Así están talando la selva los 'okupas' amazónicos mientras el mundo no mira

Demetrio Pacheco estaba en la cola del banco cuando recibió la peor llamada de su vida. El día anterior, su hijo Roberto Carlos había salido a vigilar su concesión forestal y ya no volvió a casa. "Papá, han encontrado a Carlos, pero muerto", le dijo por teléfono otro de sus hijos. Eran las doce y media del mediodía y Demetrio quedó tan conmocionado que siguió esperando su turno en la cola del banco. Ningún padre está preparado para recibir semejante noticia. Cuando logró reponerse, quiso dar parte a las autoridades de manera inmediata, pero la desidia de los policías locales alargó el proceso y, cuando por fin llegó al lugar de los hechos, eran las ocho de la noche y los mosquitos zancudos zumbaban en la oscuridad. Roberto Carlos estaba tirado en el suelo con tres impactos de bala. Uno en la parte superior del abdomen, otro en la zona lumbar y el último en la mandíbula. Ni siquiera habían tapado el cuerpo.

El asesinato fue perpetrado el pasado 11 de septiembre, a 500 metros del lugar donde trabajaba, en las profundidades de una región de Perú conocida como Madre de Dios, hábitat de innumerables comunidades indígenas y paraíso de la biodiversidad. Pero esta porción del Amazonas también alberga poblados mineros ilegales, trata de personas, rutas del narcotráfico y organizaciones dedicadas a la tala ilegal que están convirtiendo la exuberante selva peruana en desiertos de sangre y tierra quemada.

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Martín Ibarrola

El padre del ambientalista asesinado, Demetrio Pacheco, es el titular de 842 hectáreas de bosque ubicadas en la margen derecha del kilómetro 75 de la carretera Interoceánica, donde ha trabajado desde 1985. Él mismo relata que hace ocho años aparecieron en su propiedad dos grupos de "invasores". Se trata de colectivos que depredan bosques ajenos haciéndose pasar por agricultores y reclaman después derechos sobre el suelo deforestado. Una suerte de 'okupas amazónicos' que abren la puerta a todo tipo de actividades ilícitas, desde minería ilegal hasta incendios de áreas protegidas.

Okupas amazónicos

Un mes después del asesinato, la policía nacional capturó al presunto autor intelectual del crimen, Hilario Mamani, vicepresidente de la Asociación de Agricultores Ecológicos Los Hijos de Madre de Dios, uno de los dos grupos que había invadido la concesión forestal de la víctima. Al parecer, Hilario Mamani pagó 10.000 soles (unos 2.340 euros) a una banda de sicarios para que realizara el trabajo sucio. La policía también detuvo a otras dos personas implicadas y lanzó una orden de búsqueda y captura contra el autor material del crimen, un venezolano de 20 años que ya habría cruzado la frontera hacia Brasil.

A pesar de las pruebas recolectadas, el juez dejó en libertad a los tres detenidos, entre los que también había un policía retirado. Una "liberación descarada y vergonzosa", según Demetrio. Las siete denuncias que Demetrio presentó entre 2012 y 2019 contra los invasores ante la fiscalía especializada en materia ambiental (FEMA) habían sido ignoradas. Solamente en dos ocasiones logró que la policía detuviera a los individuos dentro de su concesión "en estado de flagrancia", es decir, con las manos en la masa. Y tampoco sirvió de mucho, pues liberaron a los sospechosos el mismo día.

Los encontronazos con hombres armados obligaron a la familia Pacheco a solicitar protección a la prefectura de Tambopata en 2017, aunque a esa altura de la carretera interoceánica la ley flaquea y escasean las garantías. Los invasores dejaron una bala de revólver en su campamento a modo de amenaza y el propio Hilario Mamani mantuvo una discusión filmada con el hijo de Demetrio. Pero Roberto Carlos nunca claudicó ante la intimidación.

"Carlos era risueño, ¡alegre!, y si alguna vez discutía en un rato se le pasaba. Ahora me queda un vacío enorme", lamenta Demetrio, quien rememora orgulloso cómo su hijo trepaba con cuerdas hasta las copas de los aguajales y los ungurahuis. "Hay personas irresponsables que acostumbran a tumbar estas palmeras y recolectan la cosecha desde el suelo. El fruto es muy cotizado y se utiliza sobre todo para elaborar helados y refrescos. Carlos defendía el manejo sostenible del bosque y criticaba esas prácticas arcaicas, que ni siquiera eran productivas. Daba charlas en las que enseñaba a cortar los racimos y aprovechar los frutos sin tener que talar la palmera. ¿Quién cosechará ahora el aguaje de mi casa?".

