España no sabe qué hacer con los 17 hijos de yihadistas españoles varados en Siria

“¿Cómo estáis? 'Inshallah' [si alá quiere] que estéis bien. ¿Cómo está mi abuela, mi abuelo, mi tía?”, el mensaje de voz se escucha entrecortado. El pequeño Abdurrahman manda un archivo de audio desde el campamento de detenidos del Dáesh, en Siria. La señal de telefonía es débil y los mensajes deben ser breves. Al otro lado del teléfono, en Madrid, su tía sonríe al escuchar el mensaje y comprobar que su sobrino de 12 años está más animado.

Así es la comunicación intermitente entre las esposas e hijos de los combatientes y sus familiares. Una comunicación entre un suburbio madrileño y el campamento sirio de Al Roj. En este paradigma de una distopía contemporánea permanecen recluidos 1.700 mujeres y niños extranjeros que antes habitaban los dominios del grupo terrorista Estado Islámico. Los centros de reclusión, en los que se han localizado a 3 mujeres y 17 niños españoles, están bajo el amparo de una autoridad no estatal, la milicia kurdosiria del YPG. Por ende, la región exime a los detenidos de cualquier derecho estipulado en los tratados internacionales, como visitas, educación o protección a la vida.

Abdurrahman es el hijo mayor de la yihadista madrileña Luna Fernández, quien resistió en el último bastión del autoproclamado Estado Islámico en Baguz hasta la caída del califato en febrero de 2019. Su marido, Mohamed El Amin, murió en los últimos combates entre Dáesh y la Coalición Internacional. Tras la rendición a las tropas enemigas, Fernández ingresó embarazada en uno de estos campamentos juntos a sus cuatro hijos y otros cuatro huérfanos que quedaron a su cargo. Los 10 languidecen ahora bajo la lona de una tienda de campaña, entre la inmundicia y la escasez, con la esperanza de algún día ser repatriados a España.

Opinión

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Abdurrahman*. Campamento Al Roj para familias de yihadistas (Siria)

¿Tienen derecho a volver?

Desde Madrid, las familias de las detenidas se han organizado para reclamar el regreso de las mujeres e hijos al territorio nacional. Para ello han enviado varios escritos, e incluso se han reunido con altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores. “No hemos recibido ningún tipo de contestación”, alega José Luis Laso, el abogado del padre de Yolanda Martínez, otra de las tres yihadistas españolas. Laso ha solicitado a la Audiencia Nacional la extradición de las mujeres, que están siendo investigadas en un procedimiento penal, para que el juez pueda tomarles declaración. “Pero nos dicen que no están en un país al que se pueda pedir la extradición”, dice Laso, en referencia al vacío legal que implica la región kurdosiria.

Países como Francia, Reino Unido, Bélgica o Alemania sí han repatriado a hijos de los yihadistas, hasta 63 menores europeos y dos mujeres adultas. En ocasiones, la operación ha atendido a resoluciones judiciales que señalaban el débil estado de salud de los más pequeños. El caso de Laura H., la alemana que fue escoltada hasta Fráncfort, estuvo influido por una sentencia previa, así como por la acción de un diplomático estadounidense.

Una vez de regreso a casa, los adultos pasarían a disposición judicial mientras que la custodia de los menores caería en los abuelos o en los servicios sociales. "Tenemos hasta la ropa de los niños comprada", insiste Luis Martínez, el padre de Yolanda. “Hasta hemos comprado la cuna del niño y todo”.

Un yihadista español, localizado en una cárcel

Las turbias celdas kurdas también encierran a hombres españoles que un día partieron al califato del Estado Islámico y cuyas familias todavía desconocen si están vivos o muertos. El padre del ceutí Zuhair Ahmed Ahmed encontró a finales de 2019 un vídeo en la red que revelaba la captura de su hijo. El joven había desaparecido en 2013, con apenas 22 años, después de tres años de flirteo con el islam radical. El archivo muestra a Zuhair postrado sobre el suelo con las piernas amputadas. “¿Por qué estás aquí?”, le pregunta el captor que graba con un teléfono. “Para prohibir el mal”, le contesta Zuhair. El padre observó aterrorizado la pantalla del ordenador al descubrir que su hijo había perdido las dos piernas en su periplo por el califato.

Después de acudir a las autoridades policiales, la familia se presentó este año en las oficinas de la Cruz Roja española. La institución es la organización que se encarga de restablecer los vínculos familiares con los prisioneros, de localizar a un pariente perdido y enviar misivas hasta las celdas en Siria. “Siempre estás en nuestra mente, Zuhair, y al verte [en el vídeo] quisimos ponernos en contacto contigo”, narra el texto acompañado de una fotografía de sus padres y los hijos de su hermano Mohamed. “Mis padres nunca perdieron la esperanza”, mantiene Mohamed, “y por eso lo buscaron siempre, hasta encontrarlo por casualidad”.

El hermano recuerda que Zuhair fue diagnosticado con un trastorno bipolar “con brotes como de esquizofrenia” y una disminución visual y auditiva que le confirió un grado de discapacidad del 67% según la valoración de los Servicios Sociales. Por eso insiste en la urgencia de repatriar a su hermano afectado por una mutilación y una grave discapacidad. “Le dio por la religión”, recuerda, “esa fue su propia medicina”. Hasta que partió a la yihad junto a Mohamed Abdeselam, Hamza Mohamed y Yunes Ahmed, hermano de la yihadista Asia Mohamed. Los otros integrantes de la célula ceutí, investigados por la Audiencia Nacional en 2015, murieron en misiones suicidas en el desalojo de la cárcel iraquí de Abu Ghraib en 2013.

17 menores españoles

“Save the Children pide a los países de origen que repatríen de una manera segura a los niños y a sus familias, en línea con sus obligaciones dispuestas en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas”, publica la organización en un comunicado, “su rehabilitación es esencial para la recuperación de estos niños y sus familias, un apoyo que no siempre está disponible en los campamentos”.

Las instituciones humanitarias hacen especial hincapié en la emergencia de sacar a los menores de estos siniestros focos de detención, en los que conviven cerca de 7.000 niños extranjeros. “A largo plazo creemos que esta situación creará un problema de retraso en el crecimiento, toda esa generación será más bajita y sufrirá una serie de problemas mentales”, dice Amjad Yamin, portavoz de Save the Children.

Pero el ambiente proclive al discurso radical en el que están creciendo, además de las carencias médicas, de educación y alimentarias, juegan en contra de la reintegración de los niños del califato y la definitiva resolución de este conflicto. Esta situación favorece la radicalización de toda una generación, algo que afectará a la seguridad internacional en el futuro. Francia ha sacado de ahí a 28 de los cerca de 200 niños prisioneros; Bélgica, a seis de los 69; Alemania, a siete de los 138; Reino Unido, a tres; Suecia, a siete de los 57. Mientras, de los 17 menores españoles, ninguno se ha movido, ni siquiera aquellos que presentan síntomas de una dolencia o enfermedad.