‘Leyes antioligarcas’ para cortar el grifo de fondos europeos a los millonarios de Orbán
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EL CHOLLO DEL POPULISMO EUROPEO

‘Leyes antioligarcas’ para cortar el grifo de fondos europeos a los millonarios de Orbán

Los conservadores checos llevan a Bruselas normas para evitar que las ayudas se desvíen a empresarios que financian los Gobiernos populistas de Bulgaria, República Checa o Hungría

Foto: Viktor Orbán. (Reuters)
Viktor Orbán. (Reuters)

Hungría y Polonia vuelven a bloquear el Presupuesto Europeo 2021-27, que incluye el fondo de recuperación por la crisis del covid-19. Se niegan a que las ayudas se vinculen al estado de derecho, secuestrando la capacidad de recuperación de la Unión Europea en el proceso. Pero en estos meses en Bruselas, apartada de los titulares, se ha planteado otra pregunta: ¿la UE ha estado financiando a los populistas a través de los fondos de cohesión sin saberlo?

El pasado enero, esta cuestión la puso sobre la mesa una investigación de 'The New York Times' y el PPE. Los fondos europeos y en especial la Política Agraria Común (PAC) en los socios del Este acababan en los bolsillos de empresarios afines a los gobiernos populistas e indirectamente financiaban a ‘iliberales’ como Viktor Orbán en Hungría o Boiko Borisov en Bulgaria.

A veces, esa financiación ni siquiera sería indirecta. El primer ministro checo, Andrej Babis, mantiene a día de hoy el mayor conflicto de intereses que se conoce en la UE, al ser como jefe de Gobierno —y antes ministro de Finanzas— uno de los actores que deciden sobre el destino de los fondos de la PAC y al mismo tiempo el mayor receptor de los mismos en Chequia a través de su conglomerado empresarial Agrofert.

Babis ha alegado ante la Fiscalía en su país y ante Bruselas que, desde que entró en política, la firma la controla un fondo fiduciario, pero dicho fondo está en manos de su mujer y sus hijos. Las propiedades del primer ministro se calculan en 57.000 hectáreas, siendo el primer propietario agrícola del país, que le daban derecho a unas ayudas agrarias directas anuales de 14 millones de euros. En 2017, cuando aún era ministro de Finanzas, su grupo empresarial recibió 82 millones en fondos europeos.

Foto: Viktor Orbán con el primer ministro eslovaco, Igor Matovic. (Reuters)

El 19 de junio el Parlamento Europeo aprobó una resolución lamentando que el primer ministro checo haya participado, y lo siga haciendo activamente, en la ejecución del presupuesto de la Unión en la República Checa desde su cargo de primer ministro al tiempo que sigue controlando Agrofert, contraviniendo el artículo 61, apartado 1, del Reglamento Financiero. La Eurocámara incluso “pone en tela de juicio el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones”.

Un marco para los "peces gordos"

Desde Chequia, precisamente, llegó en febrero a Bruselas la propuesta de la llamada “Ley Antioligarcas”, presentada por la eurodiputada democristiana alemana y presidenta del comité de control presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, pero con el ODS checo —conservadores adscritos al PPE— como origen.

El eurodiputado checo Tomáš Zdechovský, presente en el mismo comité de control que Holhmeier y uno de los impulsores de la norma, acusa a Babiš de “construir un sistema en el que él y otros conglomerados se benefician de las reglas y les permiten recibir dinero incluso de la financiación de la UE destinada a pequeñas y medianas empresas”.

Andrej Babiš. (Reuters)
Andrej Babiš. (Reuters)

El checo atiende a El Confidencial para lamentar que, hasta ahora, “la falta de un sistema de control sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios de las subvenciones” completa “un marco favorable para los peces gordos”. Y pide “no ser ingenuos: existe corrupción en la asignación de subsidios y las personas que se benefician de ella es por conexiones con la política. Y esto no ocurre solo en Europa central”.

La ‘ley antioligarcas’, en realidad, será ahora muchas 'leyes' o más bien reformas en normativas ya existentes, como la nueva PAC. El acuerdo ha tenido a su alrededor muchas polémicas, como suele ser habitual, pero Zdechovský presume del papel del comité de control presupuestario: “Se ha dado un paso importante hacia las normas antioligarcas en toda la UE con la reforma de la PAC”. Básicamente a partir de ahora “la cantidad que un beneficiario efectivo de un conglomerado podrá reclamar por sus empresas con fondos de la UE en un año será limitada”.

Foto: El presidente estadounidense, Donald Trump. (Reuters)

Algo que se ha propuesto generalizar a cualquier tipo de subvención de la UE. Los populares europeos proponen una limitación a toda la financiación que proporciona la UE. Es una norma que, si sale adelante y se expende al resto de fondos comunitarios, limitaría la cantidad de ayudas que un solo solicitante puede recibir, sea particular o empresa. Zdechovský explica que esto implica “reelaborar varias reglas para todos los fondos de la UE. El proceso está en curso y confío en que estas propuestas esenciales serán aprobadas durante las negociaciones con los Estados miembros”.