La propia Relatora de las Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, tildó la muerte de Roberto Carlos como una "terrible noticia". De acuerdo con Global Witness, 212 defensores del medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo durante 2019. Roberto Carlos Pacheco es el cuarto ambientalista muerto en Perú desde que se inició el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus. Aunque las naciones latinoamericanas establezcan acuerdos para proteger el medio ambiente —como el Pacto de Leticia— y fomenten políticas proteccionistas —como la inversión de 120 millones del Ministerio del Ambiente peruano para combatir la deforestación—, la verdadera defensa de la Amazonía siempre dependerá de estos pequeños agricultores que arriesgan sus vidas para hacer rentables los bosques sin destruirlos.

"Hay muchos casos como el nuestro". Alfredo Vracko, otro ambientalista de Madre de Dios. Él fue tiroteado en noviembre de 2015 y, pese a las pruebas y los testigos presenciales, el crimen sigue sin resolverse. "También han asesinado al sobrino de un concesionario y a un hombre llamado Fernández lo han descuartizado. Aprovechando la declaración de emergencia sanitaria, la deforestación se ha disparado por estos sectores. Recientemente atacaron a machetazos a unos hermanos y secuestraron a varios agricultores. Algunos familiares callan, porque están seriamente amenazados. Ese es el gran problema, callar es otorgar a que ellos continúen avanzando. Y las autoridades no hacen nada porque están podridas".

Sobornos de muebles y whisky

En septiembre una mujer retiró una denuncia "acompañada" por el mismo invasor al que había denunciado y otro hombre aseguró ante las cámaras de televisión que sufría amenazas de los mineros que habían invadido su concesión forestal. El denunciante, Salvador Puma Hurtado, no tuvo reparos en acusar al gobierno regional de "cómplice". Fuentes de las instituciones forestales explican que las mafias utilizan la violencia para dispersar a los ambientalistas, "si la autoridad está corrupta y la sociedad civil no permanece unida ya no queda nadie vigile las injusticias".

Han asesinado al sobrino de un concesionario y a un hombre llamado Fernández lo han descuartizado

El mismo día que asesinaron al hijo de Demetrio, el cuerpo de élite de la 'Diviac' (División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la policía peruana) realizó una detención clave para entender por qué no se registraban avances en los casos de "invasiones". Los agentes irrumpieron de madrugada en casa de Zoila Rodulfo y Nelly Ruth Colque, las fiscales acusadas de colaborar con una banda bautizada como los 'Hostiles de la Amazonía'. Esta organización criminal "blanqueaba" madera de procedencia ilegal y colaboraba con, al menos, siete policías, un trabajador de SUNAT, doce funcionarios de la Gerencia Regional de Flora y Fauna Silvestre de Madre de Dios.

Un voluminoso sumario de 600 páginas al que ha tenido acceso este periódico detalla cómo Rodulfo liberó un camión con madera incautada a cambio de que los 'Hostiles' le llevaran a su casa unos muebles por valor de 3.150 soles (754 euros). Colque prefirió que le compraran unas botellas de whisky para celebrar su cumpleaños. Tal y como adelantó este periódico, informes que todavía no han visto la luz indican que las dos fiscales también habrían falsificado de su puño y letra las actas de intervenciones contra mineros ilegales en al menos en tres ocasiones, narrando hechos distintos a los constatados por los agentes a fin de imputar a los sospechosos delitos en grado de tentativa o conseguirles una pena por debajo del mínimo legal. Incluso habrían llegado a excluir del acta a determinados intervenidos.

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El juez rechazó la prisión preventiva y permitió que ambas acusadas siguieran el proceso en libertad. No consideró que pudieran fugarse o destruir pruebas, y tampoco le pareció relevante el antecedente de la carpeta nº 2018-278-0, desaparecida misteriosamente de las instalaciones de la fiscalía. Fuentes solventes confirman que las dos detenidas se habrían enzarzado en una pelea dentro de los calabozos, algo que no sorprende a quienes las conocen. Nelly Colque y Zoila Rodulfo tienen perfiles muy diferentes, casi antagónicos. "Nelly mostraba cara de santita cuando en realidad era perversa. Siempre pasaba de víctima y lloraba y lloraba. Era bien manipuladora", describe una persona cercana a cambio del anonimato. "Zoila era conflictiva e insolente. Nunca tuvo los conocimientos necesarios para su cargo. Ni siquiera acudía a los cursos a los que iban sus compañeros. Sin duda, no tenía la maestría de una fiscal. Y siempre actuaba con mucha prepotencia".

