Españoles en la piscina y chinos encerrados: ¿dónde es más fácil detener una epidemia?

El retorno del Covid-19 a España vía enclave vacacional tinerfeño ha sido propicio para las comparaciones odiosas. Una de las más repetidas hace hincapié en cierta irresponsabilidad nacional basada en el relato de los confinados, que desvelaban cómo muchos habían decidido darse un baño en la piscina a pesar de las prohibiciones de abandonar la habitación.

Resumiendo: mientras millones de chinos esperan pacientemente en sus casas desde hace semanas a que se levante el toque de queda, nosotros no podemos estarnos quietecitos ni unas horas.

Una idea que se encuentra en sintonía con ciertos prejuicios culturales y políticos que han sobrevolado algunos razonamientos sobre la gestión de la crisis. Si un país con un mayor control de la población, unas estructuras de poder más verticales y con muchas menos libertades como China no ha sido capaz de detener la epidemia, ¿qué ocurrirá en Europa, con sus fronteras abiertas, libertad de movimiento y garantías democráticas?

En otras palabras, ¿hasta que punto es más eficiente un Estado totalitario? Con un punto de fascinación, algunos se preguntan: ¿qué otro Estado podría haber construido un hospital de 1.500 camas en apenas 10 días?

Los países autoritarios basan su legitimidad en sus mejores 'resultados' respecto de lo que permitiría un régimen democrático

La propia OMS ha recalcado durante los últimos días la importancia del sacrificio realizado por la población china. Bruce Alyward, jefe de la misión en el país oriental, se preguntaba “¿cuántos países tienen planes para disponer de camas de hospital, ventiladores, suministro de oxígeno y laboratorios?”, al mismo tiempo que recordaba que el resto de países “simplemente no está listo” para enfrentarse a una situación semejante.

“De un sistema autoritario cabe esperar una mayor eficiencia y, de hecho, es frecuente que estos sistemas basen su legitimidad en sus mejores 'resultados' con respecto de los que permitiría un régimen democrático”, explica Gracia Abad Quintanal, profesora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nebrija y especialista en la República Popular China. “Sin embargo, la falta de transparencia que también caracteriza al sistema chino ha hecho que no fuera así, pues inicialmente, lejos de tomar medidas para frenar el avance de la enfermedad, se dieron pasos para ocultar su existencia o, cuando menos, la gravedad que el episodio podía alcanzar”.

Para la experta en Relaciones Internacionales, la manera de tratar la situación, especialmente en sus primeros momentos, “lejos de servir para mostrar una hábil gestión que reforzara esa legitimidad basada en los resultados, da pie para poner en tela de juicio la supuesta eficiencia de la gestión del Gobierno chino, socavando con ello su principal fuente de legitimidad”.

Pandemias y dictaduras

“Hay bastante conocimiento acumulado sobre el tema de las enfermedades infecciosas y el uso de medidas coercitivas”, añade Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) y catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. “Por lo general, el criterio que hay que aplicar es el de la proporcionalidad, ya que las medidas percibidas como excesivamente coercitivas suelen provocar consecuencias negativas”.

Cuando las medidas no se entienden, la población comienza a pensar que no tienen objetivos sanitarios y aumentan las conductas peligrosas

Como explica el antiguo director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, es más fácil ver a una italiana quejándose de que no puede recibir su tratamiento que a un ciudadano chino, lo cual no quiere decir que no ocurra, sino tan solo que no se ve. En otras palabras, es más difícil, debido al control de la prensa, conocer esas consecuencias indeseadas: “Si surge la desconfianza hacia las autoridades públicas y sanitarias o la población no entiende las medidas, comienza a pensar que tienen otros objetivos diferentes”.

Es un escenario más peligroso, ya que, como añade Hernández, suele conducir a que aumenten las conductas que dificulten el control de la enfermedad. Lo muestran algunos de los vídeos que han circulado en los últimos días, en los que se ve a ciudadanos chinos intentando sortear los bloqueos, incluso poniendo en riesgo su vida o la de los demás. Algo que no ocurriría de la misma manera en países donde la información y la confianza en las autoridades es mayor.

“El principio que guía la sanidad pública es el respeto a los derechos humanos, por lo que cualquier restricción de la libertad personal debe estar muy justificada, proporcionada y debe haber pruebas de que funcione”, añade.

Un buen ejemplo es lo ocurrido en Liberia en 2014, cuando en plena crisis del ébola se decidió decretar la cuarentena sanitaria en el barrio de West Point en Monrovia, donde vivían 75.000 personas. La decisión desencadenó protestas y enfrentamientos que no solo sumieron el vecindario en el caos, sino que también provocaron un descontrol indeseado e intentos de fuga.

