¿Por qué Burkina Faso es un país inseguro? Claves de la violencia en la región del Sahel

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Tras el asesinato de dos periodistas españoles en el sureste de Burkina Faso, concretamente en la provincia de Kompienga, parte de la población patria habrá ubicado por primera vez en el mapa a este país situado en África occidental, con amplias zonas peligrosas en las que se desaconseja "totalmente" el viaje desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España debido a "la amenaza terrorista, la presencia de grupos criminales y el riesgo de secuestro", tal y como indica el organismo liderado por la ministra Arancha González Laya en un apartado dedicado a las recomendaciones de viaje en caso de desplazarse a Burkina Faso, antigua colonia francesa que se independizó en el año 1960 bajo el nombre de República del Alto Volta, una denominación que rebautizó en la década de los ochenta el militar Thomas Sankana al convertirse en presidente tras un golpe de estado que lideró en 1983.

La zona en la que David Beriain y Roberto Fraile fueron secuestrados, junto a un ciudadano irlandés y a un miembro de las fuerzas de seguridad de Burkina Faso, se encuentra próxima a la frontera con Togo y Benín, y es el escenario de un repunte de la inseguridad a causa del aumento de las operaciones por parte de grupos yihadistas, que ha elevado además las tensiones intercomunitarias. Para entender la situación actual de Burkina Faso, hay que recordar que el país, "epicentro de una crisis humanitaria", según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), se ubica en la llamada región del Sahel, un cinturón que integra a unos diez países y recorre, de oeste a este, la franja del continente africano que delimita por el norte con el desierto del Sáhara y por el sur con la sábana.

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La situación es crítica en Burkina Faso dada la extensión del terrorismo yihadista y la escalada de violencia, que ha aumentado drásticamente desde la llegada al poder del presidente Roch Marc Christian Kaboré en diciembre de 2015 tras un intento frustrado de golpe de Estado contra el gobierno interino, lo que ha conllevado que se recrudezca la falta de alimentos, el abandono escolar entre millones de niños y el desplazamiento de la población para evitar los conflictos armados. La pobreza es un factor común en estos estados de África que conforman el también llamado 'cinturón del hambre' y, en concreto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura apunta hacia Burkina Faso desde hace tiempo como un "punto crítico de inseguridad alimentaria aguda", junto a los países limítrofes Malí y Níger, en sintonía con lo que retrata en su último informe esta organización de las Naciones Unidas.

Burkina Faso está condicionada "por la creciente violencia terrorista yihadista, con la presencia de grupos como Ansarul Islam y el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), e intercomunitaria. La porosidad de las fronteras y la débil presencia de las fuerzas de defensa y seguridad en las regiones limítrofes con Malí y Níger han facilitado la extensión del terrorismo a Burkina Faso especialmente desde 2018", explican desde el Ministerio de Exteriores español en una ficha informativa dedicada a Burkina Faso. En este sentido, se calcula que hay más de un millón de desplazados y "miles de escuelas cerradas por amenaza terrorista", por lo que la seguridad del Sahel y de Burkina Faso se considera, para el Ministerio de Exteriores, "motivo de preocupación nacional, regional e internacional", ya que "a diferencia de Malí y Níger, en Burkina Faso no existe ninguna misión de las Naciones Unidas ni tampoco misiones de Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea". De ahí que España desaconseje el viaje a zonas del norte del país y zonas fronterizas con Malí, Níger, Costa de Marfil, Ghana, Benín y Togo, además de a la capital, Uagadugú, y al sur del país, donde pide "extremar la precaución".

