La 'lista negra' de la ONU: identifican 112 empresas que operan en suelo palestino

"Soy consciente de que este tema ha sido y seguirá siendo muy polémico": la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), Michele Bachelet, lo tiene claro, pero después de lo que ha definido como un "proceso de revisión extenso y meticuloso", la ONU se siente satisfecha de que su último informe "refleje la seria consideración dada a este mandato altamente complejo y sin precedentes, y que responda de manera apropiada a la solicitud del Consejo de Derechos Humanos contenida en la resolución 31/36". Bachelet hace referencia así a la resolución, aprobada en marzo de 2016, sobre asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados. Con estas palabras, la alta comisionada ha hecho público un nuevo informe en el que identifica un total de 112 empresas, de Israel y otros países, que han estado implicadas de algún modo en la construcción o mantenimiento de asentamientos israelíes, prohibidos por la ley internacional.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya había identificado en 2018 un total de 206 compañías que habían colaborado en estas tareas y susceptibles de una evaluación adicional. Las 112 compañías identificadas tienen su sede, principalmente, en Israel, aunque 18 están basadas en otros seis países, entre ellos cuatro europeos. Este nuevo informe, que se ha hecho público este miércoles, deja claro que su objetivo no es "ni pretende ser" un proceso judicial. "Si bien los asentamientos se consideran ilegales por el Derecho internacional, este informe no proporciona una caracterización legal de las actividades en cuestión, ni de la participación de las empresas comerciales en ella", reza el comunicado del ACNUDH.

Las compañías están clasificadas en tres categorías: por un lado, las que están implicadas, es decir, que tienen vínculos claros y directos con algunas de las actividades recogidas en la resolución; las implicadas como compañía matriz, es decir, que posee una participación mayoritaria en alguna subsidiaria —en este informe no se considera compañía directamente implicada— y, por último, las empresas que otorgan una franquicia o una licencia relevante a un franquiciado o licenciatario que realiza alguna actividad listada en territorio palestino ocupado. En cualquier caso, todas ellas operan una serie de actividades que o bien "están directamente ligadas a los asentamientos ocupados" o "forman parte del proceso de permitir y apoyar el establecimiento, expansión o mantenimiento de comunidades residenciales israelíes".

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A pesar de que los asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados son ilegales en virtud del Derecho internacional, el Estado hebreo no ha dado ninguna muestra de frenar su expansión, que quedaría avalada en el 'acuerdo de paz' propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que implicaría la creación de un Estado palestino con soberanía limitada y con capital en parte de Jerusalén este. Hace solo unos meses, el propio Trump anunció que su país dejaba de considerar que los asentamientos en Cisjordania violaban la ley internacional.

Palestina celebra, Israel acusa

Al conocer el informe, los palestinos no han dudado en celebrar lo que consideran una victoria para el Derecho internacional, mientras que el Gobierno israelí ha acusado a la ONU de haber tomado una decisión que representa "la máxima rendición a la presión ejercida por países y organizaciones interesados en dañar a Israel". En un comunicado, el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, ha criticado a la agencia por publicar esta información "sabiendo que la mayoría de los países del mundo se niegan a unirse a esta campaña de presión política", y ha acusado al Comisionado que ahora dirige Michele Bachelet de "seguir persiguiendo una postura anti-Israel" que se ha convertido en una "mancha" en el expediente de la oficina de la ONU "y de los Derechos Humanos en sí".

"Con este informe, el Alto Comisionado se ha convertido en socio y herramienta del movimiento de boicot, a pesar de que la 'lista negra' no tiene ninguna implicación tangible", ha señalado el jefe de la diplomacia israelí. Katz ha cargado contra el Consejo de Derechos Humanos, al que ha categorizado como un conjunto de "países que no conocen el significado de los Derechos Humanos" y lo ha criticado por "no haber dado un solo paso significativo hacia la preservación de los Derechos Humanos", acusándolo, además, de servir "para proteger a algunos de los regímenes más discriminatorios del mundo". "El Estado de Israel no tolerará esta política discriminatoria antiisraelí y tomará medidas para evitar la implementación de este tipo de decisiones", ha apuntado.

Hace algo más de un año, Israel acusaba a la Unión Europea de financiar el boicot contra sus empresas, al haber entregado más de cinco millones de euros (procedentes de diferentes instituciones europeas) a diez organizaciones que promueven la campaña de Boicot, Sanciones y Desinversión (BSD); hace algo menos, solo unos meses atrás, el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) dictaminó que los alimentos que proceden de territorios ocupados por Israel deben indicarlo en su etiquetado, en lugar de denominar a sus exportaciones como 'Producto de Israel', como solicitaba el país.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya ha adelantado que luchará contra esta 'lista negra' "con todas las fuerzas", que obtendrá "reconocimiento de la soberanía de Israel sobre estas comunidades" y que, por tanto, "cancelarán su efecto". El presidente, Reuven Rivlin, se ha manifestado en la misma línea: "Aunque no promovemos negocios privados desde esta casa, cuando los negocios israelíes estén bajo la amenaza del boicot los apoyaremos".

La pelea de Amnistía y las turísticas

Durante el último año, Amnistía Internacional realizó varias protestas contra diferentes empresas turísticas instaladas en los territorios, a las que señalaban de estar "beneficiándose de crímenes de guerra". "Las empresas digitales están revolucionando la manera en la que el mundo hace turismo. Empresas como Airbnb, Booking.com, Expedia o TripAdvisor, que dominan la industria mundial del multimillonario turismo 'online', han tenido un gran éxito. Pero también todas ellas tienen numerosos hoteles, atracciones o recorridos en los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados. Lo hacen a pesar de que los asentamientos son ilegales y un crimen de guerra", así empezaban 'Destino: ocupación', uno de sus informes críticos con el sector. A propósito del nuevo informe publicado por la ONU, la ONG ha celebrado su resultado y ha señalado que setrata de una "victoria que promueve una conducta empresarial responsable en una región sumida en graves abusos e impunidad".

Hace dos años, Airbnb aseguraba que, siendo consciente de las visiones enfrentadas sobre la cuestión palestino-israelí, la legislación estadounidense le permitía participar en negocios en estos territorios, y que a pesar de ello había decidido "eliminar de sus listas las viviendas en asentamientos israelíes en Cisjordania, en el centro de la disputa entre palestinos e israelíes". Esta decisión le valió duras críticas por parte del Estado israelí, que acusó a la compañía estadounidense de racista. En la actualidad, con hacer una búsqueda rápida en su plataforma, existen más de 300 alojamientos disponibles en territorios palestinos. Airbnb y las otras cuatro compañías turísticas mencionadas por Amnistía también se encuentran en la 'lista negra' de la ONU.