Estas medidas se han estado tomando en paralelo al fondo de recuperación y con la misma base que ahora solivianta a Hungría o Polonia, pero que los conservadores checos defienden también pensando en la evolución del populista Babis: “La condicionalidad del estado de derecho” como “parte integral del marco financiero de la UE” de la que la lucha contra los oligarcas sería solo una parte.

En este sentido destaca actualmente el conflicto en Bulgaria. El pasado verano y en mitad todavía del primer confinamiento, la oposición desveló el chalet junto al mar Negro que se había construido uno de los socios de gobierno del primer ministro Borisov. Con doble escándalo: además de estar en una zona protegida, la obra fue financiada íntegramente con fondos europeos.

Los amigos de los populistas

En Eslovaquia, por su parte, se calcula que apenas el 5% de los propietarios reciben el 75% de los fondos de la PAC. El comité de control presupuestario del Parlamento Europeo publicó un informe en 2018 que denunciaba extorsiones a pequeños agricultores para que traspasasen sus terrenos. El primer ministro al que salpicaba la información, Rober Fico, tuvo que dimitir meses más tarde, pero no por esto, sino relacionado con el asesinato de un periodista que investigaba sus conexiones con una trama de blanqueo de dinero y el empresario Marian Kocner.

El de Hungría es un caso especialmente sangrante. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha abierto hasta 60 expedientes al país por sospechas fundadas de corrupción en el uso de los fondos europeos. A Lornic Meszaros y Sandor Csanyi, empresarios cercanos a Orbán que controlan varios medios de comunicación afines, se les calculan 25 millones anuales de ayudas directas agrarias de la UE. En marzo de 2018 una investigación del francés 'Le Monde' reveló que las empresas de Meszaros, que ya es la quinta fortuna de Hungría, se mantienen a base de contratos públicos financiados por la UE.

Foto: Varios migrantes rescatados en el Mediterráneo central. (EFE)

La OLAF no acostumbra a hacer comentarios a este respecto y consultada por El Confidencial su oficina de prensa se ha limitado a responder que los fondos de la UE “tienen estructuras de control y gestión precisas y bien definidas. La OLAF constituye, en cierto modo, la capa final de esta estructura. Una vez concluida una investigación, la OLAF recomienda que las instituciones de la UE y las autoridades nacionales interesadas tomen medidas, como iniciar investigaciones penales, recuperaciones financieras u otras medidas disciplinarias, y luego supervisa cómo se aplican estas recomendaciones”.

El eurodiputado Zdechovský nos aclara que el Parlamento Europeo ha solicitado que durante la próxima PAC los pequeños agricultores “tengan disponible un mecanismo de denuncia directo a la Comisión Europea. Todos los casos graves de presión, intimidación o malos tratos serán investigados automáticamente por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude o el Fiscal Europeo” saltándose a las autoridades locales.

Usar fondos de la UE contra las minorías

El español José Ángel Camisón Yagüe, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura y experto en la lucha contra la corrupción en la UE, cree que el problema con Hungría y Polonia va más allá del tráfico de influencias o la financiación de los partidos. En estos países “los fondos comunitarios y del resto de ingresos del Estado se instrumentalizan en políticas que atentan contra los derechos fundamentales, el Estado del Derecho, las minorías y la división de poderes, que, recordemos, son los valores fundamentales de la UE”.

Foto: Foto: Reuters

Por lo tanto “no se trata de que los fondos se condicionen a que un Estado o su Gobierno sea euroescéptico, algo que atentaría contra el pluralismo, si no a que el Estado y sus Instituciones actúen dentro del respeto a los Derechos fundamentales y la división de poderes, que son los ejes constitucionales básicos para impedir los abusos”.

Camisón cree que “ningún problema que afecte a un Estado de la UE es ya solo un problema interno”, puesto que “el proceso de integración europeo está tan avanzado que los problemas de un Estado tienen siempre incidencia sobre el resto”. Por eso espera de las futuras normas ‘antioligarcas’ —de las que advierte que necesitarán reformas muy complejas— que consigan de forma efectiva “que los fondos agrícolas y de cohesión no recalen en una pequeña minoría, sino que se distribuyan de forma más equitativa y justa”.

En todo caso, “existen normativas, el problema real es que las mismas no sean solo meros enunciados orientativos, sino que se cumplan efectivamente y que, en caso de incumplimientos, existan mecanismos efectivos de sanción”. Para ello ve necesario un paso más: “Redefinir el sistema de competencias en materia de lucha contra la corrupción de la UE. Pero eso es algo más complejo que, en última instancia, depende de la voluntad real de los Estados de establecer medidas reales y eficaces y de someterse a las mismas, como sucede con la futura Fiscalía Europea”.

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