la mayor base de datos del mundo

Cómo un sistema para encontrar niños perdidos convirtió India en el Gran Hermano

El uso de nuevas tecnologías compromete los datos de los ciudadanos mientras los sistemas de vigilancia masivos ayudan a las políticas de segregación social del nacionalismo hindú

Foto: Un dron de vigilancia sobrevuela una protesta de musulmanes indios contra la ley de ciudadanía. (EFE)
Un dron de vigilancia sobrevuela una protesta de musulmanes indios contra la ley de ciudadanía. (EFE)

En diciembre, la policía de Delhi usó sistemas de reconocimiento facial para identificar a manifestantes de las multitudinarias protestas callejeras contra el gobierno. Un uso con fines políticos muy distinto para el que originalmente India adquirió sus sistemas de Reconocimiento Facial Automático (AFRS), y que suscita preocupación en torno a la vigilancia masiva de la población mientras la agitación social inunda el país. La utilización política de esta tecnología y su potencial conexión con bases de datos de pasaportes, huellas y otros registros hacen peligrar los derechos civiles de la mayor democracia del mundo, en un momento en el que el gobierno nacionalista hindú hace depender la concesión de ciudadanía con su identidad religiosa.

El AFRS fue adquirido por las autoridades para supuestos fines sociales como, por ejemplo, ayudar a la búsqueda de los 300.000 niños desaparecidos en India. Así, el gobierno de Narendra Modi anunció en octubre la creación de una base de datos centralizada -la más grande del mundo- para mejorar los deficitarios recursos en seguridad del país; donde solo hay un policía por cada 724 habitantes (en España es de uno por cada 361). Pero no ha tardado en utilizarse en manifestaciones de carácter político.

La protesta donde se utilizó el reconocimiento facial para controlar a los manifestantes formaba parte de las multitudinarias movilizaciones contra la nueva Ley de Ciudadanía, que facilita la regularización de personas sin papeles siempre que no sean musulmanas. La medida ha unido a indios de todas las religiones, castas y clases en una reacción popular en defensa del espíritu secular de India y en contra del Primer Ministro Narendra Modi; por primera vez desde que su partido, el conservador y nacionalista hindú BJP, llegó al gobierno hace cinco años.

Esta ley discrimina a musulmanes refugiados en India, no a los cerca de 200 millones de indios musulmanes. Pero las protestas también claman contra el futuro registro nacional de ciudadanía (NRC) que el gobierno planea ejecutar a nivel nacional y que decidirá quien es ciudadano indio; obligando a acreditar su residencia durante al menos varias generaciones. En agosto, el programa piloto del NRC rechazó solicitudes de casi dos millones de personas en la región de Assam, ahora pendientes de expulsión. A nivel nacional, el NRC, tendría el mismo efecto para millones de indios musulmanes que no tienen certificados de propiedad ni escolares -el 90% de ellos son pobres y el 74% analfabetos- y que entonces tampoco podrían pedir asilo, gracias a la nueva ley de ciudadanía.

Protestas en Assam, India, contra la ley de ciudadanía este diciembre. (Reuters)
Protestas en Assam, India, contra la ley de ciudadanía este diciembre. (Reuters)


Una sociedad distópica

En este contexto sociopolítico, los sistemas de reconocimiento facial serán vitales para que el gobierno indio supervise la concesión de nacionalidad y residencia, una vez se combinen con las existentes bases de datos de información ciudadana. Activistas llevan años demandado la creación de un sistema legal que blinde la defensa de estos datos que evite su abuso gubernamental o privado. Pero la ley de Protección de Datos Personales que se está tramitando en el parlamento indio ofrece más sombras que luces después de que cientos de filtraciones hayan socavado ya el derecho a la privacidad de los ciudadanos del país.