Los enfermos intentan pasar desapercibidos cuando son perseguidos, lo que resulta mucho más peligroso

Hernández, que ha trabajado con pacientes de enfermedades de transmisión sexual, recuerda que cuando los enfermos son perseguidos no desaparecen, tan solo se sumergen. Es decir, intentan pasar desapercibidos para las autoridades sanitarias, lo cual resulta mucho más peligroso.

Lo cual no quita para que cada país pueda establecer sus propios dispositivos de control de la población. En España, la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública de 1986 o la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio de 1981 establecen procesos para imponer restricciones, previo control parlamentario y judicial. “Pero solo se aplica en situaciones tremendamente excepcionales”. Lo más probable es que ninguno de nosotros lo veamos jamás.

En el ámbito europeo, los países miembros de la zona Schengen pueden decidir de forma unilateral la reintroducción de los controles fronterizos. Una de las principales preocupaciones, por lo tanto, se encuentra en la posibilidad de que algunos países como Austria lleven a cabo dicha medida, cuya utilidad la Comisión Europea pone en duda, como ya ocurriese en 2015.

Las lecciones del SARS

La epidemia del síndrome respiratorio agudo grave (SARS) no solo dejó alrededor de 744 muertos, sino también nuevas pautas de comportamiento para garantizar la “homogeneidad, multisectorialidad y compatibilidad de las acciones globales”, como reflejaba la revisión de 2005 del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). En otras palabras, todos los países pertenecientes a la OMS (casi todos) deben respetar los mismos principios.

Ningún país puede establecer medidas sanitarias adicionales a las estipuladas por la OMS cuya utilidad no esté demostrada científicamente

“Uno de los propósitos del Reglamento Sanitario Internacional es que no se apliquen normas que vayan en detrimento del beneficio mutuo o del interés general de la comunidad internacional, ya que imponer indiscriminadamente medidas coercitivas o restrictivas crea situaciones que pueden no ser buenas, tanto ahora como en el futuro”, explica Hernández. “Por ejemplo, imponer por motivos de salud cualquier restricción de movimiento de personas o de mercancías puede derivar en que se utilice como pretexto en otras situaciones”.

De ahí que la OMS haya insistido en que aún no hay motivos para restringir el libre tráfico. Un artículo publicado en 'The Lancet' a mediados de febrero pedía expresamente que no se violasen las regulaciones del RSI durante la epidemia de Covid-19. El texto citaba el artículo 43, según el cual ningún país puede establecer medidas de salud adicionales a las estipuladas por la OMS, y que cualquier adición debe estar basada en principios y evidencias científicas o en las recomendaciones de la organización.

El texto no se refería tanto a regímenes totalitarios como a las restricciones de movimiento impuestas por algunos países, que “causan más mal que bien”. Como recordaban los autores, estas medidas son perjudiciales, ya que “impiden que las provisiones lleguen a las zonas afectadas, ralentizan la respuesta internacional, estigmatizan poblaciones enteras y dañan desproporcionadamente a los más vulnerables”. No solo eso, sino que provocan un último efecto contagio: cuando un país decide no seguir la legislación internacional, otros tienden a hacer lo mismo.

El premio Nobel de Economía Amartya Sen explicó en 'Pobreza y hambruna' cómo la mayoría de las grandes hambrunas del siglo XX habían tenido lugar en contextos autoritarios. “Nunca ha habido una hambruna grave en un país democrático, ni pobre ni rico”, explicaba en 1999. “Entre otras cosas, es difícil ganar elecciones después de una hambruna. Y los gobiernos de los países democráticos no son inmunes a las críticas y censuras que les pueden dedicar los medios de comunicación y el Parlamento si la población empieza a morir de hambre”.

La mortalidad del Covid-19 depende de la disponibilidad de recursos sanitarios, como muestra la diferencia entre Wuhan y Hubei

Por eso las hambrunas habían sido frecuentes en regímenes de partido único (“la URSS en los treinta, China en 1958-1961, Camboya en los setenta o Corea del Norte”), dictaduras militares (“Etiopía, Somalia o Sudán en años recientes”) pero también en países gobernados por potencias coloniales o extranjeras, como India o Irlanda cuando pertenecían a Reino Unido.

El pasado miércoles, un artículo publicado también en 'The Lancet' recordaba que la mortalidad por el Covid-19 en relación con su incidencia depende, sobre todo, de la disponibilidad de recursos sanitarios, como mostraban la diferencias entre Wuhan (mortalidad de más del 3%) y Hubei (media de 2,9%). No la fuerza ejercida para retener a los ciudadanos en su casa, sino la capacidad de movilizar recursos con rapidez, trasladar efectivos médicos y proteger la salud de los profesionales. Ahí está el éxito chino.