La jueza y la llave de América: por qué está en juego mucho más que la presidencia de EEUU

Cuando los demócratas acariciaban la reconquista de la Casa Blanca, con casi todas las encuestas a favor de Joe Biden a solo seis semanas de las presidenciales, un giro del destino ha empañado sus ilusiones. La muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg abre la puerta a una de las peores pesadillas del progresismo: la perspectiva de tener un Tribunal Supremo en el que seis jueces, dos tercios del total, sean conservadores. Y tres de ellos en la cincuentena: una garantía de que, al menos en la próxima década, los republicanos van a tener la voz cantante en los asuntos más sensibles del país. El aborto, la inmigración, el control de armas; incluso la propia presidencia de Estados Unidos.

Al contrario de lo que suele reflejar la cobertura periodística, centrada naturalmente en los casos judiciales más contenciosos, la mayoría de los nueve miembros del alto tribunal suelen ponerse de acuerdo. Según los datos de la corte, desde el año 2000 más de una tercera parte de las decisiones, el 36%, se tomaron de forma unánime. También abundan las mayorías de 8-1 o de 7-2; mientras que las decisiones más ajustadas que acaban en cinco votos contra cuatro representan menos de la quinta parte, un 19%.

El problema es que los casos más disputados son también los más importantes. Aquellos que, de una manera suave pero firme, sentencia a sentencia, dirigen el curso histórico de la sociedad estadounidense: cuestiones como el aborto, los derechos LGTBQ, el acceso a la sanidad más cara del planeta o los límites de la Segunda Enmienda, que permite comprar y portar armas.

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En muchas de estas sentencias el voto bisagra de los últimos años ha sido el del jefe del Supremo, el juez John Roberts, un conservador moderado que, en ocasiones, se ha puesto del lado de los progresistas. La inclinación de la corte a posiciones republicanas, con el nombramiento de dos jueces en un solo mandato de Trump y la posibilidad casi segura de un tercero, quitaría a Roberts su papel de bisagra, dejando un Tribunal Supremo claramente sesgado hacia la derecha.

Este no es un escenario vago que tenemos que imaginar; la realidad de una corte conservadora se materializará inmediatamente. Apenas una semana después de las elecciones presidenciales, el día 10 de noviembre, el tribunal escuchará los argumentos de una demanda de 20 estados republicanos, apoyada por el presidente Donald Trump, en contra de la Ley de Cuidado Asequible —más conocida como Obamacare—. El derecho de todo norteamericano a tener un seguro de salud que no se lleve por delante su casa y sus ahorros en caso de enfermedad o accidente.

Los demócratas temen que, si el tribunal vota a favor de la demanda, los pacientes con “condición preexistente” (aquellos con una enfermedad crónica que las aseguradoras solían rechazar o cobrar mucho más dinero) perderían la protección que les daba el actual sistema 'Obamacare'. Cerca de 20 millones de personas se quedarían sin seguro al quitarles los subsidios que les ayudan a pagarlo. Según distintos análisis de juristas en 'The New York Times', el caso no es especialmente sólido y no hay garantías de que la mayoría conservadora se alinee con las quejas republicanas.

El candidato demócrata, Joe Biden, ya ha abordado el tema de la sanidad para movilizar a sus votantes. Una estrategia que pareció funcionar en las legislativas de 2018, cuando los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes. “Que nadie se lleve a error”, dijo Biden durante un mitin, “la lucha para preservar las protecciones a las condiciones preexistentes estará en la papeleta (del voto)”.

Pueden decidir quién gana las elecciones

La sanidad solo sería el primero de los desafíos legales. También es posible que el veredicto del 3 de noviembre recaiga sobre los hombros del alto tribunal. En medio de la pandemia, desigualmente controlada en diferentes áreas del país norteamericano, se espera que el voto por correo sea masivo. Sin embargo, la mayoría de los estados no están equipados para realizar un recuento la noche de las elecciones. Trump lo sabe y lleva meses diciendo, sin ofrecer pruebas, que estas serán “las elecciones más corruptas de la historia”. Ambas campañas han contratado un ejército de abogados especializados en litigios electorales ante la posibilidad de un choque legal por el resultado.