Aprobado por el gabinete a finales del año pasado, el borrador de la ley de Protección de Datos Personales ha sido duramente criticado por el abogado que lideró la comisión que elaboró su primer boceto -modificado en agosto. "Han eliminado las garantías [de la ley]. El gobierno puede acceder a los datos privados o a la información de agencias gubernamentales bajo la excusa de la soberanía o el orden público. Esto tiene unas implicaciones peligrosas", explicó B. N. Srikrishna en una entrevista con el medio local 'Economic Times'. El actual borrador rebaja las normas sobre la localización de los datos y elimina garantías de defensa de estos en determinados supuestos; como seguridad nacional, orden público o relaciones cordiales con otros países.

El gobierno puede acceder a los datos privados o a la información de agencias gubernamentales bajo la excusa de la soberanía o el orden público.

"La autoridad encargada de la protección de datos debería ser independiente, como el comité sugirió. Ahora el gobierno puede desautorizarla en cualquier momento", sostiene Gopal Krishna, presidente del Foro Ciudadano por las Libertades Civiles (CFCL). Krishna no solo piensa que la actual norma pone a los zorros a vigilar el gallinero, sino que llega demasiado tarde: "Gran parte de la privacidad ciudadana se ha visto ya comprometida por el sistema Aadhaar".

Inicialmente, el programa Aadhaar de recolección y almacenamiento datos físicos y biométricos fue ideado –como los sistemas de reconocimiento facial- con el objetivo social de facilitar el acceso a servicios públicos, así como para reducir la duplicidad y corrupción de estos subsidios; al estilo de los sistemas de seguridad social europeos. Pero el número de identificación Aadhaar, único para cada ciudadano, también se usa para servicios privados como obtención de tarjetas móviles, contratación de Uber, alquiler de viviendas Airbnb o compras por Amazon. Hasta el punto de que empresas privadas exigen tarjeta Aadhaar, donde figuran datos de residencia -entre otros- para que los clientes puedan contratar sus servicios, pese a ser contrario a la ley.

Precisamente, este programa -y las negligencias en su uso- dieron lugar a la histórica sentencia del Tribunal Supremo indio en 2017 que ratificó la privacidad como derecho fundamental; obligando al gobierno a elaborar la criticada ley de protección de datos.

"Hasta el gobierno ha violado repetidamente la ley", clama Reetika Khera, coautora del libro 'Dissent on Aadhaar: Big Data meets Big Brother', quien confirma la muerte de 40 personas por problemas vinculados a este sistema. Según medios locales, varios estados indios unieron centenares de millones de números Aadhaar a sus tarjetas de votantes, sin consentimiento y exponiendo su privacidad. Hasta 2019, se publicaron cerca de 300 casos de filtraciones, duplicaciones y alteraciones de estas bases de datos. Como el caso de Airtel, que devolvió más de 27 millones de dólares destinados a subsidios para beneficiarios cuyas cuentas bancarias habían sido conectadas a las cuentas de pago como clientes de la compañía a través de sus números Aadhaar.

"Si una 'start-up' accede a la información de millones y la pone en una base de datos, esta se puede vender y poner a disponibilidad de cualquier compañía fuera del ecosistema Aadhaar", explica el desarrollador de sistemas Srikanth Lakshmanan. Además, recuerda, la nueva ley de protección de datos no protegería los casos de información ya filtrada o vendida. “El principio básico de que la protección de datos se usa para proteger a la gente se ha perdido”, resume la abogada Usha Ramanathan. Galardonada en 2018 con el premio 'Human Rights Hero' por su litigio contra esta red biométrica, Ramanathan alerta del "tratamiento de datos como si fuesen mercancía" aunque nos venden "el empoderamiento de compartir datos".

Las nuevas tecnologías para la identificación personal generan dos problemas en India. Por un lado, los datos personales de ciudadanos están desprotegidos frente a los riesgos de su uso comercial privado dentro y fuera de India, como ocurre el caso de Aadhaar. Peor aún, la combinación de estos nuevos sistemas -sin garantías legales que protejan los datos de sus poseedores- son un instrumento infalible para la detección, identificación y vigilancia de aquellos ciudadanos que se encuentren bajo radar del estado por sus actividades políticas o creencias en un país cada vez más marcado por la división religiosa.

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