Parece ser que poco después de ser liberada, Rodulfo se presentó en la fiscalía a grito de "¡yo soy la fiscal titular!", una ostentación de jerarquía que ya practicaba con sus asistentes; "¡obedéceme, que acá yo soy la fiscal!", les espetaba. Afortunadamente, la acusada no pudo entrar en su despacho, que para entonces ya estaba precintado. En su interior se encontraba una denuncia de deforestación contra seis integrantes de la 'Asociación de Agricultores Ecológicos los Hijos de Madre de Dios', cuyo vicepresidente es ahora el principal sospechoso del asesinato de Roberto Carlos Pacheco. La denuncia continuaba en una inamovible etapa de investigación preparatoria. Y no era la única carpeta acumulando polvo. Entre sus baldas encontraron la documentación que presentó Demetrio Pacheco en relación a Valle Dorado, una asociación de agricultores acusada de invadir diferentes concesiones forestales e "invitar" a mineros ilegales a cambio de "jugosas regalías".

Después de la muerte de Roberto Carlos Pacheco, la coordinadora nacional de la fiscalía ambiental, la doctora Flor de María Vega Zapata, prometió sacar las manzanas podridas de la región y liderar un cambio estructural que acabe con la corrupción. Porque las dos fiscales no eran, ni mucho menos, las únicas personas que obstaculizaban las investigaciones contra los invasores.

"En Perú el sistema laboral es bastante inestable y los funcionarios no permanecen mucho tiempo en sus cargos. En las tramas de corrupción hay muchas participaciones esporádicas, por eso conviene fijarse en aquellos que no se mueven del sitio o que vuelven una y otra vez. Las mafias buscan aliados en el Gobierno Regional, en la Gerencia Forestal, en la Policía Nacional y en la Fiscalía. Los que trabajamos aquí conocemos bien los vínculos entre unos y otros, pero es la Fiscalía quien debe investigarlos", explican fuentes gubernamentales. El caso concreto de los supuestos invasores de Valle Dorado sirve de ejemplo para entender la cantidad de irregularidades que pasan por alto las autoridades regionales.

Los nombres que se repiten

Entre los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, hay un nombre que aparece de manera reiterada. Se trata de Delma Domínguez, una ingeniera forestal de 29 años que trabaja en la oficina de Control y Supervisión Forestal, el mismo departamento que gestiona las denuncias de supuestas invasiones.

Demetrio la visitó este verano a fin de solicitar información sobre un procedimiento administrativo contra diez personas que habían sido identificadas dentro de su terreno. A pesar de que la ingeniera apuntó su número de teléfono y aseguró que revisaría el caso personalmente, Demetrio asegura no haber vuelto a recibir ninguna llamada. El currículum de la ingeniera indica que trabajó como asistente administrativa en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y omite que fue denunciada por un caso de malversación de fondos. La denuncia, como ocurre tantas veces en esta región, prescribió sin llegar a sentencia. En agosto de 2017, Delma Domínguez ingresó en la Dirección Regional Forestal de Flora y Fauna Silvestre como especialista en el área de catastro, un puesto especialmente sensible, dado que maneja información reservada sobre las concesiones.

Margarita Tumbajulca, presidenta de los presuntos de invasores de Valle Dorado, acudió a la misma oficina del catastro para solicitar las coordenadas de las tierras que querían expropiar y meses más tarde la ingeniera en cuestión firmó un informe favorable en el que obviaba los rastros de actividad minera y parcelaba las tierras solicitadas por Valle Dorado.

La misma joven fue denunciada a finales de 2018 por "abuso de autoridad e información falsa" al tramitar en menos de 24 horas un expediente que no cumplía los requisitos necesarios. Este periódico desconoce cuál es la resolución de dicha denuncia, pero la ingeniera abandonó poco después su puesto en el catastro y participó en la campaña de Marisol Yanqui, candidata al congreso por Alianza Para el Progreso (APP), el mismo partido del actual gobernador de Madre de Dios. Ambas mujeres posan sonrientes en el Facebook oficial de la candidata junto a miembros reconocibles de Valle Dorado. Algo nada sorprendente, dado que Marisol Yanqui es conocida entre los agricultores por haber elegido "el bando de los invasores", y prueba de ello es su participación en las reuniones que mantuvieron representantes de Valle Dorado con el Consejo Regional y a las que los "titulares invadidos" nunca fueron invitados.