De hecho, hay precedentes no tan lejanos. Hace 20 años, el Tribunal Supremo decidió 5-4 que no habría un nuevo recuento de votos en Florida por falta de garantías constitucionales, una decisión que —de hecho— otorgó la presidencia a George Bush frente al demócrata Al Gore por un puñado de votos. Pocos meses después, las decisiones que tomó el inquilino del despacho oval tras los atentados del 11 de septiembre transformaron para siempre no solo la sociedad estadounidense, sino a todo el planeta.

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La rabia demócrata por las prisas de Trump en sustituir a la jueza Ginsburg no solo está en su miedo a perder peso en estas decisiones de fondo que marcan la sociedad estadounidense. También se resienten por la actitud de los republicanos en otro año electoral, 2016, cuando su mayoría del Senado no quiso ni oír hablar de nombrar a un juez en una situación clamorosamente similar a la actual.

El magistrado conservador Antonin Scalia había muerto y Mitch McConnell, líder de la cámara, estimó inapropiado buscarle un sustituto (nominado por Barack Obama) cuando faltaban todavía nueve meses para los comicios. “Dado que estamos en medio de un proceso de elecciones presidenciales”, escribió McConnell en 'The Washington Post', “creemos que el pueblo americano debe de aprovechar la oportunidad para pensar en quién confiar para nominar a la próxima persona a un puesto vitalicio en el Tribunal Supremo”.

Ahora que no quedan nueve meses para las elecciones, sino un mes y medio, McConnell cree que el presidente actual ha de ejercer su derecho a nominar a una jueza y que bajo ningún concepto ha de quedarse el tribunal con un puesto vacío. La intención del republicano de confirmar a una nueva magistrada lo antes posible, expresada inmediatamente después de que se conociera la muerte de Ginsburg, ha sentado especialmente mal en las filas demócratas.

La triple venganza demócrata

Varios líderes progresistas, si ganan las elecciones de noviembre, dicen tener opciones para vengarse de los republicanos. Concretamente, tres: añadir dos puestos más al Tribunal Supremo, que naturalmente llenarían con jueces demócratas; terminar con la mayoría de 60 votos del Senado, de manera que puedan aprobar leyes más rápidamente; y hacer de Puerto Rico y Washington DC dos estados más, elevando el total a 52: dos estados de clara tendencia demócrata.

Ninguna de estas medidas sería constitucionalmente fácil, pero el hecho de barajarlas públicamente refleja la animosidad de la oposición. “Los furiosos demócratas planean la guerra total”, escribía Mike Allen en Axios. “Profundos cambios en dos ramas del Gobierno e incluso añadir estrellas a la bandera”. El propio Joe Biden se había mostrado en contra de ampliar el Tribunal Supremo, ya que podría tocar su aire sacro y transformarlo en un juguete más de los intereses partidistas. Pero eso era antes de que muriese la jueza Ginsburg.

Opinión

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Las posiciones de algunos senadores republicanos, sea por su talante independiente —como es el caso de Mitt Romney—, o por la fragilidad política de sus puestos —como le sucede a Lindsey Graham—, no estaban al principio del todo claras. Pero ambos han declarado, ya que apoyarán el proceso de confirmación. En el momento de escribir estas líneas solo quedan dos incógnitas: las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski. Pero los posibles baches parecen estar despejándose cada hora que pasa.

El presidente Donald Trump anunciará este sábado su nominada, que será mujer y posiblemente le aporte algunos réditos electorales. La jueza Barbara Lagoa, de 52 años e hija de exiliados cubanos, sería un guiño al estado que más delegados contiene: Florida. La otra opción más sonada es Amy Coney Barrett, una católica devota que ya había pasado los filtros de nominación como jueza del sistema federal.

Las campañas de Biden y Trump siguen ensayando el relato que adoptarán en las próximas semanas y que girará en gran parte sobre la nominación al Supremo. La última capa de conflicto que, por comparación, hará que las elecciones de hace cuatro años parezcan una tierna reunión de amigos.