La unanimidad secuestra las sanciones de la UE contra Bielorrusia

Normalmente a la UE le cuesta pasar de las palabras a los hechos. Pero en ningún otro asunto ocurre con tanta claridad como en exteriores. A finales de agosto los ministros de Asuntos Exteriores llegaron a un acuerdo político durante un encuentro informal para imponer sanciones sobre Bielorrusia. Casi un mes después, la reunión que se ha celebrado este lunes en Bruselas ha finalizado sin acuerdo.

El objetivo de estas sanciones son los responsables del fraude en las últimas elecciones, en las que el régimen de Lukashenko aseguró haber ganado con más del 80% de los votos, así como contra las personas que dirigen la represión contra los ciudadanos bielorrusos que protestan contra el régimen y contra los comicios amañados. La sesión de este lunes ha comenzado con un desayuno con Svetlana Tikhanovskaya, líder de la oposición, en el extranjero desde las pasadas elecciones.

"Consideramos que estas elecciones son falsas. No reconocemos el resultado y, por lo tanto, no reconocemos la legitimidad de Lukashenko", ha explicado Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, tras finalizar la reunión. El lenguaje es bastante claro por parte del bloque comunitario, algo que no siempre ocurre. “Todos los mensajes que la UE está enviando a Bielorrusia es muy claro”, ha opinado Arancha González Laya, ministra de Exteriores de España.

El problema es que las sanciones están ahora mismo bloqueadas. Hay un acuerdo político, se ha estado trabajando en la lista de posibles sancionados, entre los que se encuentra el propio Lukashenko, pero hay un Estado miembro, Chipre, que está bloqueando que se ejecuten. La razón es que Nicosia y Atenas quieren que la Unión Europea lance a su vez sanciones contra Turquía, que tensa las relaciones en el Mediterráneo oriental con sus exploraciones petrolíferas en aguas que Chipre considera propias.

Los ministros tenían pensado discutir sobre posibles acciones adicionales que aumenten la presión sobre Ankara o que allanen el camino hacia el diálogo. Por lo pronto Turquía ha rebajado la tensión al retirar el buque de exploración, pero la situación sigue siendo mala y Chipre no considera justo que se avance en las sanciones contra Minsk pero no se haga lo propio con Ankara.

Este es un problema político de alto voltaje que el Consejo Europeo tendrá que resolver

En cualquier caso los Veintisiete esperan que el asunto no se estire mucho más. González Laya considera que habrá una “discusión final” en un Consejo Europeo que se celebrará entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión el próximo jueves, que tiene como principal punto de la agenda los asuntos exteriores, en el que también se pondrá sobre la mesa posibles acciones contra Turquía. Es un asunto complicado: Ankara, socio de la OTAN, está abriéndose a una posible solución consensuada, y la aplicación de sanciones podría alejarle de la mesa de negociaciones, que es justo lo contrario a lo que desea la Unión.

"Este es un problema político de alto voltaje que el Consejo Europeo tendrá que resolver", ha señalado Borrell, que ha explicado que “no es un secreto para nadie que no tenemos unanimidad porque un país no ha participado", ha señalado Borrell en su rueda de prensa, en referencia Chipre. El español ha insistido en un mensaje que subraya cada vez que tiene la oportunidad de hablar desde que se le nominó Alto Representante: “Nuestra credibilidad está en juego”. En otras palabras: la unanimidad congela la política exterior de la Unión y pone en riesgo el papel de Europa en el tablero global. Es una imagen que se ha visto ya en otras ocasiones, una de las más claras cuando la Unión no fue capaz de lograr un reconocimiento conjunto a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

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Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, abordó este asunto durante el discurso del estado de la Unión del pasado miércoles. Las llamadas en la capital comunitaria a cambiar el sistema de voto de la unanimidad a la mayoría cualificada es continuo desde hace años, pero ningún Estado miembro quiere perder la palanca que le permite negociar otros asuntos, lo que complica que los Veintisiete se deshagan de esa norma.

Incluso si el Consejo Europeo logra un acuerdo sobre las sanciones contra Bielorrusia el asunto tendrá que ser adoptado formalmente por el próximo Consejo de Asuntos Exteriores, que se celebrará en Luxemburgo ya en octubre. Pero el acuerdo no será sencillo. Ni siquiera la reciente visita a Nicosia de Charles Michel, presidente del Consejo, ha servido para aplacar el “no” de Chipre a unas sanciones contra Bielorrusia sin que se tomen medidas contra Turquía.

El Gobierno chipriota insiste en que no se oponen a las sanciones contra Bielorrusia, de hecho están a favor de ellas. Pero lo que piden es que no se avance a distintas velocidades y que las medidas que se puedan tomar respecto a Turquía avancen en paralelo a las que se están diseñando contra el régimen de Lukashenko. Nicosia, pero también Atenas, considera que Alemania está siendo demasiado suave con el Gobierno turco, con el que la UE tiene un acuerdo migratorio que Ankara ya ha amenazado con romper en otras ocasiones, lo que provocaría una nueva crisis migratoria en el Egeo. Estas tensiones están haciendo que Chipre ponga bajo la lupa lo que a su parecer es un doble rasero europeo en materia de exteriores que beneficia enormemente a Recep Tayyip Erdogan.