Durante una de esas reuniones, el director de la Oficina de Saneamiento Físico Legal señaló que las fotografías de drones mostraban avances de la minería dentro del territorio de Valle Dorado, algo que nunca se mencionó en el informe previo de la ingeniera. Días más tarde, el entonces jefe del área de Control y Supervisión forestal, Gerson Sánchez (ahora acusado de colaborar con los "Hostiles de la Amazonía"), redactaría otro informe en el que confirmaría la presencia de "minería inactiva". La ingeniera Delma Domínguez, que también estaba presente en aquella reunión, tomó la palabra para cuestionar la legalidad de los titulares de las concesiones invalidadas. Fuentes solventes aseguran que al terminar el encuentro, la presidenta de Valle Dorado, visiblemente enfadada, habría lanzado una terrible advertencia en alto. "Nosotros hemos puesto al gobernador en ese cargo, y ahora debe cumplir, pues él ya sabe cómo desaparecemos personas". No queda registro de tal amenaza en el acta.

La sombra del gobernador

Asesorados por Demetrio Pacheco —que lleva años luchando contra estos abusos—, los campesinos "invadidos" elaboraron un informe en el que señalaban la falsedad de los títulos presentados por Valle Dorado. Demetrio contó personalmente las 41 "constancias de posesión" supuestamente otorgadas durante los años 2000 y 2003 y sumó un total de 178 hectáreas. Aquellos que llevaban allí toda la vida sabían que los invasores llegaron en 2010, por lo que solicitaron un análisis satelital del área y obtuvieron imágenes de los años previos a esa fecha: no se registraba ninguna pérdida de bosque. Cuesta imaginar a un grupo de agricultores que no trabaje ni una sola de sus 200 hectáreas.

Desgraciadamente, como en tantos otros casos de invasión, las pruebas quedaron archivadas y perfectamente plegadas en una balda del despacho de Zoila Rodulfo, la misma fiscal implicada en el caso de los Hostiles. Sin protección ni garantías de justicia, muchos campesinos acaban cediendo ante las amenazas de los invasores. Saben que si no lo hacen, podrían acabar igual que Roberto Carlos Pacheco.

A medida que aumentan los casos de invasiones en las regiones amazónicas, muchas voces critican la permisividad del gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura, un hombre de temperamento tranquilo y discurso progresista. La dueña de una concesión minera ya lo denunció en diciembre de 2019 por intentar legalizar el Centro Poblado Malinowsky, un grupo de mineros que habrían invadido la zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.

Los supuestos invasores redactaron una carta reivindicando sus 35 años de existencia y asegurando que en el Poblado de Malinowsky habitan "65 familias dedicadas a las labores agrícolas y comercio principalmente, ajenos a la minería aurífera". La misiva estaba firmada por Eduardo Salhuana, exministro de Justicia y abogado de la Federación Minera de Madre de Dios. Fuentes cercanas aseguran que el sobrino de este político es ahora el esposo de la hija del gobernador. Según datos del Ministerio Público, Hidalgo Okimura contaría con diversas denuncias por casos de corrupción a las que este periódico no ha podido tener acceso.

El gobernador de Madre De Dios no ha querido hacer ninguna declaración a este periódico, pero los antecedentes y las sospechas aumentan todavía más dentro de su círculo de confianza. Su asesor Palmer Pastor fue condenado a prisión en los años 90 por un caso de corrupción; el gerente General Adolfo Clement García fue acusado de "un delito de colusión simple" durante su gestión su regional de Lambayeque; y el Gerente Regional Forestal, Harry Pinchi del Águila (que precedió y sucedió a Richard Nishida, ahora acusado de colaborar con los Hostiles), estuvo involucrado en un caso por malversación de fondos en 2012. Las fuentes consultadas desconocen la resolución de este último proceso, pero confirman que Pinchi también fue imputado en un caso de corrupción que acabó sobreseído. Es algo que suele repetirse en los pasillos de las instituciones forestales: "Acá hacen caducar los procesos".