El laberinto hacia la presidencia de EEUU presagia una lucha feroz en los juzgados

La presidencia de Donald Trump ha sido un excelente curso de educación política para ciudadanos y reporteros. Su continua presión a las instituciones nos ha obligado a revisar constantemente la letra pequeña, a explorar los caminos en los que tal o cual agencia o protocolo parlamentario o cuerpo regulador actuaría en caso de A, B o C. Hemos aprendido de inmigración, de ingeniería fiscal y de conflictos de interés, pero nada parecido a la ola de problemas legales y legislativos, relacionados con el voto y su recuento, que en estos momentos se eleva ante nuestros ojos.

Los caminos que se abren desde aquí son numerosos. Puede que cuando lea este artículo, Joe Biden haya confirmado una sólida victoria que no deje lugar a demasiadas dudas, o que Donald Trump haya desafiado una vez más las apuestas, colocándose por encima con una de sus operaciones de vudú político. Pero lo más probable es que la cosa continúe más o menos embarrada, más o menos incierta.

Media docena de estados, entre ellos Wisconsin, Michigan y Pensilvania, han estado las últimas horas al filo de la navaja. Los votos republicanos, que suelen ser depositados en persona, dominaron durante la primera parte del recuento, pero luego vinieron los demócratas a caballo del voto por correo a teñir algunos estados de púrpura y luego de azul: por ejemplo, Wisconsin. Un escenario ideal para los bulos, la litigación y una lucha feroz en todos los frentes. Empezando por el frente judicial.

El mismo día de las elecciones, la campaña de Trump mandó un 'e-mail' a sus seguidores pidiendo dinero para contratar más abogados. Y no es que tuviera pocos. Los republicanos han amasado un ejército de 8.500 letrados para pelear los entresijos de las elecciones. Desde hace más de un año, según la agencia AP, los abogados estudian posibles casos, estrategias de litigación y maneras de prohibir o retrasar el recuento del voto por correo. Estos esfuerzos y su contestación demócrata, que trata de proteger los votos, han dejado un reguero de más de 300 demandas en 44 estados. Unas cifras que pronto se pueden quedar pequeñas.

La base de la narrativa de Trump

La amenaza del coronavirus ha hecho que las autoridades estatales, que son las que pueden cambiar las reglas y condiciones de la votación, facilitasen el voto por correo o por delegación: cuando una persona mayor o enferma, por ejemplo, le pide a un familiar que vaya a depositar su papeleta. Estos cambios han dado munición a los conservadores, que hablan de manipulación y triquiñuelas demócratas para cometer fraude. Esta es la base narrativa sobre la que se apoya Trump.

Los republicanos, por ejemplo, han puesto demandas en Pensilvania para tratar de que los votos que hayan llegado tarde (en parte, por los recientes recortes en el servicio de correos, implementados por la Administración Trump) no sean contados. Pero el Tribunal Supremo ha permitido que se cuenten los votos, en este estado, que lleguen antes del viernes. En Wisconsin, imperaron los abogados republicanos. Las papeletas que llegaron después de las ocho de la tarde del martes no han sido contadas. Ahora que Biden ganó el estado, Trump ha exigido un recuento. Su equipo también ha demandado para detener la contabilidad de los votos en Michigan.

Los partidos pueden litigar los recuentos a nivel local, y esas demandas, de no solucionarse, llegarían al alto tribunal de EEUU. Tal fue el caso de Bush contra Gore en Florida, en el año 2000, la referencia que los abogados de Trump y Biden tienen en mente. Donald Trump dijo la madrugada del miércoles que pediría al Supremo que parase “todo el voto”, algo que no puede hacer por las buenas. “No queremos que encuentren ninguna papeleta a las cuatro de la mañana y la añadan a la lista”, dijo Trump, propagando teorías conspirativas sobre el presunto fraude electoral.

El intrincado papel del Supremo

El republicano apelaba a un tribunal moldeado por él mismo. La tercera parte de los nueve jueces del Supremo fueron nombrados por el presidente, que ha logrado, debido en parte a las circunstancias y a la astucia política de su partido, consolidar una fuerte mayoría conservadora. Aun así, no es tan sencillo. Los jueces del Supremo no votan todo según su inclinación ideológica. De hecho, las decisiones unánimes son más habituales que esas luchas partidistas sobre la sanidad o el aborto. Y tienen la potestad de elegir qué casos atender y cuáles no.

Todo depende, también, de con cuántos delegados acaben los aspirantes. Cuando más cerca estén del empate, más reñida y complicada se presentará la lucha. Hace 20 años, cuando George Bush y Al Gore peleaban por Florida, la crisis política duró más de un mes: 35 días. Ahora, a la vista del recuento, el tamaño de la actual ventaja de Biden será decisivo. Tanto el demócrata como el republicano, además, van subidos a la mayor participación registrada en más de un siglo.

Si las cosas continúan apretándose, es posible que el Colegio Electoral juegue un delicado papel. Esta institución, concebida para aportar algo más de peso a los estados pequeños, consta de 538 delegados repartidos entre los 50 estados. Quien gane el voto popular dentro de un estado, aunque sea por una papeleta de diferencia, se lleva todos los delegados del mismo. Quien supere la mitad del total, 279, es elegido presidente. Pero todavía queda una ceremonia de por medio. Los delegados se reúnen el 14 de diciembre para formalizar su voto; luego, estos son enviados al Congreso, por parte del gobernador de cada estado, para ser confirmados el 6 de enero por ambas cámaras. El Congreso, así, nombra presidente.

Pero hay truco. A veces, quienes mandan los delegados al Congreso para formalizar la elección son los congresos de cada estado. Y, en ocasiones, el Congreso de un estado y su gobernaduría están en manos de distintos partidos. Tal es el caso, precisamente, de Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Carolina del Norte. Cabe la posibilidad, por tanto, de que el gobernador presente una selección de delegados y el congreso estatal otra diferente. A este raro fenómeno se le llama 'dueling electors'. Se supone que el Congreso federal podría elegir al grupo que más le conviniera.

Si la nueva Cámara de Representantes está en manos demócratas y el Senado en manos republicanas, como parece ser el caso, ambas elegirían selecciones diferentes. Y no está claro, según expertos consultados por la agencia Reuters, cuál de estas selecciones prevalecería ni por qué medios. Si al final se da un empate y no queda claro quién será el nuevo presidente, se activaría el artículo 12 de la Constitución: la Cámara de Representantes elegiría presidente y el Senado vicepresidente.

Quizá más importante que toda esta arquitectura técnica sea el magma de sensaciones a pie de calle. Donald Trump, de quien Estados Unidos, se supone, estaba fatigado, el líder al que iban a abandonar ancianos, mujeres suburbanas y otros colectivos, ha sumando al menos cinco millones de votos más que hace cuatro años. Su tirón ha contribuido a la participación histórica y puede permitir a los republicanos mantener el Senado. Trump sigue siendo el dueño del partido y el centro del amor y la lealtad de decenas de millones de votantes que ni se fían de los periódicos ni de la mayoría de instituciones. A la izquierda, la situación es simétrica: nada de lo que hagan Trump y los suyos es aceptable, y así es como la polarización en EEUU ha dado un paso más y ha dejado la primera potencia asomada a la negrura.

Los próximos días bajaremos, probablemente, a un intricado laberinto legal. Una serie de zarzas espinosas de la política que van a lacerar los partidos, a los candidatos y a sus seguidores. El alivio que suelen dejar unas elecciones presidenciales, este año, les ha sido arrebatado, y el destino final de este camino kafkiano todavía sigue siendo un misterio.