos en todo el país y una saturación hospitalaria sin precedentes. La Administración derechista se vio obligada a dar un giro de 180 grados y tomar medidas drásticas, como someter al 83% de la población a un estricto confinamiento domiciliario y el aplazamiento de las elecciones de este fin de semana, que debían haberse celebrado un mes atrás.

El rédito político que Piñera había sacado del éxito inicial se desvaneció, con su aprobación volviendo a caer hasta un mísero 14%. Y aunque el panorama ha mejorado desde entonces, la curva de contagios ha vuelto a subir en los últimos días. “Claramente, estamos en una situación de mucha fragilidad y todos lo reconocen”, advirtió la semana pasada el vicepresidente del Colegio Médico de Chile, Patricio Meza.

Por otra parte, el Gobierno intentó recientemente bloquear un proyecto de ley que permitiría el retiro anticipado de dinero de los fondos de pensión para mitigar el impacto económico de la pandemia, argumentando que supondría un serio problema para las finanzas del país. Fue otra apuesta fallida: el Tribunal Constitucional desestimó su veto y Piñera se vio sometido a una lluvia de críticas de todos los partidos de la oposición y las organizaciones sociales.