La UE no reconoce los comicios en Venezuela y aboga por una transición desde dentro

La Unión Europea ha hecho lo que se esperaba que hiciera: no reconocer los comicios que este pasado domingo se han celebrado en Venezuela sin un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición y sin las garantías necesarias. Así lo han confirmado los ministros de Exteriores en una reunión celebrada este lunes. Ahora comienza un diálogo a nivel europeo para decidir qué postura toman los Veintisiete sobre la actual Asamblea Nacional y el presidente encargado, Juan Guaidó.

“Entre hoy y el 5 de enero se abre un tiempo de discusión para ver la postura europea respecto a la Asamblea Nacional actual y el presidente encargado actual”, ha explicado tras el encuentro con sus homólogos europeos la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. El objetivo final, según ha insistido la ministra, es lograr una solución política que emane desde la propia Venezuela.

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La UE sabía que no reconocería los comicios desde hacía meses, pero González Laya ha defendido esta aproximación "por fases": primero no reconocer las elecciones y después decidir cuál es el siguiente paso respecto a la Asamblea y a Guaidó y en qué situación se encontrará a partir del 5 de enero.

“Lamentablemente, las elecciones venezolanas del 6 de diciembre de 2020 para la Asamblea Nacional se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre las condiciones electorales y no cumplieron con los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble y para movilizar al pueblo venezolano a participar”, ha señalado Josep Borrell, alto representante de la Unión para Política Exterior y de Seguridad, en un comunicado en nombre de la UE. “Esta falta de respeto al pluralismo político y la descalificación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición no permiten que la UE reconozca este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, y sus resultados como representativos de la voluntad del pueblo venezolano”, ha asegurado el jefe de la diplomacia europea.

Borrell, que en los últimos meses ha intentado por todas las vías un acuerdo entre la oposición y el régimen de Maduro que llevara a un retraso en la fecha de las elecciones que permitiera que los comicios se celebraran con garantías democráticas y con la participación de todas las partes, ha señalado en su comunicado que el país “necesita urgentemente una solución política para poner fin al estancamiento actual”.

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El Alto Representante se vio obligado a dar explicaciones ante el Parlamento Europeo después de que una misión del Servicio de Acción Exterior viajara a Caracas a finales de septiembre en un último intento por convencer al régimen de Maduro de que diera la oportunidad de un proceso democrático limpio y justo. La misión, conformada por dos españoles, Enrique Mora, director político del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE), y Javier Niño, director general en funciones para las Américas, fracasó, pero Borrell insistió en que volvería a enviarla mientras quedara una mínima esperanza de lograr progresos. Este lunes ha vuelto a defender que ha hecho todo lo que estaba en su mano.

“La Unión Europea hace un llamado a las autoridades y líderes venezolanos para que prioricen los intereses del pueblo venezolano y se unan urgentemente para iniciar un proceso de transición liderado por Venezuela, con el fin de encontrar una solución pacífica, inclusiva y sostenible a la crisis política, a través de elecciones presidenciales y legislativas inclusivas y transparentes”, ha asegurado Borrell.

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Por su parte, González Laya ha esquivado las preguntas referidas a las declaraciones del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que pidió a la Unión Europea que reflexionara sobre su postura con Venezuela. La ministra ha asegurado que se trata de un “ciudadano libre” con derecho a la libertad de expresión que ha dado su opinión, que González Laya respeta “profundamente”.

La postura española consiste en cuatro puntos: implicar a la comunidad internacional en una postura más o menos común; ajustar la respuesta europea al derecho internacional; que dicha respuesta envíe un mensaje político claro; y por último que la Unión Europea mantenga su capacidad de apoyo para que se pueda alcanzar una solución política.