España desaconseja viajar a zonas del norte de Burkina Faso y a zonas fronterizas con Malí, Níger, Costa de Marfil, Ghana, Benín y Togo

De forma previa a la dimisión del presidente Blaise Compaoré en 2014, presidente durante casi 30 años en Burkina Faso e imputado ahora por su supuesta implicación en el asesinato de su predecesor Thomas Sankana, el país no se había visto afectado por las acciones de grupos yihadistas que sí operaban en otros países del Sahel, especialmente en Malí, algo que ha sido atribuido en los últimos años a un supuesto pacto de no agresión entre Compaoré y estas formaciones terroristas. "Hasta el año 2015 Burkina Faso no era un país amenazado por el yihadismo. El Gobierno burkinés ejercía de mediador en la zona y su territorio estaba libre de ataques, al contrario que sus países vecinos y con los que comparte frontera, Malí y Níger", explica la periodista freelance en África subsahariana María Rodríguez González en un trabajo sobre el avance del yihadismo en Burkina Faso recogido en el sitio web del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

En Burkina Faso operan Ansarul Islam, un grupo terrorista autóctono, así como JNIM, una organización yihadista que aglutina a otras cuatro, entre ellas Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Al Murabitún y, en menor medida, Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS). A los propios ataques que llevan a cabo estas organizaciones terroristas, hay que sumar el que el país africano se encuentra también bajo el yugo de las luchas internas entre los grupos yihadistas por el control de diversas zonas, incluidos combates entre las ramas de Estado Islámico y Al Qaeda en la región, Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), respectivamente, tal y como señalan desde Europa Press.

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De hecho, Estado Islámico reconoció en mayo de 2020 combates con el JNIM, los primeros hasta dicha fecha en esta zona del continente, y describió a los miembros del grupo como "apóstatas", tras una serie de informaciones de medios de ambos países sobre enfrentamientos entre ambos grupos en Malí y Burkina Faso. De esta forma, se rompió una frágil entente cordial entre ambos grupos, enfrentados en otros países, principalmente en Siria, si bien no llegaron a alcanzar una cooperación total a la hora de coordinar y perpetrar ataques en dichos países.

'Voluntarios' en el Ejército y grupos de autodefensa

La expansión del terrorismo ha llevado a los países que integran la Fuerza Conjunta G5-Sahel, en la que se unen Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger para enfrentar a los grupos armados islamistas en la región, a reforzar su cooperación para lidiar con esta amenaza, replicada en la cuenca del lago Chad, donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), que también han incrementado sus ataques durante los últimos meses.

De acuerdo con lo que informa Europa Press, la inseguridad en el país ha llevado a las autoridades a aprobar una ley para el reclutamiento de 'voluntarios' que apoyen los esfuerzos del Ejército y la Policía, que se suman a unos grupos de autodefensa conocidos como Koglweogo, dedicados especialmente a garantizar la estabilidad en zonas rurales. Sin embargo, esta iniciativa del presidente Kaboré, que dejó la puerta abierta en febrero a un proceso de diálogo para negociar con los grupos terroristas, ha tenido repercusiones negativas en el conflicto, dado que los abusos supuestamente cometidos por el Ejército y estos grupos de autodefensa en sus operaciones de seguridad han aumentado las tensiones intercomunitarias y han permitido a los yihadistas reclutar a nuevos combatientes

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En el epicentro de estas tensiones, se encuentra la comunidad fulani, también conocida como peul, debido a las acusaciones por parte de otras comunidades y las autoridades contra ellos por figurar entre los principales integrantes de estos grupos terroristas, lo que ha provocado ataques y venganzas en contra de esta etnia, alimentando un ciclo de represalias. Ejemplo de esta situación fue la matanza de cerca de 50 miembros de la comunidad fulani a manos de una milicia progubernamental en respuesta a un ataque yihadista en 2019.

Los fulani han hecho frente a este tipo de acusaciones en otros países de la región, entre ellos Malí, lo que ha retroalimentado estas dinámicas y ha beneficiado a los grupos armados, que buscaban desestabilizar la situación a nivel local. Asimismo, el Gobierno ha abierto investigaciones sobre las denuncias en torno a la muerte de civiles a manos del Ejército, incluidas las formuladas por Human Rights Watch (HRW) sobre la ejecución de más de 30 detenidos en abril de 2020 en Djibo, al norte de Burkina Faso, tras haberlos arrestado en el marco de una operación antiterrorista.